La Asamblea Legislativa aprobó prorrogar por un año más la vigencia la Ley transitoria de participación de la Fuerza Armadas salvadoreña (FAES) en una misión en pro de la seguridad de Haití, que inició en diciembre del 2024.
La aprobación de la reforma tuvo lugar este miércoles en la sesión plenaria y se aprobó sin debate parlamentario y de forma exprés.
La “Ley Especial Transitoria para la Participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en Haití” contempla que la participación de la FAES en la misión se encuentra compuesta de aeronaves de ala rotativa, completamente equipadas para evacuaciones médicas y con protección de otras aeronaves propias y otros vehículos que se consideren necesarios para la misión.
Dicha participación se realizaría por el período comprendido entre la fecha de despliegue efectivo del personal de la misión hasta el 2 de octubre de este año; pero se dejó contemplado que el periodo podría ampliarse en consideración de las necesidades de la misión y de acuerdo a las capacidades institucionales, “siempre que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renueve la extensión de la operación de la misión”.
«Las disposiciones previstas en esta Ley para la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la Misión regulada en este decreto, permanecerán vigentes un año posterior a la fecha establecida en el inciso segundo del presente artículo», se adicionó a la ley.
El personal del contingente de El Salvador comprende personal civil y militar de la FAES quienes coadyuvan con las tareas que ejecuta la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS). Se estableció, además, que pueden gozar de libertad de movimiento.
La ley especial indica que el contingente salvadoreño tiene la responsabilidad de respetar las leyes y costumbres locales y abstenerse de cualquier “actividad incompatible con la naturaleza imparcial e internacional de sus funciones” o aquella que se aleje con el espíritu del propósito de las Naciones Unidas.
Con la ley se facultó al presidente de la República a realizar los arreglos necesarios, con el propósito de que el personal del contingente salvadoreño no sea entregado o transferido a ningún tribunal internacional, entidad o Estado para ser juzgado, sin perjuicio del cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por el país; así como que el personal del contingente local goce de un trato favorable e igualitario en el mantenimiento de la seguridad.
El acuerdo incluye que el comandante de la Misión tiene la autoridad de investigar y aprehender a miembros del personal que cometan faltas disciplinarias graves, según las políticas y directrices conductuales y disciplinarias, y procurará el traslado de dichos miembros a las respectivas autoridades del país participante.
