Nadie, creo, está sorprendido por lo sucedido. Se extiende el período presidencial a seis años, se elimina la segunda vuelta y gana quien logre la mayoría de votos. Se adelanta la elección de presidente a 2027. Desde la toma de la Asamblea, el nombramiento de magistrados afines en la CSJ, la destitución del fiscal, las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, la presencia de gente afín en la Corte y las reformas al sistema electoral, ya se sabía hacia dónde iban los tiros. Hay un claro paralelismo con las reformas en Nicaragua durante el pacto Alemán-Ortega en 1998.

¿Es esto seguridad jurídica y legalidad? Reformas exprés, dispensa de trámites, discusión de apenas cinco horas, justo antes de vacaciones, publicación anticipada en el Diario Oficial y comunicados previos a su aprobación. ¿Corresponde que, de inmediato, el juez electoral anuncie que implementará los cambios? “¡Sí, sí, sí, señor!”. Unos lo justifican para “refundar” el país; otros advierten de los peligros que esto implica para la democracia.

El Salvador deja de pertenecer al grupo de países sin reelección, para entrar en el “cuadro de honor” de la reelección indefinida, cambiando drásticamente su sistema político, en la misma senda de Fujimori, Ortega, Chávez y Evo Morales. Esto coloca al país en una concentración de poder similar a la de Venezuela en 2009 o Nicaragua en 2014, replicando experiencias constitucionales que desembocaron en dictaduras. En América Latina, lo más común es asumir reformas constitucionales sin consulta, con mayorías que actúan de manera irresponsable, mienten, ignoran sus obligaciones de cumplir la Constitución y la adaptan a sus intereses, ocultando información, modificando a futuro y a su antojo la Carta Magna. Esto es un riesgo grave: “Fomentar el autoritarismo y la restricción de libertades”. Lo único predecible es lo impredecible.

Se advirtió incansablemente sobre los efectos en la institucionalidad: el peligro de que el gobernante abuse de su poder de diversas maneras y sin límites. El apoyo popular, aunque legítimo, puede convertirse en el argumento para que quien recibe ese “premio” se sienta dueño absoluto del país y manipule los procesos a conveniencia. Se rompen garantías ciudadanas, se eliminan pesos y contrapesos políticos, y se cambian las reglas por temor a perder el control ante posibles crisis sociales, económicas o políticas.

Criticar el respaldo popular no es el punto. El problema es que, como la historia lo demuestra, ese es el inicio de una autocracia: una línea de salida hacia la dictadura. La popularidad no es un cheque en blanco para modificar las reglas en beneficio propio. Y no se consolida de un día para otro; se fortalece día a día con el silencio cómplice.

En América Latina, muchas constituciones surgidas tras gobiernos militares —incluida la de El Salvador en 1992— crearon instituciones para evitar abusos del Estado contra los ciudadanos. La razón era clara: impedir que el poder se concentrara en una sola persona. Sin embargo, estamos regresando al pasado.

En 1939 se reformó la Constitución para facilitar la reelección del general Maximiliano Hernández Martínez. Desde 1938 ya había expresado sus aspiraciones. Utilizó cabildos abiertos, alcaldes, autoridades electorales, la CSJ y su partido Pro-Patria para recolectar firmas y simular un clamor popular. Lo mismo que hoy se argumenta: “El pueblo lo pide”. Aquello provocó críticas, cárcel, fusilamientos y exilios. En agosto formalizó su intención, en octubre se eligió la Constituyente y en enero de 1940 se aprobó una Constitución que permitió su reelección, siendo él elegido por los mismos diputados. Hoy vemos ecos de ese pasado: adelanto de elecciones, reformas sin atribución constitucional y un discurso de “refundación” similar.

¿Y por qué no la reelección indefinida? “Está en la historia”. Como dijo Lord Acton: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

No se vale justificarlo diciendo que “en Europa ocurre igual”. Cada país tiene su propia historia y condiciones. No se puede comparar democracias nacientes con sociedades con tradición parlamentaria, independencia judicial y sin injerencia militar en política. En Europa, los líderes enfrentan tribunales independientes. Pretender que esto vuelve el sistema “más democrático” es, en realidad, una apología al autoritarismo.

Cuando se borran el debido proceso y los contrapesos, el autoritarismo aflora y el siguiente paso es el abuso de poder. Las constituciones buscan equilibrar y limitar el poder del Estado; sin esos límites, se abren las puertas a la arbitrariedad.

En otros países, nadie permanece más tiempo del estipulado; no hay golpes de Estado y se respeta la Constitución. Pero el respeto a nuestra Constitución deja mucho que desear. Muchos llegaron por la vía democrática y terminaron instaurando autocracias o dictaduras: Stroessner, Perón, Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, Trujillo, Somoza García, Duvalier, Pinochet, Martínez. La historia demuestra que concentrar el poder destruye la institucionalidad y tiene un alto costo social.

La legitimidad de la Constitución no está solo en su forma, sino en el respeto a sus principios. Lo que está en juego es la salud democrática. Como dijo Winston Churchill: “La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”. Cuando se conoce al mago, ya no hay sorpresa: se sabe el truco.

El Departamento de Estado de EE. UU. hoy suaviza sus críticas sobre los abusos a los derechos humanos en El Salvador. También está el acuerdo de deportación de cabecillas MS-13 pedido por El Salvador. Lo importante no es la democracia, sino si un gobierno responde a sus intereses. Lo dijo Henry Kissinger: “Estados unidos no tiene amigos permanentes, ni enemigos permanentes, EE. UU. tiene intereses” . También lo hizo en honduras con JOH. La historia lo confirma con el Sha de Irán, Gadafi, Bin Laden, Somoza García, Trujillo, Noriega y muchos más.

Hoy, cada actor será responsable de sus decisiones y de sus consecuencias.

Fuentes: Historia de El Salvador, Gregorio López; Dr. H. Lindo; escritos varios.

General retirado Fuerza Armada El Salvador