El desmantelamiento democrático e institucional que ejecutan los actuales tiranos centroamericanos necesita desobedecer los compromisos internacionales de los Estados, entre ellos los tratados y convenios regionales suscritos desde los Acuerdos de Esquipulas de 1987 en particular los Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), y el Tratado Marco de Seguridad Democrática, del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Los caudillismos tras la independencia de España hicieron inviable políticamente la República Federal. A partir de 1840 y durante los siguientes 100 años, los entorchados generales y coroneles, así como el militarismo civil, abortaron todas las iniciativas como los “Estados Unidos de Centroamérica” que tuvo una Constitución promulgada en 1898 por Nicaragua, Honduras y El Salvador -los ribereños del Golfo de Fonseca- y una capital: Amapala.
La falta de democracia condenó al fracaso a la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), el gran proyecto después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien no fue una conquista menor el mercado común, lo que de verdad funcionó en las décadas setenta y ochenta fue la colaboración entre los regímenes militares (CONDECA) -incluso entre Honduras y El Salvador que habían ido a la guerra en 1969- para sofocar el descontento popular y sus expresiones insurgentes.
Por ello, como joven académico, aplaudí el histórico número 53 de la revista CEPAL de agosto de 1994 dedicado al emergente regionalismo abierto sobre el que el guatemalteco Juan Alberto Fuentes escribió meridianamente: “La integración económica en América Latina ha entrado en una nueva etapa, condicionada por nuevas estrategias de desarrollo emprendidas sobre todo por gobiernos elegidos democráticamente” (p. 81).
Toda vez retrocediera la democracia, la integración sería pervertida, imposible de refrescar e imaginar prospectivas. La articulación de las reelecciones inconstitucionales de Daniel Ortega y Nayib Bukele acelera el desmembramiento y la corrupción del SICA. La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se encuentra políticamente paralizada desde el 2021. Incluso, durante el COVID-19 imperó el “sálvese quien pueda” en el grado elemental y solidario de adquirir vacunas, quebrando el avance de las compras intergubernamentales. Los intereses ya eran oscuros: Bukele adquirió vacunas chinas Sinovac no aprobadas entonces por la OMS, contrato que aún sigue oculto; en Guatemala, el presidente Giammattei compró las rusas Sputnik también sin validación, y su caso está en tribunales. Fueron señales de lo que venía.
Los síntomas de descomposición van desde el ingreso oficial al PARLACEN del Partido Comunista de China y de los partidos políticos (la Duma) del criminal de guerra Vladimir Putin, hasta el inicio de relaciones con la petrolera y autoritaria Argelia, el único aliado norafricano de los ayatolas chií de Irán y pieza de su eje Hamas-Gaza/Hutíes-Yemen. La metástasis: las salidas falsas de Ortega y Bukele de los Órganos del SICA.
Ortega abrió este último episodio con la CCJ el pasado 19 de marzo que replicó Bukele el 31 de julio con el PARLACEN. El régimen de Ortega simplemente publicó una carta anunciando su salida de la Corte, mientras los diputados de Nuevas Ideas de Bukele borraron -según ellos- las elecciones correspondientes al PARLACEN enumeradas en el Art. 80 que es parte de las cláusulas pétreas irreformables de nuestra Constitución. Ningún caso corresponde a los procedimientos establecidos en el Derecho Comunitario centroamericano para que un Estado abandone los Órganos regionales. Sin activar esos mecanismos, toda salida anunciada carece de fundamento jurídico reduciéndose a propaganda habitual de las tiranías.
La CCJ frenó recursos legítimos contra Ortega, pero también contra Bukele como la demanda que presenté en febrero del 2021 por su desacato a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, y su violación a nuestra Carta Magna y al tratado de Seguridad Democrática al instrumentalizar la PNC y las Fuerzas Armadas. Eso a principios del 2021, peor 4 años y medio después. Lejana así la CCJ de su mismo Estatuto: “La Corte representa la conciencia nacional de Centroamérica y se considera, además, depositaria y custodia de los valores que constituyen la nacionalidad centroamericana”.
Yo me pregunto cuántos millones de yuanes, rublos, y bitcoin, han circulado para financiar deliberadamente la destrucción de la integración, aparte de lo que fluyó desde el BCIE a Bukele y Ortega bajo la presidencia de Dante Mossi (2018-2023) quien hace un año fue acusado por el propio BCIE en EE. UU. por “incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato, y violación a la Ley RICO”. RICO es la “Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Extorsión” emitida por el Congreso en 1970, utilizada, por ejemplo, para procesar a los dirigentes de la FIFA, entre ellos salvadoreños.
Por supuesto que hay algunos proyectos regionales -financiados por la cooperación internacional- que cuentan con funcionarios profesionales y probos, y generan resultados temáticos y sectoriales. Sin embargo, una integración centroamericana sin democracias nacionales no es integración.
Analista político y experto en relaciones internacionales
