Los problemas con la justicia salvadoreña no han terminado para el expresidente Mauricio Funes con el fallo de la Cámara Segunda de lo Civil que lo encontró culpable a él y a su hijo Diego Funes Cañas de haberse enriquecido ilícitamente con $419,145.19.
Las magistradas le ordenaron al exfuncionario y su pariente devolver ese monto al Estado. Además, a Funes lo inhabilitaron por 10 años para ejercer cualquier cargo público y giraron instrucciones a la Fiscalía General para que inicie contra él una investigación penal.
A esto se suma que, el año pasado, luego de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) instruyeran a la Fiscalía General para abrir una investigación contra Funes por presunto enriquecimiento ilícito, también le informaron sobre la posible comisión de un hecho delictivo. Así está plasmado en la resolución con fecha 9 de febrero de 2016.
Semanas después, el Ministerio Público reveló que estaba investigando penalmente al exmandatario por los delitos de peculado (apropiación de fondos públicos), malversación (cambiarle destino a los fondos del Estado), enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias (aprovecharse de su condición para influir en otros). Estos habrían sido cometidos por Funes cuando fue presidente, entre 2009 y 2014.
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El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, ha venido sosteniendo que la investigación sigue abierta y que el exmandatario -quien desde septiembre de 2016 está asilado en Nicaragua- será acusado formalmente en un tribunal. Pero el fiscal se ha negado a decir cuándo lo acusarán ni ha revelado detalles sobre esos delitos, únicamente se ha limitado a decir que habrá “sorpresas” en el caso contra el expresidente.
Ligado a empresarios y exfuncionarios
Los delitos que Funes presuntamente habría cometido constan en el oficio No. 1646 del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, mediante el cual autorizó a la Fiscalía a practicar allanamientos en siete inmuebles propiedad del amigo de Funes, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido también como “Mecafé”, quien impulsó al movimiento “Amigos de Mauricio”, para apoyarlo en la campaña presidencial en 2009.
La solicitud de autorización para efectuar los registros tenía como objetivo localizar e incautarse de evidencia relacionada con los cinco delitos que Funes podría haber cometido.
Entre el 17 de agosto y el 13 de septiembre de 2016, las autoridades realizaron no menos 15 allanamientos en lujosas residencias, oficinas, despachos, negocios y empresas de amigos y comerciantes ligados a la investigación contra Funes.
Las pesquisas arrojaron que varios de estos establecimientos pertenecían a Menéndez Avelar, el hombre a quien Funes puso al frente del Centro de Ferias y Convenciones (Cifco) durante los primeros años de su gestión presidencial.
Además, durante la gestión de Funes se le adjudicaron decenas de licitaciones a la Compañía Salvadoreña de Seguridad (Cosase), la cual es propiedad de “Mecafé”. Esto consta en el sitio Comprasal, entre 2009 y 2013.
En dicho sitio electrónico aparece que por 16 contrataciones de servicios de seguridad privada y una por suministros de equipo y accesorios policiales (entre 2009 y 2013) Menéndez Avelar le habría cobrado al Gobierno $7,912,407.13.
Durante uno de los allanamientos, el entonces jefe fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya, manifestó que “mediáticamente se habla que el señor Menéndez tuvo utilidades de $14 millones; eso es lo que nosotros vamos a verificar, si efectivamente fue esa cantidad, que fue concedida (en contratos) por el gobierno de Funes”.
Amaya reiteró que la Fiscalía estaba indagando los procedimientos que se siguieron para que las empresas de Mecafé recibieran contratos millonarios en la administración de Funes.
Las autoridades también hicieron allanamientos en dos oficinas contables que brindan servicios profesionales a “Mecafé”, entre ellas estaba el despacho Ochoa Benítez Asociados, el cual fue fundado por Pablo Ochoa, quien fue ministro de Agricultura en la administración Funes.
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Pasó de llevar estilo de clase media a uno lujoso
A finales de agosto de 2016, cuando las autoridades terminaron de hacer los allanamientos en las empresas y residencias relacionadas con Funes y Menéndez Avelar, el Ministerio Público presentó en un juzgado de San Salvador las actas que contenían detalles de los artículos incautados durante los registros.
Dicha información sería remitida al Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, quien ordenó hacer las inspecciones en el marco de la investigación contra Funes.
En esa ocasión, la Oficina de Comunicaciones del Ministerio Público informó que entre los objetos decomisados había 500 cajas que contienen documentos financieros de Cosase, de la Sociedad Mecafé, así como de las empresas Kawaki y Sports & Gun, todas propiedad de Menéndez Avelar.
En las actas también aparecían mencionados documentos hallados en el despacho Ochoa Benítez Asociados, así como en varias residencias propiedad de Mecafé.
Al menos tres de estos inmuebles están situados en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, y en ellos habitaban -supuestamente pagando alquiler- Funes y Ada Mitchell Guzmán, quien es madre de uno de los hijos de Funes.
En dichos inmuebles, las autoridades encontraron 59 armas de fuego con sus respectivas municiones; muebles y habanos personalizados.
Además, un centenar de camisas nuevas y decenas de zapatos en igual estado, de marcas italianas.
Según los valúos hechos por las autoridades, la ropa tenía un precio aproximado de entre $150 y $400 la pieza, mientras que los zapatos más baratos $300 el par.
En las pertenencias de Funes también había cuatro pinturas, cuyo precio estimado es de $43 mil.
Mientras que en la casa habitada por Guzmán hallaron una decena de botellas vacías de whisky Johnnie Walker Blue Label, Edición Limitada, cuyo valor es de $800 cada una, y ocho botellas vacías de Cognac Luis XV, el cual tiene un valor estimado $7 mil 923 cada una.
El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía reveló entonces que Funes no tenía registrada ninguna propiedad a su nombre, pese a que desde que asumió la presidencia, y al dejar el cargo, llevó un estilo de vida lleno de lujos.
De habitar en una casa de clase media, cuando era entrevistador de televisión, pasó a vivir en lujosas residencias al asumir el cargo.
Una investigación de la Sección de Probidad de la CSJ arrojó que, entre 2011 y 2013, Funes hizo gastos por más de $54 mil en tiendas exclusivas de Estados Unidos, Panamá y Brasil. El informe señala que también adquirió varios autos de lujo para él y dos de sus hijos. Por dos de ellos pagó $80 mil sin que se hayan descubierto reportes de retiros bancarios.