La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la 42° prórroga del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, y que ha sido prorrogado mes a mes con el argumento de continuar la lucha contra las pandillas. La posible participación de menores de edad en hechos delictivos fue parte de las justificaciones.
Mes a mes, Nuevas Ideas introduce bajo dispensa de trámite la solicitud del Gobierno para mantener vigente esta disposición. En la sesión ordinaria 72, al solicitar la introducción de la correspondencia, el diputado de Nuevas Ideas Christian Guevara señaló que esperaba que todas las fracciones estuvieran a favor de la prórroga ya que «El Salvador está cerca de los 1,000 días sin homicidios».
Esta medida mantiene suspendidos tres derechos constitucionales: la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, el límite de 72 horas para la detención administrativa y el derecho a la defensa de las personas detenidas.
El Gobierno argumentó que necesitaba la prórroga para continuar las actividades operativas de seguridad, dado que actualmente las autoridades siguen ejecutando un número «considerable de detenciones de integrantes y líderes de estructuras criminales organizadas o terroristas en diversas zonas del país».
El gabinete de seguridad señaló en el escrito que ha detectado la comisión de delitos como portación ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas por sus estructuras y sus cabecillas de forma independiente, generado tensiones internas y disputas por el control territorial y de rutas ilícitas, «lo cual confirma la persistencia de las actividades delictivas de estos grupos ilícitos y sus miembros en todo el territorio nacional».
«Este panorama evidencia la urgencia de aplicar medidas firmes y sostenidas para desarticular dichas estructuras», establecieron en los considerandos.
Además, mencionaron entre las justificaciones que han contrarrestado hechos de personas menores de edad asociadas a dichas estructuras, quienes, según las autoridades, al salir de centros de resguardo, continúan siendo utilizados para participar en la reorganización de actividades ilícitas en los territorios donde residen.
El régimen de excepción, que sí ha dejado una disminución de homicidios, sigue siendo fuertemente señalado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, debido a denuncias de detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia estatal y restricciones prolongadas a las libertades individuales.
