Organizaciones sociales de varios países expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación ante lo que consideran un ataque sistemático a abogados y abogadas de la región americana, por lo que piden su mediación para que los diferentes estados adopten medidas de protección.
La CIDH realizó ayer sus audiencias abiertas en el marco del 194 periodo de sesiones y uno de los temas abordados fue la «Situación de las personas abogadas».
Las organizaciones solicitantes fueron: Fundación para el Debido Proceso, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Instituto de Defensa Legal, Centro Hans Litten, Robert F. Kennedy Human Rights, Cristosal, Unidad de Exiliados Nicaragüenses, Asociación para el Desarrollo Indígena Social, Asociación Centro de Acción para la Libertad, Asociación Unidad Juvenil y Estudiantil para el Desarrollo Regional, Centro Ciudadano de Litigación Estratégica en Derechos Humanos y Asociación Civil «Consorcio, Desarrollo y Justicia».
«El ataque a la abogacía no es un fenómeno aislado, sino constituye un síntoma profundo del desmantelamiento institucional, de la captura del sistema de justicia, de la erosión del espacio cívico afectando directamente la posibilidad de construir sociedades justas, equitativas y respetuosas de los derechos humanos», dijo Juan Francisco Sandoval, de Guatemala.
Indicó que en distintos países se utiliza el derecho penal para abrir causas injustificadas contra abogados. «La preocupación del grupo nace de establecer que cuando las personas abogadas son perseguidas, la independencia judicial se deteriora, las garantías del debido proceso se vacían y los grupos más vulnerables, aquellos que dependen de defensores para acceder a la justicia, quedan aún más expuestos a la arbitrariedad estatal», añadió.
Por parte de El Salvador participó David Morales, de Cristosal, quien señala ataques y restricciones al ejercicio de la abogacía.
«La consolidación del autoritarismo ha tenido como consecuencia restricciones al ejercicio de la abogacía. Especialmente en los ámbitos penal, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la defensa del medio ambiente», dijo.
Recordó las detenciones de los abogados Ruth López, Enrique Anaya y Alejandro Henríquez. «A partir de estas detenciones más de una docena de personas abogadas de alto perfil público abandonaron El Salvador ante el riesgo inminente a ser detenidas», dijo.
También expuso que quienes ejercen la defensa técnica en procesos penales relacionados al régimen de excepción «sufren limitaciones procesales inaceptables».
La persecución contra abogadas y abogados se ha convertido en una herramienta para sofocar la justicia en Centroamérica.
En el #194PeriodoCIDH, Cristosal señaló este patrón ante la Comisión.
👉 Nuestro compañero, David Morales, expuso cómo en El Salvador quienes defienden… pic.twitter.com/4dVXbNPbh8
Entre las peticiones a la CIDH está: «Instar a los Estados a crear o fortalecer mecanismos nacionales de protección, que incluyan específicamente a abogadas y abogados que trabajan en causas de interés público; particularmente aquellas relacionadas con derechos humanos, corrupción y litigios de alto perfil».
Además, le instan a que recomiende a los países la derogación de tipos penales ambiguos o prohibir su interpretación y aplicación con el fin de perseguir, intimidar o criminalizar a abogados.
También que requiera investigaciones «prontas, imparciales y exhaustivas» frente a ataques y amenazas, hostigamientos digitales o campañas de estigmatización contra abogados, incluyendo aquellos provenientes de actores estatales.
