La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) llevaría un registro de todos los casos de detenciones en el marco del régimen de excepción que llegan a la institución; pero pese a las constantes denuncias de posibles abusos y malos tratos de los detenidos en los centros penitenciarios, la entidad no habría recibido ni un solo caso de tortura en este periodo, según lo expuesto por su titular, Raquel Caballero de Guevara.

La funcionaria asistió este lunes a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para participar en la entrevista a las candidatas y candidatos al cargo de procurador de Derechos Humanos para los próximos tres años, puesto que Caballero de Guevara aspira a ejercer por tercer periodo.

Caballero expuso parte del trabajo que ha realizado en este segundo periodo que inició en 2022 y finaliza el próximo 15 de octubre, como pronunciamientos iniciales y finales, acciones de protección, informes e investigaciones de oficio, como las que habría realizado a diferentes centros penitenciarios para constatar las condiciones en que habitan los privados de libertad, elogiando la administración de la Dirección de Centros Penales.

En la etapa de preguntas, la diputada Marcela Villatoro hizo varias interrogantes que le fueron compartidas por la ciudadanía en redes sociales, relacionadas a las acciones que hace la PDDH en atención a las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal que se han presentado en el contexto del régimen de excepción.

También sobre las acciones concretas de denuncias de personas que ya cuentan con una carta de libertad, pero no han sido liberadas por Centros Penales, entre otras interrogantes sobre las personas desaparecidas y los menores de edad en condición de abandono porque uno ambos padres están detenidos.

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Caballero respondió que del 19 de octubre de 2022 al 19 de septiembre de 2025, tuvieron 60,131 notificaciones de detenciones, con 65,086 personas detenidas a nivel nacionales, el 87% hombres y 12.97% mujeres.

«Lo que hemos hecho respecto a este tema es documentar todos los casos, documentar los casos que llegan a la institución», aseguró.

Dijo que en este periodo, familiares de personas detenidas le pidieron apoyo para ubicar el lugar donde estaban recluidos sus parientes. «En un principio querían saber adónde estaban sus hijos», afirmó.

Y aseguró que se coordinaron con la Dirección de Centros Penales y la Policía Nacional Civil para ubicarlos. Además de gestionar que se les brinde los tratamientos médicos para quienes lo requieren.

En el caso de las personas con cartas de libertad, afirmó que lograron la salida «de muchas personas», aunque no especificó la cantidad. «No solamente las que han tenido cartas de libertad, sino que otros casos que han llegado a la institución y se ha evaluado los casos que se han tomado en cuenta en este tema», respondió.

Y aseguró que trabajan informes únicos y se emitieron más de 8,700 oficios de consulta ante supuestas detenciones arbitrarias y malos tratos.

«Pero de todos, así como lo informé al Comité contra la Tortura, en este periodo no he recibido ni un solo caso de tortura que haya sido denunciado en la institución que presido», afirmó.

Incluso dijo que tuvo reuniones con entidades de sociedad civil que expusieron que tenían casos concretos de tortura, pero que no le brindaron la información.

Por su parte, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, cuestionó dónde se encuentran los informes de las acciones realizadas, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó el año pasado 4,825 detenciones arbitrarias, 402 casos de tortura en los centros de detención, 193 desapariciones forzadas y más de 300 muertes en custodia del Estado.

«¿Dónde encontramos esos informes? Si no están listos, ¿a qué se debe la tardanza? En un momento en El Salvador, después de los conflictos armados, no se había vivido una vulneración sistemática de los derechos humanos de parte del Estado como se está viviendo desde el régimen de excepción», dijo Rivas.

En su respuesta, Caballero dijo que «yo tengo otra versión de los hechos» y se refirió a la situación de violencia de las pandillas en 2015.

«No es cierto que estamos viviendo esta situación. Cuando el Estado permite que en el año 2015 hayan muchos asesinados, incluso más de 3,000 al mes, es un Estado fallido», dijo

Después de la procuradora fueron entrevistados los aspirantes Carolina María Hernández de Hernández, Walter Edgardo Fuentes Rodríguez, Roswall Gregorio Solórzano Hernández y David Oswaldo Escobar Menéndez.

La Comisión dictaminó favorable para que el pleno legislativo lleve a cabo la elección del titular de la PDDH.