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¿Es la ley de Zona Económica Especial una camisa hecha a la medida para China?

La propuesta ha sido cuestionada por la ANEP y analistas de que podría convertirse en un instrumento que facilitaría la entrada al gigante asiático, su despliegue comercial, geopolítico y hasta militar.
¿Es la ley de Zona Económica Especial una camisa hecha a la medida para China?
La primer Zona Económica Especial de El Salvador abarcaría 26 municipios de la zona oriental del país, entre ellos La Unión, dándo acceso al puerto y zonas conexas. Foto EDH / archivo

Por Vanessa Linares

14 agosto, 2018

El proyecto de Ley de Zona Económica Especial (ZEE) para la Región Sur Oriental de El Salvador fue presentado a la Asamblea Legislativa en los primeros días de julio. La entrega del documento coincidió con la advertencia de la embajadora de Estados Unidos en el país, Jean Manes, sobre la agresiva estrategia de expansión de China Popular y su particular interés en el Puerto de La Unión Centroamericana. Desde entonces, la propuesta del gobierno ha sido cuestionada por la empresa privada y algunos analistas, de ser un instrumento que busca facilitarle al gigante asiático la entrada, el despliegue comercial, geopolítico y hasta militar.

Según las autoridades salvadoreñas, la idea de crear la primer ZEE es provocar el desarrollo económico, inversión y generación de empleos en 26 municipios de la zona sur oriental del país, en los que hasta hoy existe una baja recaudación tributaria, poca generación de empleos e índices de pobreza superiores al promedio nacional.

La Ley ZEE propone que el área geográfica de alrededor de 3,000 kilómetros cuadrados se convierta en un polo de desarrollo atractivo para inversionistas ofreciendo además de exoneraciones tributarias, incentivos como un sistema migratorio especial, un régimen aduanero distinto y un “entorno administrativo mejorado”.

El asesor legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Argueta, recordó que la gremial propuso un esquema similar a la ZEE durante el ENADE 2014. En ese momento, el sector privado promovió la Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), que basada en cuatro pilares (económico, jurídico, político y administrativo), pretendía convertir ciertas áreas del país en espacios atractivos para los inversionistas en los que se garantizara la seguridad de que las “reglas del juego” son estables y las leyes están orientadas a una economía de libre mercado.

El economista Manuel Hinds, criticó desde un inicio la propuesta de ANEP y cualquier otra propuesta de crear zonas especiales económicas que se conciban como territorios especiales dados a una empresa o país en los que existan regímenes especiales laborales, fiscales y de otra naturaleza que finalmente terminen en la entrega de soberanía.

El exministro de Hacienda señalaba que era como pensar que se podían “establecer Suizas o Suecias o Inglaterras en pedazos de El Salvador, esperando que en esos pedazos los salvadoreños se comportaran como suizos, suecos e ingleses y no habría maras ni corrupción porque allí tendrían seguridad jurídica, tranquilidad y bajos impuestos”.

En julio de 2017 la hoy ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, participó de la IV Feria China en el país. Foto EDH: Archivo

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¿Atractiva solo para algunos?

Argueta, aunque reconoció que por primera vez el Ejecutivo ha retomado elementos propuestos por el sector privado, considera que este proyecto de la ZEE lejos de facilitar el quehacer empresarial, impone montos altos de inversión, exceso de burocracia, implica más gastos administrativos y en general no tiene las condiciones necesarias para atraer a un inversionista nuevo.

“(La Ley ZEE) está tomando en cuenta condiciones, procedimientos y elementos sumamente diferentes a los que proponemos, que no resuelven el problema de la falta de empleo, la tranquilidad y la seguridad jurídica que se le debe dar a un inversionista”, explicó el asesor.

Por ejemplo, el proyecto propuesto a la Asamblea Legislativa contempla las figuras de “desarrollador” y “operador económico”. El primero representa a las empresas encargadas de urbanizar, construir, mantener y desarrollar los polígonos e infraestructura complementaria; mientras que los operadores son las que se instalen y desarrollen cualquiera de las actividades elegidas para la ZEE.

Para participar en la zona, las empresas deben invertir inicialmente $20 millones y $5 millones, respectivamente; y además pagar un 3 % de la inversión inicial para el desarrollo social, y un 1 % de manera anual para darle sostenibilidad a la Secretaría Ejecutiva (una estructura institucional que se encargará de garantizar la continuidad de los servicios y la parte administrativa).

A cambio de eso, los desarrolladores y operadores autorizados no pagarán impuestos por importar maquinaria y equipo; estarán exentos de IVA, de impuestos municipales y de renta por un periodo determinado; y podrán recibir visas de inversionistas más rápido, entre otros beneficios.

El representante de ANEP aseguró que tal como está la ley “no es agresiva para traer a un inversionista, a menos que ya lo tengan”. A su juicio, se parece más a una de Asocios Público Privado, y más allá, a una que permite el control de una zona específica o de ingreso directo al puerto en La Unión. De manera que,“pareciese que la camisa está diseñada para ciertos inversionistas con (los) que pudiese estar hablando el gobierno en turno desde hace un par de años”.

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El asesor jurídico dijo que el temor del sector privado es que la ley sea “una publicidad más” que no atraiga a nadie; o peor aún, “que esta ley ya esté diseñada para algunos países o empresas que puedan venir a pagar favores políticos”.

“En El Salvador no necesitamos ni que nos regalen ni que nos financien proyectos que después van a ser cobrados con financiamientos de campaña política y va a salir peor la solución que inicialmente se pudo tener”, reiteró Argueta.

Para Hinds, la presentación de la Ley ZEE coincide conque, “en un ambiente de gran secreto, el gobierno ha estado teniendo extensas discusiones con China en relación con un arreglo involucrando esta Zona Económica Especial (ZEE)”.

Así, “aunque el gobierno no ha dado declaraciones oficiales en este respecto, es fácil sumar dos más dos y concluir que ambas acciones están relacionadas. Es obvio que el gobierno pretende crear esta ZEE para dársela a China para que la maneje y la explote, gozando de los privilegios que el proyecto de ley establece”, aseguró el columnista.

Planteó además que la creación de zonas en las que se proveen grandes privilegios a países y empresas privadas es el ambiente más fértil para el desarrollo de redes de corrupción y eso, evidentemente, “no es lo que queremos”.

Para la ANEP, el problema no es que la inversión venga de China, sino que la estrategia implique un control geopolítico, ideológico, “que no ceda territorio, que no vendamos territorio a costa de pasar a ser una colonia de un país o sujeto a un régimen”, pues “las inversiones chinas adeben de tratarse con el mayor rigor”.

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Réplicas del modelo

Según el Banco Mundial, las zonas económicas se diseñaron como “una herramienta de comercio, inversión y de política industrial especial, que tiene como objetivo superar las barreras que impiden la inversión en una economía más amplia”; de ahí que pueden tomar muchas formas distintas dependiendo del propósito.

Este modelo no es nuevo, ya que en 1986, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya reportaba 176 ZEE en 47 países, para 2006 eran más de 3,500 en 130 países y ahora ya superan las 4,000.

En su informe “Zonas Económicas Especiales: Desempeño, Lecciones Aprendidas e Implicaciones para el Desarrollo de Zonas”, el Banco Mundial recordó que aunque han aumentado en número, el historial de éxito de las ZEE es variable.

Mientras en algunos casos han funcionado como catalizador en los procesos de crecimiento económico (como ejemplo, China, Mauritania y algunos países de Latinoamérica), hay otros en los que han significado fallas costosas y objeto de críticas por la transferencia de rentas y fracaso del fomento a economías locales u otras razones sociales y laborales.

En la región, Panamá, Honduras, México son de los primeros países en implementar variantes de este modelo.

14 agosto, 2018

Acerca del Autor

Vanessa.linares Periodista de Economía y Negocios en Altamirano Media.


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