El gobierno de los Estados Unidos tendría una postura sesgada, acorde a sus intereses geopolíticos, por lo que desestima las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador, según algunas voces expertas.

El «Informe de País sobre prácticas de derechos humanos 2024: El Salvador», del Departamento de Estado de EE.UU., publicado el martes 12 de agosto, dice en su resumen que no se registraron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en El Salvador durante el año y alabó al gobierno.

«No hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos», dice el resumen. Esto pese a que diferentes organizaciones han denunciado casos de arbitrariedades y abusos cometidos por el Estado desde la aplicación del régimen de excepción; además de denunciar la inexistente independencia en los órganos Judicial y Legislativo respecto al gobierno de Nayib Bukele.

Es de conocimiento público la cercanía entre los gobiernos del republicano Donald Trump con el presidente salvadoreño Nayib Bukele; lo que incide en el resultado de la evaluación.

La experta en derechos humanos, Celia Medrano, mencionó que los informes del Departamento de Estado «se han entendido como una referencia» en el monitoreo sobre cumplimiento de garantías democráticas y respeto a los derechos humanos a nivel internacional.

«Muchos analistas no han compartido este criterio, señalando que Estados Unidos ha medido el respeto de los derechos humanos por parte de otros gobiernos a partir de sus propios intereses, no sobre la base de la universalidad de los derechos humanos; por lo que las evaluaciones desde el Departamento de Estado parten de la cercanía geopolítica con el gobierno estadounidense», expresó.

Considera que El Salvador ha servido como un aliado en violaciones a derechos humanos, por ejemplo, con los 252 venezolanos que fueron deportados al CECOT.

Y que eso deja en claro que para el Departamento de Estado «no es realmente importante si se violan derechos humanos en un país, sino que es más importante si el gobierno del país que se evalúa responde a los intereses de Estados Unidos o no», dijo Medrano.

«Cualquier supuesto monitoreo de cumplimiento anual de garantías en materia de derechos humanos sesgado a cualquier tipo de intereses pierde legitimidad», Celia Medrano

Una investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en anonimato, dijo que era esperable esa postura. «Si un gobierno no es capaz de asegurar los derechos humanos para sus propios ciudadanos, si quita seguridad social y acceso a salud, si abusa de personas inmigrantes, si no protege los derechos de los afroamericanos, podemos decir que su postura en el análisis de los derechos humanos en otros países es consecuente», expresó.

Contradicciones

Noah Bullock, director de Cristosal, señaló que el resumen ejecutivo del informe presenta dos hallazgos contradictorios: Que no hubo informes creíbles de violaciones a los derechos humanos y, al mismo tiempo, que sí hubo acciones creíbles para identificar y sancionar a funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos. Pero que ninguno de estos hallazgos está respaldado por la realidad.

«No existe constancia pública de que algún funcionario haya sido sancionado por estos crímenes; por el contrario, en los casos presentados por las familias de las víctimas, el sistema de justicia ha actuado para proteger a los responsables de violaciones a los derechos humanos, evitando su rendición de cuentas», dijo.

Cristosal ha presentado pruebas testimoniales, documentales y forenses de tortura sistemática en las prisiones, la cual ha causado la muerte de al menos 400 personas, cifra que puede ser mucho mayor.

«El Departamento de Estado tiene interés en negar las violaciones de derechos humanos en las cárceles salvadoreñas porque el sistema penitenciario de El Salvador —responsable de violaciones masivas a los derechos humanos— estaba bajo contrato con el gobierno de los Estados Unidos en un acuerdo que derivó en la detención arbitraria y desaparición forzada de cientos de migrantes; muchos de los cuales, tras su reciente liberación, han denunciado actos de tortura durante su reclusión», reiteró Bullock.

La abogada Roxana Cardona considera que el análisis estadounidense fue con base a información gubernamental sobre derechos humanos no violados «y de legalización de las acciones de tortura, un nivel muy bajo de parámetros de pruebas: todos son culpables».

Y que EE.UU. envía un mensaje muy claro: «No existirán más sistemas de alerta temprana que influyan en la formulación de políticas, estrategias y operaciones internacionales y nacionales para prevenir, mitigar o responder a las crisis de violación de derechos humanos, incluidos los conflictos judiciales y de autoritarismo».

Advierte que con eso «justifica una justicia basada en venganza, no en derecho».

«Estados Unidos con Trump no reconoce derechos humanos ni le interesa. Justifica una justicia basada en venganza, no en derecho», dijo

Denuncias

Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), opinó que lo que demuestra el gobierno de Trump es «un respaldo abierto para el que régimen de Bukele siga concretando su proyecto político de instalar una dictadura fascista en El Salvador».

Aunque no dejarán de denunciar en instancias internacionales. «Para nosotras es fundamental seguir demostrando la situación crítica que atraviesa nuestro país en el plano internacional, con independencia del reconocimiento de la violación de los derechos humanos en El Salvador por parte del gobierno de los Estados Unidos», dijo.

Añadió que EE.UU. «es un país en decadencia» y que los respaldos más importantes se pueden encontrar en el sur global y en los países que defienden la verdadera democracia.