El Gobierno de El Salvador desestimó este martes el llamado de la relatora de las Naciones Unidas (ONU) para cesar las medidas "crueles e inhumanas" de seguridad adoptadas en los penales del país con pandilleros.
"Nosotros respetamos esas opiniones, pero la presión más relevante e importante es el clamor de la población por garantizar y mejorar las condiciones de seguridad en el país", sostuvo el portavoz gubernamental, Eugenio Chicas, en una entrevista en el canal estatal.
Chicas se remitió a la reducción en las cifras de asesinatos en los últimos dos años para defender la vigencia de estas medidas, implementadas desde el 2016 y de las que recientemente el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén ha pedido al Congreso su ampliación hasta 2019.
Lea además: “Las medidas extraordinarias son ilegales y violan derechos humanos”, Agnes Callamard
"Creemos que es necesario un año más sostener esas medidas extraordinarias para garantizar que siga disminuyendo el tema de la criminalidad", matizó Chicas, quien destacó los "esfuerzos" gubernamentales por disminuir la sobrepoblación en las prisiones y los programas de reinserción.
La declaración de Chicas es en respuesta a una advertencia que hizo este lunes la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, de que "la presión internacional va aumentar" si el Gobierno mantiene las medidas.
"Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos", señaló Callamard al dar cuenta a la prensa sobre sus hallazgos en el país desde el 25 de enero pasado.
La experta indicó que dichas medidas, que llevan a una "prolongada detención bajo condiciones crueles e inhumanas", son "ilegales" y "deben cesar inmediatamente" porque riñen con los principios internacionales contra el "trato cruel y degradante".
Dichas medidas, que fueron aprobadas por el Congreso en 2016 y tienen vigencia hasta el próximo abril, incluyen la suspensión de las visitas de las familias y el aislamiento total en las celdas, entre otras.
Lea también: Relatora ONU: He hallado un patrón que podría considerarse ejecuciones extrajudiciales y exceso de fuerza
Callamard concluyó este lunes su visita de 12 días a El Salvador en la que denunció un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de abusos por parte de los miembros de los cuerpos de seguridad contra civiles.
La llegada de la experta se da cuando el país ha vivido, según organizaciones sociales, un retroceso en derechos humanos a raíz de las medidas, que incluyen un mayor despliegue militar -más de 13.000 soladados en las calles-, y la creación de una comando elite de 1.000 elementos para dar caza a los pandilleros en la zona rural.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de asesinatos de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, muertes violentas atribuidas principalmente al accionar de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. ACAN-EFE