Los jueces del Tribunal de Sentencia de San Vicente informaron este viernes que aplazarán el fallo judicial en contra de los ocho vinculados en el caso Santa Marta. 

Según notificó el tribunal, la resolución de la vista pública será dada a conocer hasta el próximo 10 de septiembre. Inicialmente, los jueces propusieron el 21 de agosto para dar el fallo, sin embargo esta fecha quedó sin efecto. 

Las autoridades no brindaron motivos de la reprogramación, solamente solicitaron a la Fiscalía que en las próximas 48 horas después de recibido esta notificación presente “la identificativa del testigo con régimen de protección clave Soriano”. 

La comunidad Santa Marta ha insistido, desde que inició el proceso en contra de los ambientalistas, que el caso es una represalia porque cinco de los acusados se opusieron en el pasado a la minería metálica.

Un nuevo juicio

Durante los alegatos finales de la vista pública (juicio), la Fiscalía solicitó penas mayores a los 30 años de prisión para los ocho procesados por el asesinato de María Inés Alvarenga, supuesta víctima en el caso Santa Marta.

 Según la acusación, los hechos ocurrieron entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre de 1989. Sin embargo, durante el juicio, testigos de la defensa relataron que durante ese período seis de los imputados estaban en lugares distintos a lo que señala la imputación. 

La tesis fiscal establece que los hechos iniciaron la noche del 22 de agosto de 1989, cuando dos excombatientes sacaron de su vivienda a María Inés Alvarenga y se la llevaron para un campamento guerrillero en el cantón Santa Marta, y que luego de 15 días la asesinaron. 

Dos hijos de la víctima declararon durante el juicio que su madre fue asesinada supuestamente al ser acusada por la guerrilla de ser informante del Ejército. 

Sin embargo, los dos testigos narraron que seis de los procesados por el asesinato de Inés Alvarenga se encontraban en dos campamentos, unos en Patamera, Chalatenango y otros en Guazapa.

 Los dos excombatientes narraron que desde marzo de 1989 se concentraron en diferentes campamentos en varias zonas del país para preparar la ofensiva final Hasta el Tope, ocurrida en noviembre de ese año.

Solicitud de penas

La Fiscalía solicitó a los jueces, durante los alegatos finales, penas de prisión que superan los 30 años. 

Los auxiliares fiscales desglosaron su petición de la siguiente manera: 30 años por el delito de asesinato y seis por privación de libertad para los ocho acusados. Y, además, por asociaciones ilícitas solicitaron tres años de cárcel para tres de los imputados y cinco años para el resto. 

Los ambientalistas de Santa Marta podrían enfrentar una pena de cárcel de hasta 41 años. 

En noviembre del año pasado, la Cámara de lo Penal de Cojutepeque anuló el fallo emitido el 18 de octubre por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en el cual los acusados fueron sobreseídos, y ordenó repetir el juicio. En la vista pública anterior, la Fiscalía solicitó una pena de 36 años.