Organizaciones sociales piden a Ortega anular asilo de Funes

Unas 14 organizaciones agrupadas en DECIDE, aclaran al Gobierno nicaragüense que Funes no es perseguido político

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28 June 2018

El Movimiento de Defensa Ciudadana de la Democracia (DECIDE) solicitó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, interponer sus buenos oficios ante las autoridades pertinentes y los canales oficiales para que se le anule el asilo político al expresidente Mauricio Funes Cartagena.

El vecino país otorgó por un mecanismo expedito (exprés) el asilo político a Funes el seis de septiembre de 2016.

DECIDE, que aglutina unas 14 organizaciones sociales salvadoreñas dejan claro en un escrito que envían al presidente Ortega, que Funes es procesado en El Salvador por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y activos, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias.

Los firmantes de la petición justifican su solicitud al gobierno nicaragüense que los delitos que se atribuyen al expresidente Funes y por los cuales los tribunales abrieron un expediente contra él y varios de sus familiares y exfuncionarios, son comunes. “Por los que no es posible otorgar asilo a una persona que está siendo procesada en su país de origen según las leyes y los procedimientos respectivos”.

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Las organizaciones que firman la petición enviada al presidente Ortega son: Aliados por la Democracia, Despertemos, Círculo Académico Salvadoreño, Águila por La Libertad, Las Cosas por su Nombre, Actúa por tu país, , Mire, Frente Femenino Salvadoreño, Cruzada Pro Paz y Trabajo, Por una nueva República, Concertación Democrática Nacional, Somos el Hoy y el Futuro, Juvesal e Ilid.

“El asilo político no está diseñado para encubrir a personas procesadas o imputadas en delitos penales, ya que este tipo de personas no tienen el carácter de perseguidos políticos sino de presunto autor y responsable del cometimiento de ilícitos”, reza el comunicado.

Por el contrario, sostiene que el asilo político es un derecho internacional basado en razones humanitarias que puede disfrutar cualquier persona fuera del país en caso de persecución política.

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Ese derecho, amparado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede ser invocado contra un proceso judicial realmente originada por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.