Más de medio centenar de bienes, incluidas las sedes de los partidos Nacional (gobernante) y Liberal, fueron aseguradas este martes a implicados en un caso de presunta corrupción que involucra a diputados del Parlamento..
El portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Jorge Galindo, afirmó a periodistas el aseguramiento de las sedes de los partidos Nacional y Liberal (oposición), ambas en Tegucigalpa.
El aseguramiento de las propiedades para que no puedan ser vendidas o traspasadas se ampara en lo establecido en la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
El Ministerio Público de Honduras indicó en un comunicado que las autoridades prevén asegurar “46 bienes inmuebles, nueve empresas mercantiles, seis vehículos, cuatro cuentas bancarias y dos certificados de depósito” en el marco de esta investigación, que se desarrolla con el apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
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Señaló que los bienes pertenecen a personas naturales o jurídicas que “se beneficiaron de forma ilícita de dineros públicos procedentes de la Secretaria de Agricultura y Ganadería”, en el caso de presunta corrupción llamado “Caso Pandora”.
Además, fueron congeladas “nueve empresas mercantiles, varias de ellas falsas, las que por medio de las Fundaciones Di Batista y Todos Somos Honduras recibieron fondos del Estado sirviendo de vehículo para el destino ilegal de los mismos”, añadió el Ministerio Público.
El excandidato presidencial y presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, afirmó a periodistas el aseguramiento de la sede de ese instituto político. “Como liberal me apena que hemos llegado a esta situación, (pero) la lucha contra la corrupción e impunidad debe darse”, subrayó Zelaya, quien se encontraba en la sede del Partido Liberal cuando llegaron los agentes.
El caso Pandora fue investigado por expertos de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic) y de la MACCIH, de la Organización de Estados Americanos, tras una denuncia del inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán, Pietro Di Battista.
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Di Battista denunció una “utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas”.
Por este caso son acusados 38 personas, entre los que figuran el expresidente del Parlamento hondureño Rodolfo Irías Navas, del Partido Nacional, y el excandidato presidencial Elvin Santos, del Liberal, quienes se defienden en libertad.
Todos son acusados por el desvío de un poco más de 282 millones de lempiras (unos 11.7 millones de dólares) que fueron utilizados en la campaña de las elecciones generales de 2013, según la denuncia.