La Mesa Permanente por la Justicia Laboral y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular emitieron un pronunciamiento este jueves en contra de los centenares de despidos efectuados en el municipio de San Salvador Este el 27 de agosto.

Los despidos, de acuerdo con Rafael Méndez, portavoz de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral son una medida que apunta a entregar a empresas privadas la prestación de servicios municipales como la recolección de desechos y la administración de mercados.

Desde la reestructuración municipal de 2024 ordenada desde el Ejecutivo, señala Méndez, ya era previsible que esta impactaría negativamente en la manera en la que funcionan y distribuyen su trabajo las municipalidades. A esto se suman a las leyes que centralizan la gestión de desechos y la administración de mercados en la Presidencia de la República.

Lo que el gobierno municipal de San Salvador Este ha denominado como “supresión de plazas” se ha dado en un contexto de retrasos en pago de salarios, anulación de bonos, acoso laboral, falta de uniformes y horarios de trabajo arbitrarios, dijo.

“Los trabajadores despedidos están siendo acosados y amenazados por los concejos municipales para que no denuncien, para que no realicen actividades de protesta, para que no se movilicen en torno a la defensa de sus derechos laborales”, expresó Salomón Alfaro, integrante del BPR.

El miércoles, una fuente municipal confirmó que las disposiciones del régimen de excepción están siendo utilizadas para amedrentar a los afectados, además de que se estaban entregando indemnizaciones simbólicas que, en algunos casos, no correspondían al tiempo trabajado.

El régimen, vigente desde hace más de tres años, faculta a cuerpos de seguridad a realizar arrestos de forma inmediata y sin informar motivos y amplía el periodo de detención que la Fiscalía tiene para iniciar una acusación formal.

Integrantes de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral indicaron que un aproximado de 400 personas que laboraban en el tren de aseo y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), del distrito de Soyapango, fueron cesados y que, previsiblemente, la cifra podría aumentar en los próximos días o semanas.

Reconocieron que la figura de la supresión de plazas está contemplada en la ley, pero enfatizaron en que existe un procedimiento a seguir, mismo que se ha obviado derivando en arbitrariedades, consideraron.