La Cámara Segunda de lo Civil encontró culpable ayer a Mauricio Funes, el primer presidente del gobierno del FMLN, y a su hijo Diego Funes Cañas, de haberse enriquecido ilícitamente con 419,145.19 dólares, y ordenará que se les abra una investigación penal.
La exprimera dama, Vanda Pignato, quien era procesada junto con ellos por el mismo delito, fue exonerada, una decisión que fue cuestionada por Fiscalía.
Las magistradas resolvieron que el exmandatario y su hijo tuvieron un incremento patrimonial que no pudieron justificar. Por eso le ordenaron a Funes restituir al Estado $206 mil 660.55; mientras que su hijo deberá devolver $212 mil 484.54.
El juicio civil contra Funes y sus familiares empezó en marzo de 2016, cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó abrir un proceso formal contra el exmandatario, luego de que la Sección de Probidad detectara indicios de presunto enriquecimiento ilícito en la gestión presidencial de Funes, entre junio de 2009 y mayo de 2014.
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“Este tribunal puede afirmar que el demandado Carlos Mauricio Funes Cartagena tuvo más erogaciones que ingresos, sin que se conozca el origen de los fondos para adquirir vehículos y armas de fuego; haber pagado sumas considerables a instituciones educativas; haber realizado movimientos en instituciones financieras, tales como a pagos de tarjetas de crédito, abonos a préstamos y cuentas de ahorro y corrientes, etc.”, reza parte de la resolución.
Las dos magistradas del tribunal también inhabilitaron a Funes para que no pueda optar en los próximos 10 años a ningún cargo público. Además, girará instrucciones a la Fiscalía para que inicie una investigación penal.
Inicialmente, el Ministerio Público informó que Probidad detectó que el expresidente, Pignato y Funes Cañas se habrían enriquecido ilícitamente con 728,329.74 dólares. Sin embargo, la semana pasada, la Fiscalía reveló que, a través de las investigaciones, se llegó a la conclusión que ese monto ascendió a $1.2 millones.
Eso significa que el patrimonio injustificado de los demandados incrementó en 506,403.07 dólares posterior a la etapa de investigaciones fiscales.
En esa etapa, la Fiscalía sometió a pericia de 17 puntos de análisis, documentación proporcionada por instituciones financieras, el Centro Nacional de Registros y el
Registro Público de Vehículos del Viceministerio de Transporte, y al final desechó tres.
Los fiscales de la Unidad Anticorrupción señalaron en sus alegatos finales a las magistradas que se habían topado con dos cuentas superiores a los 124 mil dólares que no fueron reportadas en las declaraciones patrimoniales de Funes. Ambas estaban a nombre de su hijo, quien no estableció ingresos ante Probidad.
Funes cuestiona el fallo desde cuenta de Twitter
Este martes, minutos después de haberse conocido la resolución de la Cámara, Funes, quien está asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016, criticó a través de su cuenta de Twitter la decisión del tribunal.
“Rechazo la condena injusta y arbitraria que acaba de dictar la Cámara Segunda de lo Civil. No se puede condenar a imputados que no sustrajeron dineros del Estado y que su patrimonio es lícito solo porque existe una presión de la derecha para hacerlo. Apelaremos esta sentencia”, dijo.
Rechazo la condena injusta y arbitraria que acaba de dictar la Cámara Segunda de lo Civil. No se puede condenar a imputados que no sustrajeron dineros del Estado y que su patrimonio es lícito solo porque existe una presión de la derecha para hacerlo. Apelaremos esta sentencia
— Mauricio Funes (@FunesCartagena) 28 de noviembre de 2017
Pese a la sentencia en su contra, Funes dice que la Fiscalía no logró demostrar que su patrimonio y el de su hijo se originara de la hacienda pública, por lo que aseguró que apelará la decisión.
“¿Por qué entonces fuimos condenados a devolver dinero al Estado?”, cuestionó Funes.
Tras terminar la diligencia donde se dictó el fallo contra Funes y su hijo, el fiscal Héctor Martínez, le respondió al exmandatario, que aseguraba que no se apropió de fondos públicos, en que dice eso porque “no entiende el concepto porque solo se queda con la descripción genérica que hace la Constitución en el artículo 240. El desarrollo de esa norma constitucional lo encontramos en la Ley Especial de enriquecimiento ilícito y el concepto es un incremento patrimonial del cual se desconoce el origen. Ese es el punto que el señor Carlos Mauricio no ha entendido y es importante aclararle”.
Los delegados del Ministerio Público manifestaron que será hasta que la Cámara les entregue la sentencia por escrito que se conocerá en qué basaron las magistradas para encontrar culpables a Funes y su hijo de enriquecimiento ilícito.
Bienes de Funes por pago de condena civil
La Cámara Segunda de lo Civil entregará el 16 de enero del próximo año el fallo escrito en el que resolvió que Mauricio Funes y su hijo Diego se enriquecieron ilícitamente con más de 419 mil dólares; y exoneró a la exprimera dama Vanda Pignato.
A partir de esa fecha, la Fiscalía General y la defensa tendrán un plazo de cinco días para apelar la resolución ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal Héctor Martínez explicó que cuando la sentencia esté en firme iniciará el proceso de restitución de los fondos al Estado.
Agregó que cuando empezó el proceso contra Funes, su hijo y la exprimera dama, el pleno de la CSJ ordenó embargar preventivamente algunos inmuebles, cuentas bancarias y vehículos. Cuando la Fiscalía presentó ante la Cámara la demanda civil contra ellos, pidió que se ratificara esos embargos y la solicitud fue avalada.
“Será sobre esos bienes sobre los que en su momento se procederá a ejecutar... No es que él (Funes) quiera (devolver el dinero al Estado), sino que va a depender de los bienes que ya se tienen y con eso se va a proceder a ejecutar”, explicó Martínez.
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En febrero de 2016, cuando la Corte en Pleno ordenó que el exmandatario enfrentara un proceso civil por supuesto enriquecimiento ilícito, le inmovilizaron tres cuentas bancarias, le restringieron la transferencia de ocho vehículos (varios de ellos de años recientes); cinco a nombre de Mauricio Funes y los restantes a nombre de su hijo Diego.
En agosto del año pasado, la Fiscalía informó que aparte del proceso civil, Funes es investigado penalmente por los delitos de peculado (apropiación de fondos públicos), malversación (cambiarle destino a los fondos del Estado), enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias (aprovecharse de su condición para influir en otros) durante su administración.