Diferentes instituciones públicas han registrado altas cifras de despidos de personal bajo la administración de Nayib Bukele, advirtieron el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (SITRASALUD) y en el marco de la entrega de propuesta del presupuesto de 2026 advierten que más personas perderán sus empleos.
Consideran que antes de que finalice el año, serán 18,585 las personas despedidas desde octubre de 2024 de diferentes instituciones públicas y hasta municipales.
Luis Rivera, abogado del movimiento, llamó a los empleados del sector público a que acudan a ellos para poderlos asesorar.
“Sabemos que hay una práctica dentro de la mayoría de instituciones del gobierno para poder despedir a los trabajadores y crearles indefensión, esto significa que son despedidos a veces por un mensajito, una llamada telefónica, en sesiones colectivas y en la mayoría de los casos no les dan un documento en el cual les están notificando el despido”, destacó Rivera.
Según sus reportes, el año inició con el Instituto de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), que en enero cesó a 200 trabajadores. En marzo, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) despidió a 1,100 docentes obligados al retiro y el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) separó de sus cargos a 120 empleados de salud en marzo.
En junio, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) despidió a 25 trabajadores, mientras que en julio la Alcaldía Municipal de La Paz Este (de Nuevas Ideas) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) San Miguel reportaron 140 y 30 despidos, respectivamente. Ese mismo mes, el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOB) cesó a 20 empleados de Correos.
En agosto continuaron los despidos: el MINEDUCYT nuevamente prescindió de 14 trabajadores, la alcaldía de San Salvador Este (de Nuevas Ideas) despidió a 377 personas, y el ISSS, incluyendo el Hospital General, separó de sus funciones a 490 empleados.
A lo anterior, el movimiento y el sindicato agregan a los colaboradores despedidos en diciembre de 2024 por el presupuesto del año en curso, del que contabilizan 11,200.
Proyecto de 2026
El sindicato denunció este martes que “el régimen de Nayib Bukele continúa violando derechos laborales y constitucionales mediante despidos arbitrarios, represión y la privatización de servicios públicos esenciales como la salud y la recolección de desechos”.
En especial con la propuesta de Ley de Presupuesto General de 2026 con el que, según los montos, habrá una disminución de 782 plazas solo del Ejecutivo.
“En este presupuesto ya aparecen plazas que van a ser suprimidas en el gobierno central, todavía nos falta revisar en los otros Órganos del Estado”, mencionó Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores.
El mayor recorte lo tendrá el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, con 1,226 plazas menos, de las cuales 284 son de personal de seguridad y 509 administrativos. Después está el ramo de Educación que tendrá 115 plazas menos.
“En Educación, la cantidad de plazas que se van a suprimir es todavía superior a las que está reconociendo el gobierno en este momento”, consideró Rodríguez.
Gobernación tendrá la reducción de 83 plazas laborales para el próximo año; el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tendrá 58 menos, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) tendrá 54 puestos laborales menos, el Ministerio de Economía tendrá una reducción de 15, el de Cultura tendrá seis menos y el Ministerio de Vivienda tendrá cuatro menos.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, entregó el proyecto de Presupuesto 2026 al presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. | Foto EDH/Cortesía @AsambleaSV
En su comunicado, las organizaciones llamaron a la clase trabajadora a unirse y defender la Constitución de la República, señalando que las recientes medidas gubernamentales “niegan los derechos conquistados por la clase trabajadora salvadoreña”.
El sindicato demandó al gobierno: Respetar el derecho constitucional al trabajo; cesar los despidos ilegales; respetar el debido proceso; cumplir las leyes que garantizan el incremento salarial para más de 40,000 maestras y maestros; detener los despidos arbitrarios e ilegales de trabajadoras y trabajadores municipales, especialmente en la empresa de recolección de desechos sólidos MIDES y en la Alcaldía de San Salvador.
También piden frenar la privatización del sistema público de salud y garantizar el derecho laboral de médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y personal administrativo.
Asimismo, los movimientos ciudadanos advirtieron que los despidos en la Alcaldía de San Salvador y en la empresa MIDES amenazan a más de 1,000 trabajadoras y trabajadores, lo que consideran un “ataque directo contra los derechos laborales y humanos”.
Finalmente, la organización anunció que ha presentado demandas ante la Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Constitucional y Sala de lo Contencioso Administrativo) y el Tribunal del Servicio Civil, exigiendo la reinstalación inmediata del personal afectado y la nulidad de los despidos.
