Centenares de trabajadores del área de gestión de desechos sólidos del distrito de Soyapango, en el municipio de San Salvador Este, fueron citados este miércoles por la mañana para ser notificados de su despido.

Una fuente municipal ha revelado que unos 250 trabajadores de la referida área están siendo notificados de su cese, algunos con hasta más de dos décadas de servicio están siendo afectados por la decisión de la comuna de San Salvador Este, sin seguir el debido proceso.

Les están informando de una «supresión de plazas», para lo cual hay un procedimiento que no se está siguiendo, según la fuente. Además, de que se les está entregando una suma de dinero en calidad de indemnización la cual, en algunos casos, no corresponde al tiempo trabajado.

“Hay un compañero que lleva trabajados 27 años y le están dando siete mil dólares”, comentó. La entrega de la indemnización simbólica también es acompañada de la advertencia “o lo toma o lo deja”.

Podría extenderse

La supresión del área de aseo de Soyapango podría replicarse en otros distritos que integran el municipio (Ilopango, San Martín y Tonacatepeque) y esta medida afectaría a entre 800 y 1,000 personas que laboran en las mismas, estimó la fuente municipal.

La medida estaría ligada a que los servicios de recolección de desechos sean gestionados por la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), entidad creada por la Presidencia de la República a finales de 2024 y que la Asamblea Legislativa aprobó que asuma hasta la mitad de los ingresos por barrido, aseo, limpieza, transporte y disposición final de desechos.

Además, también advirtió que, con la recientemente creada Dirección de Mercados Nacionales, entidad también bajo el mandato de la Presidencia, la administración de los mercados del municipio inminentemente será retirada de las municipalidades y que eso podría traducirse en más despidos.

Amenazas con régimen de excepción

La suspensión de derechos constitucionales vigente desde hace más de tres años con el régimen de excepción también estaría siendo utilizada por la municipalidad para coaccionar a los trabajadores, de acuerdo con sus denuncias.

Según ha denunciado una fuente, las personas que manifiesten su descontento ante los despidos y tomen acción alguna podrían ser detenidas bajo las disposiciones que permiten arrestos sin una orden judicial, sin ser informado de las razones y con un periodo de captura preventiva prolongado.

Esta advertencia inhibe a los empleados a manifestarse contra la arbitraria supresión de plazas.