De 17 salvadoreños capturados a finales de agosto de 2015 en El Salvador y enjuiciados por el delito de tráfico de personas, solo cuatro fueron condenados a penas de entre seis y ocho años de prisión. El resto, 12 imputados, fue declarado libre de culpa por el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, a finales de julio anterior.
En los últimos días de agosto de 2015, el entonces Fiscal General, Luis Martínez, ahora en prisión preventiva acusado de varios delitos, presentó como uno de sus grandes logros, la desarticulación de una red regional de tráfico de personas durante un operativo simultáneo en tres países. En El Salvador fueron capturados 17 sospechosos; en Guatemala, 10 y en México, 12. Eso dijo en conferencia de prensa.
La red, afirmaron autoridades de los tres países involucrados en la investigación, era capaz de llevar ilegalmente a Estados Unidos, a 60 personas cada semana; el precio del viaje ilegal oscilaba entre los siete mil y nueve mil dólares.
Esa afirmación implicaba que la red estaba llevando 240 personas por mes. Si se multiplica 240 por 12, los meses del año, resulta que al año, esa organización traficaba 2 mil 880 personas, cantidad que multiplicada por siete mil dólares, el precio en dinero más bajo que la red cobraba por cada inmigrante, resulta que esa organización tenía un negocio de más de 20 millones de dólares por año.
La investigación contó con la participación de aproximadamente 200 fiscales y policías por un período de once meses; al esfuerzo regional se unió también la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Solo en El Salvador, 132 elementos policiales participaron en la investigación, según consta en el expediente judicial. Sin embargo, el esfuerzo sólo dio para una pálida victoria.
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Para sustentar el proceso judicial en El Salvador contra los 17 sospechosos, las autoridades lograron obtener el testimonio de 33 salvadoreños víctimas de tráfico de personas; sin embargo, éstas no hicieron más que confirmar los señalamientos que el principal cabecilla de la red hizo contra otros “coyotes” y contra sus propios colaboradores, los llamados guías, quienes se encargaron de desplazarse junto a las ilegales, y contra los transportistas, varios de los cuales eran, para entonces, motoristas y cobradores de los buses llamados Cóndor, que hace su recorrido entre El Salvador y Guatemala.
En el expediente judicial 10-01-2017 consta que al delincuente principal, el que dirigía las operaciones de traslado de personas de manera ilegal hacia Estados Unidos, al que le pagaban los siete mil o nueve mil dólares, se le otorgó criterio de oportunidad (beneficios penales a cambio de colaboración con la investigación) y, en consecuencia, se le protegió la identidad, asignándole el nombre clave Toledo.
Lo anterior, de acuerdo con jueces consultados, fue hecho por la Fiscalía General de la República, contraviniendo el Art. 18 del Código Procesal Penal que en su numeral uno indica: “...En los casos de colaboración con la investigación la conducta del colaborador deberá ser menos reprochable que la de los autores o partícipes cuya persecución facilita. En el caso de crimen organizado no podrá concederse criterio de oportunidad a quienes dirijan las organizaciones, salvo que ello sea imprescindible para probar la intervención de los demás miembros de la cúpula de la organización delictiva sin perjuicio de que en este último caso se incrimine además a otros participantes de los hechos delictivos”.
Toledo, como cabecilla de la organización, sabía qué función ejecutaba cada uno de sus colaboradores. Sin embargo, ni con eso, la Fiscalía pudo conseguir que los 17 fueran condenados. El juez Carlos Linares Ascencio absolvió a 12 de los procesados, dos de los cuales ya gozaban con medidas alternativas a la detención provisional, desde la etapa de instrucción porque no había muchas pruebas contra ambos.
De acuerdo con Linares Ascencio, en algunos casos, la investigación fiscal no pudo individualizar a los responsables del tráfico ni a las víctimas de este delito.
“El objetivo del combate al crimen organizado es desbaratar o capturar a los cerebros, no dejar libre al cabecilla y meter presos a los guías. Pero en este caso el crimen organizado se combatió al revés”, explicó un juez consultado al respecto.
La organización criminal que dirigía Toledo tenía contactos en El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos. Esa red de tráfico de personas era considerada muy efectiva. Su nombre era conocido entre miembros del cártel de
Los Zetas, la Familia Michoacana y el cártel del Golfo. Tenía contactos con entidades policiales y con traficantes de personas establecidos en Houston, McAllen, Falfurrias y otras ciudades de Estados Unidos fronterizas con México, según la investigación judicial.
En términos financieros, Toledo y su red percibían entre un millón 600 mil a dos millones 100 mil dólares mensuales, partiendo de la afirmación que hicieran autoridades que participaron en la investigación del caso conocido como “Operación Regional Lucero”, de que traficaban 60 personas semanalmente. O, lo que es igual a unos 20 millones de dólares por año.
Desde luego, que parte de ese dinero era repartido entre la cadena de traficantes que participaban en la red a lo largo del trayecto hacia Estados Unidos, incluyendo tres cárteles: Los Zetas, la Familia Michoacana y del Golfo, dependiendo la ruta que utilizaran los guías.
Los eslabones de esa cadena, de acuerdo con el expediente judicial al cual se tuvo acceso, comenzaba con el pago de los pasajes a los motoristas y cobradores de los autobuses Cóndor en los cuales eran transportados tanto menores de edad como adultos que los abordaban en su recorrido desde San Salvador hasta la frontera La Hachadura.
En es puesto fronterizo, la red tenía varios colaboradores que se encargaban de pasar hacia Guatemala, por puntos ciegos (entre estos el más conocido es Cuatro Caminos) a los menores de edad que no viajaban con sus padres. Luego, en puerto Ocós, en el departamento guatemalteco de San Marcos, los lancheros los llevaban hasta el puerto de Salinas Cruz, en el estado mexicano de Oaxaca: De allí, eran trasladados hacia Puebla, el distrito federal; y, luego, a Reynosa: En el último tramo, los guiaban por el desierto hasta entregarlos a transportistas que se encargaban de llevarlos a puntos donde los migrantes son entregados a sus familiares en Estados Unidos.
Por toda esa ruta, la red de traficantes de personas urdida por Toledo iba dejando una reguera de dinero que comienza en la frontera La Hachadura, donde el traficante pagaba a varios de sus colaboradores para que pasaran de contrabando a los menores de edad hacia Guatemala.
Continúa en la frontera Pedro de Alvarado, del lado guatemalteco, donde pagaban a una persona identificada como Álex Tobanche 300 dólares por cada menor de edad salvadoreño que éste transportaba hasta Tecún Umán. En Puerto Ocós, otro contacto, una mujer conocida como Marbella, recibía 350 dólares por cada inmigrante que ella trasladaba, utilizando lancheros como colaboradores, hasta Salinas Cruz, ya en México.
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De Salinas Cruz, la red pagaba otros 56 dólares por cada inmigrante albergado en casas de seguridad en la ciudad de Oaxaca.
El traslado desde Oaxaca hasta la frontera con Estados Unidos, es decir a Reynosa, Tamaulipas, Toledo pagaba nueve mil pesos mexicanos, esto es, 720 dólares por cada inmigrante.
Ya en la frontera, los inmigrantes eran entregados a otro grupo de traficantes de personas, otro eslabón en la cadena, quienes se encargarían de pasarlos hacia Estados Unidos y entregar a cada inmigrante, a sus parientes.
Por esta última fase, Toledo pagaba dos mil 800 dólares, de los cuales sólo dos mil eran para otro eslabón de la cadena de tráfico de personas, es decir, para quienes se encargan de albergar a los inmigrantes y luego entregarlos a sus familiares, porque los 800 eran entregados, como pago de derecho de peaje, bien al cártel de Los Zeta, al cártel del Golfo o a la Familia Michoacana.