Nacional

Discapacitados aún viajan en buses hostiles a su condición

Asamblea avaló usar “lenguaje inclusivo”, pero permite buses inadecuados para el sector.
Discapacitados aún viajan en buses hostiles a su condición

Por Eugenia Velásquez

30 diciembre, 2018

Contradictorio. Así es lo que pasó hace unas semanas en la Asamblea Legislativa al aprobarse una reforma constitucional con la finalidad de hacer “inclusivo” el lenguaje que usa la Constitución de la República para garantizar que se cumplan los derechos de las personas que sufren alguna discapacidad física.

Si bien los diputados avalaron que en la Carta Magna no se use un vocabulario peyorativo al referirse a las personas con discapacidad, el mismo día que aprobaron esa reforma también permitieron que los buseros y microbuseros sigan manejando unidades del transporte que no cuentan con las condiciones adecuadas para facilitar el traslado de las personas que tienen discapacidad.

David Reyes, diputado de ARENA, es uno de los que más se quejan de que los transportistas se resisten a cumplir con lo que aprobó la Asamblea hace unos meses, de que el 25% de la flota de unidades del transporte público de cada ruta deben ser buses y microbuses adaptados para trasladar a personas discapacitadas.

 

 

Según Reyes, es la segunda vez que la Asamblea cedió a la petición de los transportistas. En la primera ocasión les dieron un plazo de 90 días para comprar las unidades adaptadas para facilitar el tránsito de los discapacitados. Este último decreto legislativo les concede 60 días para cumplir con su obligación.

“En ese momento (hace varios meses) se aprueba como a medio regaña dientes. Los transportistas tiene varios emisarios en la Asamblea de todos los partidos. En ese momento se aprueba y como a la semana presentan una iniciativa los transportistas para pedir prórroga a la entrada en vigencia de esa reforma 90 días después, porque aducían que ya tenían comprados algunos buses y en todo lo que venían no los habían comprado siguiendo ese criterio, y que el VMT (Viceministerio de Transporte) no les iba a dar la autorización de usarlos”, explicó Reyes.

Para esta segunda prórroga los transportistas argumentan que para adquirir nuevas unidades con las facilidades de movilidad para discapacitados que les exige la ley primero tienen que encargar por anticipado el autobús “porque las fábricas no los hacen de inmediato”, justifica Catalino Miranda, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte.

Miranda expone que la obligación de facilitar la movilidad de este segmento de la población no es sólo asunto de los empresarios del transporte público, sino que también es del Estado, subrayó.

“Estamos a favor, pero hagan bien las cosas, no las dejen a medias, no le carguen al empresariado algo que no les compete sólo a ellos”, externó Miranda.

Según dice el transportista, en este tema el VMT y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tienen mucho que ver, pues a criterio de Miranda aunque los buseros y microbuseros cumplan con tener de cada cuatro unidades del transporte público uno adecuado para las personas con discapacidad, no servirá de mucho si la infraestructura vial no se complementa.

“Camine sobre la Avenida Roosevelt, ¿quién ha adecuado rampas?, no hay responsabilidad compartida”, externó Miranda.
Pese a las justificaciones del empresario del transporte público, el diputado Reyes manifestó que antes de dar la segunda ampliación de 60 días para que adecuen las unidades, como Asamblea le pidieron al VMT un informe de cuántas rutas de buses están por cumplir o cumpliendo con la disposición, pero el reporte nunca lo recibieron.

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Además, Reyes rechaza los argumentos de Miranda cuando dice que aunque tengan autobuses adecuados, no existen rampas para facilitar el transporte de las personas que tienen más dificultades para moverse en las unidades colectivas.

“Los transportistas aducen y de manera malcriada dicen que no hay condiciones en nuestro país para traer esos buses y lo dicen porque se necesitan paradas de buses especiales. Los elevadores de los buses salen de la puerta y llegan hasta el nivel del piso, es completamente falso”, explicó Reyes.

Podrían condicionar subsidio
Según Reyes, el gobierno ha erogado $500 millones desde 2007 en subsidio para la gasolina a los buseros con el fin de que no incrementen el pasaje a los usuarios, pero a pesar de eso el servicio que prestan sigue siendo deficiente, lamentó el diputado tricolor.

En la última plenaria de diciembre, antes de que los diputados se fueran de vacaciones de Navidad y de Fin de Año, aprobaron una prórroga más para que los transportistas sigan beneficiándose del subsidio en 2019.

“Yo hice una propuesta para condicionar la entrega del subsidio y reformar el decreto en el sentido de que las unidades del transporte que adquieren más de dos multas en un mes (no reciban la compensación), porque nos hemos enterado de que tienen muchísimas multas; hay conductores que andan conduciendo sin ni siquiera portar la licencia o tienen grandes cantidades de multa”, argumentó Reyes.

Otra condicionante para no recibir el subsidio podría aplicar para aquellos empresarios que no cumplan con tener el 25% de unidades adaptadas para personas con discapacidad, agregó Reyes.

“A él (Reyes) se le imagina que el subsidio es para andar halando patojos. ¿Dónde están las fallas del legislador? Cuando no se reglamentan las cosas se piensa más con el hígado que con el cerebro”, refutó Miranda.

Sin embargo, la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad ordena en el artículo 16 que: “Para garantizar la movilidad y seguridad en el transporte público, deberán establecerse normas técnicas congruentes a las necesidades de las personas con discapacidad; asimismo, se acondicionarán los sistemas de señalización y orientación de espacio físico”.

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Por su parte, la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, dice que están trabajando en un proyecto de ley de derechos y deberes de los usuarios del transporte público que pronto presentarán a la Asamblea.

En esa iniciativa se incluirán sanciones contra los “abusos” que se dan en el servicio de transporte público, pero Díaz dice que el subsidio no se puede condicionar porque entonces se afectaría a un conglomerado mayor de personas.

Díaz manifestó que cuando se han reunido con los empresarios éstos les explican que el porcentaje de personas discapacitadas que usan el transporte público es poco.

Rodolfo Parker, del PDC, expresó que los transportistas saben que deben apresurarse con este tema, porque “están condicionados”.

30 diciembre, 2018

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