Sobornos obligatorios disfrazados de “donaciones”; pagos directos a custodios y personal penitenciario y participación de abogados intermediarios que cobran hasta $5,000 por una visita en cárceles salvadoreñas, son parte de las modalidades identificadas por Cristosal en su último informe: “El negocio oculto del sistema penitenciario salvadoreño”.

La organización reveló en esta investigación un mecanismo que involucra a custodios, abogados particulares y directores de centros penitenciarios.

Cristosal documentó casos en los que hubo cobros ilegales, extorsiones y pagos de miles de dólares para que familias de privados de libertad accedieran a información de sus detenidos o incluso consiguieran una visita al interior del penal. 

“No son casos aislados: las cadenas de sobornos y favores llegan hasta las direcciones de penales y altos funcionarios, y es un ejemplo más de cómo la criminalidad de las pandillas ha sido sustituida por la criminalidad de un Estado autócrata”, detalló la organización.

Las visitas familiares en todos los centros penales de El Salvador fueron suspendidas oficialmente por el Gobierno en marzo de 2020, después que Nayib Bukele decretó emergencia nacional en todos los recintos carcelarios luego de ataques dirigidos a elementos de seguridad pública.  

Lastimosamente los criminales aún controlan la mayor parte del Estado.

Vamos a dar el 100%, dentro de lo que la ley nos permita.

Dios nos proteja a todos.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 3, 2020

Tras los estados de emergencia, la situación para los privados de libertad y su familia se agudizó, ya que en abril de ese mismo año el Gobierno decidió mantener suspendidas las visitas, esta vez, por la situación de la pandemia por el covid-19. Esta medida se mantiene cinco años después. 

Cristosal presentó tres ejemplos de casos de cómo opera este sistema  de corrupción en las cárceles de El Salvador. En el caso 2 mencionan sobre pagos directos de particulares a contactos en centros penitenciarios.

Cristosal recogió el testimonio de “Maura”, identificada así para proteger su verdadero nombre. Sus tres hijos fueron capturados en 2023 en diferentes momentos y se encuentran recluidos en los penales de Gotera, Izalco y La Esperanza, conocido como Mariona.

Precisamente en este último centro penitenciario observó cómo se realizan las visitas a cambio de dinero. “Me pedían $2,000 en Mariona para poder ver a mi primer hijo. Y créame, si los hubiera tenido, los hubiera pagado para verlo”, relató Maura.

Ella describe que el mecanismo para acceder a una visita “es una cadena”. Agrega que tuvo la oportunidad de ver cómo otra persona sí entró a ese penal. 

“La muchacha entró dos veces a Mariona. Pagó $4,000 cada vez que entró a ver al marido. A él lo acaban de detener, hace como un mes. Una vez tuve la dicha de ir con ella. Yo me quedé afuera de Mariona, y a ella la llevaba una persona que estuvo detenida, que es gay. Estuvo detenido ahí en Mariona y le consiguieron chance para estar consiguiendo clientes con dinero, pagando, para que fueran a ver a sus reos”, mencionó.

Y agregó: “Varias personas entraban, varias personas pagaron su dinero (…) A Osiris Luna dice que le entregan el dinero. A ella la llegó a traer una camioneta lujosa, a lugares donde iba a entregar el dinero, y ella me comentó que era a él, porque ella hablaba con Osiris Luna, y él le decía que le mandara el dinero con esta persona gay”.

Maura asegura que cada visita duró únicamente 20 minutos. Sin embargo, estas visitas cesaron luego que esta persona fue capturada el 1 de mayo de 2024, supuestamente por pertenecer a una banda de estafadores. 

Maura consideró que el arresto pudo deberse a represalias porque tenía conocimiento sobre “las irregularidades ocurridas en los centros penales y por ser una testigo incómoda”.

Cristosal documentó otro caso sobre este mecanismo de pagos. Se trata de “Estela”, quien relató que en 2022 capturaron a sus dos hijos. Ella narró que mientras sus hijos estaban detenidos en el penal de Mariona una señora llegó a su vivienda y le dijo que tenía información sobre el mayor. 

Esta persona le dijo que su hijo también estaba recluido, pero en fase de confianza y que le mandaba a decir que estaba bien. Le envió, según su testimonio, una carta en la que le pidió zapatos y otros implementos. 

“Me dijo que yo pusiera dinero a nombre de ese hombre, supuestamente para que él sacara y se lo diera a mi hijo. Era una extorsión”, sospechó Estela.

Lo que no se imaginó es que quien solicitaba el dinero era una custodia de Mariona que tenía la información de sus hijos, con la que buscaba extorsionar a la familia a cambio de brindar información. Ella no accedió a la solicitud, porque recién acababa de hacer un depósito en las cuentas de sus hijos y llevar los paquetes al penal. 

Esa situación derivó en una consecuencia fatal para su hijo mayor, según relató Estela. “Cuando le dije que no, se enojó y sacó el teléfono enfrente y le habló a alguien, oí al otro lado que una mujer le reclamó. No me imaginaba en ese momento que esa mujer (en la llamada) era un custodio que conocemos. Como yo le dije que no teníamos dinero ella puso la queja y pude escuchar que la mujer le contestó. No, hombre, el siguiente domingo mi hijo ya era un cadáver”, describió. 

Cristosal añade que la corrupción y los abusos documentados en el informe confirman que “el régimen de excepción ha convertido las cárceles en un negocio de extorsión y muerte y que lo que debería ser justicia, rehabilitación y dignidad, se ha transformado en una maquinaria de sufrimiento humano administrada por el Estado”. 

Una red de abogados 

Para la investigación, Cristosal entrevistó a un abogado a quien identificó como “Gregorio”, quien confirmó que existen empleados en los centros penales que reciben pagos por permitir visitas a recluidos por el régimen de excepción.

Según el abogado, las familias han llegado a pagar hasta $5,000 y existe una red de abogados que realizan labores de intermediarios. Él menciona que esta estructura la integran profesionales con amplia experiencia y conocimiento del sistema judicial salvadoreño, “y que tienen cercanía con personas clave dentro de los centros penales, como Alma Yanira Meza Olivares, madre del director general de Centros Penales, Osiris Luna”. 

Gregorio tiene conocimiento de una abogada que, según él, ha participado en este mecanismo de visitas. Cristosal citó un caso de una persona privada de libertad que fue condenada en 2022 y que, según su familia, lo han visitado en dos ocasiones en Mariona, pagando $500 en cada ocasión. El acceso a estas visitas fue facilitado por una abogada, mencionaron los parientes. 

“Los beneficios negociados por la abogada, según los familiares, incluyeron el pago de $3,000 para lograr el traslado de la persona detenida a un sector menos conflictivo dentro del centro penal”, reveló Cristosal.

 Además, mencionan que esta misma abogada requirió cerca de $7,000 para lograr la liberación de esa persona encarcelada, “aunque al momento de la grabación de audio, esa liberación aún no se había concretado”, aclaró la organización. 

Otro modalidad de corrupción

En el informe, la organización también identificó otras tres modalidades de corrupción al interior de centros penales. Mencionan que existe una red que se encarga de sustraer bienes que van en los paquetes para los reos.  

Cristosal enlistó las tres formas en la que los custodios operan. En primer lugar, mencionan las veces en la que siguen recibiendo paquetes a pesar que los reos han fallecido y no han informado a las familias. El segundo punto es cuando los reclusos han sido trasladados a un hospital y los custodios siguen recibiendo el paquete; y el tercero es cuando son enviados a otros penales y siguen sin notificar a los familiares. 

“Los testimonios más dolorosos revelan incluso que hubo familias que siguieron pagando sobornos sin saber que sus seres queridos ya habían muerto bajo custodia estatal o que fueron presuntamente asesinados cuando sus familiares no pudieron pagar”,cuestionó Cristosal. 

Según el conteo que lleva esa organización, 419 personas han muerto dentro de las cárceles desde que inició el régimen de excepción.