Para los políticos, la mayoría de comunidades fronterizas solo representan votos, apoyos para sus aspiraciones políticas, sobre todo para llegar a sentarse en las sillas edilicias; para el crimen, son zonas donde se puede hacer dinero traficando cualquier cosa con la que se pueda obtener jugosas ganancias. Al Estado parece interesarle poco su presencia en los municipios fronterizos. Para las redes de contrabandistas y narcotráfico, es mejor así.
El Salvador tiene más de 50 municipios que colindan con Honduras y Guatemala. En la mayoría de esos municipios no hay barreras naturales que sirvan como línea divisoria; tan solo en algunos, el río Paz y el Goascorán marcan de forma clara la división territorial y constituyen en algunos tramos, obstáculos para pasar de un país a otro.
En noviembre de 2010, el entonces presidente Mauricio Funes decidió blindar las fronteras, para combatir el contrabando y evitar la migración de pandilleros. En ese afán, la Fuerza Armada de El Salvador conformó el Comando Sumpul y posicionó a cientos de soldados en 64 pasos fronterizos que, hasta entonces, eran pasos sin ningún control, o mejor conocidos como pasos ciegos.
Desde esas posiciones, los militares tendrían la misión de patrullar para montar vigilancia en otros pasos ciegos y, de esa manera, blindar las fronteras salvadoreñas.
Pero eso no duró mucho. En algunos lugares, como en el puente Integración, que conecta los municipios de Victoria, en El Salvador, y Mapulaca, en Honduras, hay un puesto de Aduanas y uno de Migración custodiados por una decena de soldados que ya no tienen la capacidad de patrullar por otros lugares a la orilla del río Lempa, que marca la frontera.
De acuerdo con fuentes militares, el Comando Sumpul fue diezmado desde hace aproximadamente cinco años. La cantidad de militares en posiciones fronterizas fueron reducidas poco a poco para formar otras unidades de apoyo a la seguridad pública.
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El blindaje de las fronteras se ablandó de tal manera que en los últimos años, grupos de pandilleros se han refugiado en los confines de algunos municipios como San Francisco Menéndez, Victoria, Concepción de Oriente, Pasaquina y otros más.
Pareciera que el Gobierno central no tiene interés de marcar su presencia en comunidades fronterizas; su presencia parece ser simbólica e incapaz de cerrar las fronteras al contrabando de drogas, armas, mercancías y el tráfico de personas.
Con los gobiernos municipales pasa algo similiar. Solo algunos tienen algún nivel de comunicación y colaboración con el alcalde.
Un equipo de El Diario de Hoy recorrió varios de esos municipios para indagar cuáles son los planes de gobierno que los candidatos a alcaldes tienen para sus municipios y cuáles son las condiciones de seguridad en que viven esos municipios y los problemas de delincuencia que más los aquejan.
San Francisco Menéndez, Candelaria de la Frontera, Metapán, Victoria, Carolina, Concepción de Oriente y Pasaquina fueron los municipios donde se entrevistó a algunos candidatos.
Cuatro de esos municipios (San Francisco Menéndez, Candelaria de la Frontera, Metapán y Pasaquina) son rutas importantes para el comercio internacional y eso también los ha convertido en centros de operaciones para el tráfico de drogas, de personas y de toda clase de mercancías.
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Alcaldes de Pasaquina, Metapán y San Francisco Menéndez han sido vinculados a procesos judiciales por narcotráfico, tráfico de personas y lavado de dinero. Incluso, en esos municipios ha habido varios hechos de sangre vinculados a los ediles o a sus familias.
Dos de los casos que resultan más emblemáticos son los de Juan Umaña Samayoa y el de José Carlos Ramírez Umanzor, quienes en el 2015 resultaron electos alcaldes de Pasaquina, departamento de La Unión, limítrofe con Honduras, y de Metapán, en Santa Ana, fronterizo con Guatemala. El primero era del Partido Concertación Nacional, PCN, y el último de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA.
Umaña Samayoa ha sido declarado prófugo por la justicia salvadoreña por el delito de lavado de dinero a través de varias de sus empresas con las cuales habría blanqueado unos 15 millones de dólares, según las investigaciones de la Fiscalía.
En tanto que Ramírez Umanzor se encuentra en prisión preventiva mientras la Fiscalía fundamenta una investigación en su contra por los delitos relacionados al tráfico de droga y al contrabando de mercadería.
Pasaquina, junto a su vecino, Santa Rosa de Lima, ha sido sido desde hace muchos años el centro de operaciones de varios salvadoreños relacionados con el tráfico de drogas, el contrabando de personas, de lácteos y de armas. Allí nacieron José Reynerio Flores Lazo y José Natividad Luna Pereira. El primero cumple una condena de 80 años de prisión por narcotráfico, en tanto que el segundo fue asesinado en Honduras, donde tenía varias empresas.
Metapán, por su parte, ha sido señalado de ser el centro de operaciones del cártel de Texis, una organización criminal que ha utilizado toda la frontera que el departamento de Santa Ana tiene con Guatemala.
De ese municipio era alcalde Juan Umañana Samayoa, quien ya llevaba varios períodos edilicios de la mano del PCN, cuando en abril de 2017 tuvo que escapar de la justicia y ver desde su escondite cómo capturaban a varios de sus familiares y socios; incluyendo a José Adán Salazar Umaña, a quien la Fiscalía acusa de lavar 215 millones de dólares, en asocio con el alcalde y otros supuestos miembros del clan familiar.
Metapán es una de los municipios más grandes del país, vecino de varios municipios guatemaltecos como Asunción Mita y Concepción Las Minas; también famosos porque en ellos opera grupos de narcotraficantes.
En octubre de 2014, el alcalde de Concepción Las Minas, departamento de Chiquimula, sufrió un atentado en el cual uno de sus acompañantes, Otto López Garza, murió. Por eso, a principios de febrero, Noel Umaña Heredia fue condenado a 23 años de cárcel.
El municipio de San Francisco Menéndez no se queda atrás. Su actual alcalde, Narciso Ramírez, ha recalado en tres partidos políticos desde el 2006 cuando ganó por primera la silla edilicia. Ramírez se ha visto involucrado en dos procesos judiciales. No precisamente por su labor como alcalde sino por investigaciones judiciales e incidentes armados con narcotraficantes. El primer caso ocurrió cuando aún no estaba involucrado en la política.
En enero de 2002, 146 inmigrantes fueron detenidos en lo que se conoció como la Operación Monterrey. Las investigaciones derivaron a que Ramírez era miembro de la red de traficantes de personas que llevaban ilegalmente a los 146 migrantes, la mayoría de ellos, salvadoreños.
Ramírez fue capturado en febrero de ese mismo año. Tras ser sometido a un proceso judicial, la Fiscalía no logró comprobarle las acusaciones. En 2006, ganó las elecciones municipales con el Partido Demócrata Cristiano.
En abril del 2010, fue arrestado por el delito de homicidio agravado en Pedro Crespín fuentes y otras dos personas.
En esa ocasión, durante un jaripeo, Ramírez y Crespín Fuentes se liaron a balazos. Narciso quedó gravemente herido pero Crespín Fuentes falleció. Las investigaciones posteriores revelaron que el fallecido era de origen hondureño, vinculado a una red de narcotraficantes en aquel país. Cuando tuvo problemas allá, emigró a El Salvador con toda su familia, para lo cual todos cambiaron de identidad con la ayuda de testigos falsos en la alcaldía de Huizúcar.
De este proceso judicial también salió bien librado y continuó ganando la alcaldía de la mano del partido ARENA, pues luego del incidente armado, el PDC lo expulsó de sus filas.
Con ARENA ganó en 2012 y 2015 pero en febrero de 2016 decidió pasarse al partido Gran Alianza por la Unidad (GANA). Una resolución de la Sala de lo Constitucional prohibió ser inscritos como candidatos a quienes se hubiesen cambiado de partido político antes del 1 de marzo de 2017.
Chicho, como es conocido, fue uno de ellos. De esa forma, la Corte Suprema de Justicia cortó las aspiraciones de Ramírez para elegirse para un quinto período y obligó a GANA a sustituirla. La ungida fue Carlota Jiménez, una mujer que vive en Cara Sucia y que trabaja como promotora de salud.
Candidatos de otros partidos políticos aseguran que Jiménez no tiene la capacidad para dirigir el gobierno municipal y que ha sido impuesta por Ramírez, quien es director departamental de GANA, para ser él quien realmente gobierne.
De ser así, esta sería otra similitud con Metapán y Pasaquina, donde los candidatos a alcalde (Rigoberto Pinto y Marvin Nativí) han sustituido a Umaña Samayoa y Ramírez Umanzor, respectivamente.
PROMESAS SIMILARES
Los siete municipios fronterizos que El Diario de Hoy visitó comparten una peculiaridad más. Todos ofrecen casi lo mismo sin explicar cómo lo harán, pues algunos no saben ni cuánto recibe la alcaldía en concepto de Fodes (Fondo para el desarrollo económico y social de los municipios) ni cuánto percibe en impuestos.
El caballito de batalla de la mayoría, para convencer a los electores a que voten por ellos, es casi el mismo: ofrecer becas a los jóvenes para que continúen sus estudios, reparar calles, introducir el servicio de agua potable y generar empleos. las mismas promesas hacen los candidatos a ser reelegidos.
Sin embargo, cuando se les preguntó si tienen por escrito un plan de gobierno municipal, ninguno de los candidatos entrevistados dijo tenerlo. Algunos, los que trataron de salir del embarazo, dijeron que lo aún estaban diseñando aún.
Otra de las promesas es gobernar el municipio con transparencia, haciendo alusión a que el actual alcalde no lo ha hecho.
SE DESMARCAN DEL TEMA DE SEGURIDAD
A pesar de que los municipios fronterizos son pieza clave para el crimen organizado que trafica drogas, personas, armas y cualquier clase de mercadería, los candidatos a alcalde de San Francisco Menéndez, Candelaria de la Frontera, Metapán, Victoria, Carolina, Concepción de Oriente y Pasaquina, consideran que el tema de seguridad es responsabilidad del gobierno central.
La mayoría de esos municipios comparten otra circunstancia: los puestos policiales carecen tanto de personal como de recursos para hacer frente a la delincuencia que opera en esas comunidades fronterizas.
Para muestra dos casos: en el puesto policial de Carolina, cuando hay mucho personal es porque están tres policías, pero generalmente solo hay dos; a veces solo un policía, y desde hace más de un año no tienen vehículo.
El otro caso es Pasaquina. En ese lugar, el 26 de enero en la tarde, la puerta del puesto policial lucía asegurada con una cadena y un candado. Tras llamar varias veces, solo dos perros salieron a ladrar. Vecinos dijeron que en ese lugar hay muy pocos policías y que a veces suelen cerrar mientras descansan luego de largas jornadas de trabajo.
A pesar de que los candidatos dicen estar conscientes que por la naturaleza de sus municipios, es decir, por ser fronterizos, el contrabando de drogas, personas y mercancías es un problema que ha existido por siempre, no tienen interés en ayudar a autoridades policiales o militares locales a combatirlo.
Como los habitantes de esos municipios, algunos candidatos ven al contrabando como una actividad comercial normal que desde siempre han practicado aquellos ciudadanos que viven más cerca de la frontera. “Si el gobierno central, que tiene más recursos, no se preocupa por combatir el contrabando, menos lo vamos a hacer los alcaldes de municipios donde apenas alcanza el dinero”, explicó una de las candidatas entrevistadas.