La relatora de la ONU, Agnes Callamard brindó esta tarde un informe sobre ejecuciones extrajudiciales en El Salvador. Según la experta, El Salvador tiene la tasa más alta de homicidios se deben tomar medidas más efectivas para prevenir la privación arbitraria.
“Durante mi visita conocí a padres y madres que han perdido a sus hijos por la violencia , mujeres jóvenes que han sido sometidas a la violencia social”, explicó. Asimismo añadió que “el trauma nunca termina para las víctimas, las víctimas no tienen más remedio que caminar por los mismos caminos de sus violadores”.
Para la experta los homicidios parecen una estrategia deliberada de las pandillas para asegurar control territorial.
La investigación permitió identificar que muchos acerca de su percepción sobre la violencia; “ellos perciben es guerra por parte de las fuerzas de seguridad contra los jóvenes y los pobres; sin embargo perciben que la policía y los funcionarios públicos tratan a toda la juventud como si fueran pandielleros, simplemente por el mero hecho del lugar en el que viven.
“He hallado un patrón de comportamiento entre el personal de seguridad, que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza”, aseguró Callamard.
Argumentó que la aplicación por parte del Gobierno de las medidas extraordinarias de seguridad han dado pie a la detención de 39,100 personas en “detención prolongada bajo condiciones crueles e inhumanas”.
Agnes insistió en que las “condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad”; de igual forma fue enfática al decir que “las medidas extraordinarias deben cesar”.
La funcionaria pidió poner fin a las medidas que violan derechos humanos. “Hablo de patrones de conductas, no política de Estado, que llegan a ser ejecuciones extrajudiciales”, explicó.
Indicó que le compete al Gobierno investigar estas conductas para que no sea una violación de derechos humanos, es un problema de conducta.
En cuanto a la falta de investigación, detalló que tiene muchas causas, faltan recursos. La experta considera que el Gobierno tiene que investigar de manera seria ya sean sobre casos de ejecuciones o uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. “No podemos presumir que todos los asesinados por la Policía Nacional Civil lo merecían”, agregó.
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En cuanto a los crímenes de mareros, explicó que por su control territorial violan derechos de la ciudadanía, violan derecho a circular, explotación sexual, cometen ejecuciones. Insistió en que las comunidades quedan atrapadas entre la Policía y las pandillas, pues la población salvadoreña no confía en ningún de ambos grupos. “No se puede combatir la violencia con mas violencia”, recalcó.
Agnes insistió en que no está convencida de que las medidas extraordinarias hayan sido muy útiles, pues es una combinación de medidas “algunas son ilegales y violan derechos”, argumentó.
Para la funcionaria es necesario entender la naturaleza de los detenidos ya que no tienen la misma condición. Por lo que considera que el trato cruel e inhumano debe cesar inmediatamente. “Estas medidas pisotean las normas internacionales. He recomendado no se si se vayan a tomar en cuenta, si se siguen imponiendo el Gobierno se va a enfrentar a denuncias y presión internacional”, aseguró.
La representante de la ONU sugiere que toda alegación de conducta indebida de la PNC, cada una de esas deben ser investigadas. Cada uno de esos homicidios redundan en una privación arbitraria de la vida. Si no se investigan debidamente van a quedar como ejecuciones extrajudiciales.
“El tema de seguridad vende votos y de eso se aprovechan los políticos (…) las violaciones de las pandillas se deben investigar bajo el Estado de derecho”, reafirmó
Finalmente Callamard dijo que no hay ultimátum de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, pero alegó que estas conductas deben revisarse dentro de la PNC y el Gobierno.