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Fallos sobre casos de probidad enfrentan a magistrados en CSJ

López Jerez reclama a su colega Ramírez Murcia por generar dudas sobre el pleno. La prescripción o caducidad de casos a los diez años es otro punto en discordia
Fallos sobre casos de probidad enfrentan a magistrados en CSJ
Foto EDH/Archivo

Por Mario González

2 abril, 2019

Crédito: Mario González / David Marroquín

La tensión aflora entre el pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Óscar López Jerez no puede ocultar su incomodidad. Le reprocha a su colega, Leonardo Ramírez Murcia, que tienda un manto de duda y descrédito al trabajo del pleno de la Corte contra la corrupción de los funcionarios públicos. La razón: los casos que audita la Sección de Probidad, una especie de fiscalía del Poder Judicial que verifica si han aumentado los patrimonios de los funcionarios al dejar sus cargos y esto puede ser indicio de enriquecimiento ilícito o incluso lavado de dinero.

Ramírez Murcia, quien preside la Comisión de Ética y Probidad, ha cuestionado a sus colegas por decisiones que han tomado, como no enviar a juicio a la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar por considerar que desvaneció los señalamientos que le hicieron de aumento no justificado de su patrimonio durante el tiempo que fungió en el cargo. Nueve de los 15 magistrados votaron para no enviarla a juicio.

Pero López Jerez, quien preside la Sala de lo Civil de la Corte, considera que su colega parece que quisiera emitir resoluciones desfavorables contra los exfuncionarios de ARENA cuyos casos son ventilados por la Sección de Probidad.

En seguida cuestionó a su colega señalando que aparentemente tiene “animadversión” contra los funcionarios del partido opositor. Ante esto, López Jerez considera que “nos debemos a la Constitución y jamás debemos andar con revanchismos políticos o ideología”.

Agregó que su interés, al estar en la Comisión de Probidad, es que “no se mande a juicio a exfuncionarios o funcionarios por cuestiones de hígado, por cuestiones de ego, venganzas, sino con base a la lógica, con base a la ley”.

La Comisión de Ética y Probidad está formada por los magistrados Ramírez Murcia (coordinador), López Jerez, Roberto Calderón, Sergio Luis Rivera y Paula Patricia Velásquez.

“Debemos aplicar la ley tal cual debe ser y también de manera uniforme, para funcionarios de cualquier partido político, no debemos hacer distingos y lo que tenemos que hacer es realizar nuestro trabajo en forma correcta”, enfatiza.

En una entrevista con el canal 33, Ramírez Murcia declaró que “dentro de la Corte subyacen intereses… intereses ajenos a la justicia” (ver nota siguiente página).

Pero a este respecto, López Jerez recordó que su colega votó en contra de que la Corte enviara a juicio civil al expresidente Mauricio Funes por no justificar, sólo en la investigación de Probidad, el ingreso de 627 mil dólares.

Una investigación posterior de la Fiscalía, más completa, llevó a acusar a Funes del saqueo de $351 millones.

López Jerez le reprochó a Ramírez Murcia que en la entrevista no haya cuestionado “el sentido de la resolución de Probidad (en caso de Ana Vilma de Escobar), es decir, no ha dicho que la documentación no vale, que hubo enriquecimiento ilícito, en lo absoluto, solo habla él de que se dieron flexibilidad en los plazos para recibir documentación”.

Le recordó a Ramírez Murcia de que él ha estado desde tres años antes en la Comisión de Probidad que su persona (López Jerez) y durante su tiempo prescribieron varios casos, pero no hace la aclaración quien fue que dejó prescribir esos casos.

El magistrado ratificó que los casos prescribirán o caducarán a los diez años, pues así lo establece la Constitución de la República. Agregó que Corte Plena acordó que se investigará un año más al funcionario o exfuncionario, después de cesar de sus funciones. Eso significa que se investigará los cinco años de gestión administrativa más el siguiente año después de cesar en sus funciones.

López Jerez explicó que en muchos casos de Probidad han encontrado que hay indicios de delito, por lo que serán enviados a la Fiscalía General para inicie una investigación penal por enriquecimiento ilícito y un proceso de extinción de dominio, aunque hayan prescrito o caducado.

Cualquier duda sobre esta área se espera que sea aclarada este miércoles, cuando se ha anunciado que la Corte en pleno presentará un informe sobre su trabajo en la lucha contra la corrupción.

2 abril, 2019

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Mario González

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