La Relatora de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, lamentó este viernes no haber recibido una respuesta por parte del Gobierno de El Salvador, a través de la Cancillería, a una carta enviada en la que pide información sobre la detención de activistas y la situación de derechos humanos en el país centroamericano.
Lawlor hizo pública la carta -en un mensaje en X- donde expone el caso de «la detención arbitraria, el enjuiciamiento y el allanamiento de personas defensoras de los derechos humanos» de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), una organización no gubernamental. «Lamento no haber recibido una respuesta de @cancilleriasv (Cancillería salvadoreña)», escribió la relatora.
Ya pública: carta al gobierno de #ElSalvador sobre la detención arbitraria, el enjuiciamiento y el allanamiento de personas defensoras de los derechos humanos de la @Unidehc. Lamento no haber recibido una respuesta @cancilleriasvhttps://t.co/aStLQAGepu
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) October 10, 2025
De acuerdo con información publicada en el sitio web del Relator Especial de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos, «la comunicación fue enviada al Gobierno de El Salvador el 15 de mayo de 2025. Permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. Lamentablemente, el Gobierno no respondió durante este periodo».
La relatora de la ONU se refiere, en el documento, a los casos de los activistas Fidel Zavala, Ivania Cruz y Rudy Joya, estos últimos abogados, miembros de Unidehc y que se encuentran fuera de El Salvador.
Zavala fue arrestado el pasado 25 de febrero y se encuentra detenido en la cárcel conocida como Mariona, de la que denunció la práctica de torturas en su interior, supuestamente perpetradas por los custodios, en el marco de la implementación de un régimen de excepción contra las pandillas.
El pasado 10 de marzo, un grupo de 171 organizaciones de más de una veintena de países pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emitiera medidas cautelares de protección para Zavala.
De acuerdo con las organizaciones humanitarias salvadoreñas y de Estados Unidos, Zavala «estuvo detenido por trece meses antes de ser declarado inocente en marzo de 2023» y «fue testigo de una serie de abusos, torturas y actos de corrupción cometidos en el sistema penitenciario salvadoreño».
Además, las ONG han apuntado que Zavala denunció «por tales hechos al director de Centros Penales, Osiris Luna, y a custodios de los recintos penitenciarios». Por su parte, la abogada Cruz señaló en su momento que el traslado de su compañero a la cárcel Mariona «es parte de una venganza política de las instituciones estatales y del presidente, Nayib Bukele», por las denuncias presentadas por el letrado.
La abogada Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una organización regional de derechos humanos, también permanece en prisión desde mayo. El Gobierno la ha acusado de presunto «peculado» o apropiación indebida de fondos del Estado.
Audiencia inicial caso Ruth Eleonor López. Foto EDH / AFP
El Diario de Hoy intentó este sábado obtener la versión del Ministerio de Relaciones Exteriores; pero no fue posible ya que los números telefónicos consultados no fueron respondidos probablemente por ser fin de semana.
