Tras el veto presidencial a la Ley de Simplificación Administrativa el pasado 6 de octubre, la Casa de Gobierno a través de un comunicado explicó las razones por las que el mandatario Salvador Sánchez Cerén decidió frenar la normativa aprobada el 25 de septiembre en la Asamblea Legislativa.
La ley se planteaba para agilizar los trámites comerciales y mejorar los índices de competitividad del país, por lo que los empresarios instaban al mandatario a que la sancionara o en tal caso la devolviera al Parlamento con observaciones.
Incluso diputados de oposición también respaldaban el llamado para que se le diera luz verde a la iniciativa. Sin embargo, Sánchez Cerén optó por regresar vetado el decreto que contiene la normativa al Congreso.
Las razones “responden a la inconveniencia de dicha iniciativa para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones que ya existen en esa materia y atendiendo la realidad financiera por la que atraviesa el Estado salvadoreño”, señaló el comunicado.
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Estos son algunos de los argumentos en los que según, Casa Presidencial (Capres), se fundamentó la decisión para vetar la iniciativa:
La normativa establece la creación del Instituto de Facilitación de Trámites (INDEFACIL) como una institución autónoma adscrita a la Presidencia de la República, la cual, sostiene Capres, atrae diferentes inconvenientes al considerar que riñe con la facultad que tienen algunas entidades gubernamentales relacionadas a la facilitación de trámites.
Entre estas el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), creado por el Gobierno en 2015 en el marco de la Alianza por la Prosperidad y el cual, detalló, cuenta con el respaldo de la Corporación Reto del Milenio. Otras de las instituciones con las que podría generarse conflicto es con la competencia que tiene al respecto el Ministerio de Economía y el Comité de Facilitación de Comercio.
Otro de los puntos por lo que fue rechazada la iniciativa, de acuerdo con Capres, fue porque contraviene “las medidas ordenadas por la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, orientadas a evitar la aprobación de gastos que no guardan coherencia con la situación fiscal y financiera del Estado”.
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El decreto vetado regresó al Parlamento, donde los diputados para mantener en firme la normativa requieren de 56 votos para superar la decisión presidencial y ratificar de esa manera la iniciativa o de lo contrario simplemente deberán aceptar la postura del mandatario.
Entre tanto, el Gobierno pidió a la Asamblea avanzar en la discusión para aprobar la Ley de Procedimientos Administrativos, presentada el 5 de diciembre de 2016.