El FMLN inició desde junio una agresiva campaña a través de Twitter para alertar a la población, según ellos, de que si la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llegara a declarar ilegal el presupuesto de 2017, el gobierno no podría pagar subsidios, ni dar el bono a los policías, tampoco cumplir con el escalafón salarial ni apoyar a los microempresarios etc.
Sin embargo, estos rubros que el partido oficialista enumera que están en riesgo ante una posible declaración de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional del presupuesto 2017 tenían asignados más fondos en el gasto que fue avalado en 2016.
Asimismo, economistas coinciden en que una posible resolución de ilegalidad del presupuesto no sería en general, sino en aquellas partidas en las que el gobierno no previó fondos, tal es el caso del pago de las pensiones, en donde el gobierno solo colocó una cuota simbólica de $1,000, cuando el compromiso para este año era de $247 millones.
Para poder hacer frente a ese pago por la deficiencia en el presupuesto, el gobierno ha tenido que hacer reorientaciones de fondos de distintas partidas y ministerios, inclusive, sacrificar a Salud Pública reduciéndole $4.1 millones de lo que le había asignado este año para su funcionamiento; a Educación también le redujo $5.5 millones; y a la Procuraduría General de la República disminuyó casi medio millón de dólares.
En total tuvo que redistribuir $56 millones en abril pasado para no caer en impago. A esto se suman dos reorientaciones más de fondos para ajustar la partida de pensiones: una de $33 millones y otra de $28 millones que ayer se aprobó con el objetivo de saldar pagos que el gobierno debe hacer ante el vencimiento de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Prácticamente es el mismo gobierno quien, sin tener una orden de la Sala de lo Constitucional, ha corregido los vacíos que dejó en el presupuesto de 2017 y que ARENA cuestionó negándose a votar por un plan de gastos que tildó de “mentiroso” e “inconstitucional”.
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Ante esto, según economistas consultados por este periódico, las advertencias del FMLN de que sin el presupuesto del presente año se verían afectados los pagos a los subsidios, entre otros, no tienen solidez, ya que sólo en el rubro de subsidios al gas, la energía eléctrica, y el agua, ha sido el mismo gobierno quien los ha reducido desde 2016.
Rafael Lemus, economista y asesor de ARENA, ejemplificó que para pensiones en el presupuesto de 2016 había más de $100 millones, y que de no haberse aprobado el presupuesto de 2017 tal como venía, habría dinero para honrar a los miles de jubilados.
Para Lemus, el escenario fatídico que hace el FMLN no es cierto, pues sólo para el subsidio de energía eléctrica, en el presupuesto del año pasado se contemplaba un monto de más de $100 millones, contrario a lo que fue aprobado para este año, con una partida simbólica de 100 dólares.
“¿Qué le conviene?”, se pregunta Lemus. “Mejor el presupuesto del año pasado”, se contesta de inmediato, asumiendo que la Sala declarara inconstitucional el gasto en general, dice que el país no se queda sin dinero, porque se retoma el presupuesto que funcionó el año pasado.
El economista Claudio De Rosa cree que la Sala mandaría a corregir las partidas que no tienen recursos, y que el gobierno cuenta con fondos para ajustarlas, como es el caso de los $60 millones de la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República.
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Para De Rosa, hay mecanismos de los que el gobierno puede echar mano sin trastocar otras áreas que han sido afectadas por un presupuesto “desfinanciado”, como lo fue en la primera reorientación hecha en abril pasado de $56 millones, quitándole dinero a Salud y a Educación.
El economista explica que si se contaba con un monto específico en el presupuesto del año pasado y en 2017 aumentó la recaudación tributaria, se hace una reforma al presupuesto con “formato de 2016” para incorporar el monto adicional.
Añade que lo anterior no conllevaría meses, sino que la Asamblea lo podría hacer en cuestión de días, si fuera el caso que la Sala ordenara ajustar las partidas del presupuesto que no tienen fondos y contra las cuales hay recursos de inconstitucionalidad en la Sala.
En cuanto a la responsabilidad de diseñar un nuevo presupuesto, los economistas Lemus y De Rosa coinciden en que primeramente concierne al Consejo de Ministros, ya que la Asamblea en este caso no puede aumentar el gasto.
Bertrand Galindo: La Corte de Cuentas podría sancionar
Los alcances que podría acarrear una posible declaratoria de inconstitucionalidad del presupuesto de 2017 por parte de la Sala de lo Constitucional son más para el Consejo de Ministros que para los diputados en sí, y en esto sería la Corte de Cuentas de la República la que valore una sanción administrativa, explicó el abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo.
Y es que es el Consejo de Ministros el responsable de diseñar el Presupuesto General de la Nación y enviarlo al ministro de Hacienda, quien lo presenta a la Asamblea Legislativa para su respectiva aprobación.
Los diputados no tienen la potestad de aumentar el presupuesto ni de bajarlo, únicamente de modificarlo en sus partidas o de rechazarlo, algo que los legisladores no hicieron, pese a que sabían que no contenía todos los gastos requeridos para 2017.
Al respecto, algunos diputados de ARENA habían hablado incluso de una falta constitucional, motivo suficiente para destituir a un funcionario, para el caso, al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, argumentaba la bancada tricolor.
Para Bertrand Galindo, la Sala no es la que decide eso y tampoco considera que se llegue a tanto, sino más que una falta administrativa y no constitutiva de delito.
“Sí, es una falta a la Constitución, pero no necesariamente configura un delito, lo que sí puede configurar es una falta a la calidad de las funciones de un funcionario, por eso pudiera ser más bien motivo de un examen de la Corte de Cuentas, o inclusive, una especie de recomendable de la Asamblea, si consideran que el ministro (de Hacienda) ha fallado en sus funciones, pero no me suena que sea constitutivo de un delito”, reflexionó Bertrand Galindo.
Añadió que el único funcionario al que la Asamblea puede destituir es al ministro de Seguridad Pública mientras al titular de Hacienda solo el Presidente y por vía judicial.