Dos mujeres fueron condenadas a diez años de cárcel tras comprobarse que extorsionaron a dos personas a quienes les aseguraron ser integrantes del Cártel de Jalisco Nuevo Generación, una organización basada en México dedicada al tráfico de drogas y armas.
Julia Irene Ramírez Rosales y Febe Estefany Molina Meléndez fueron condenadas por un tribunal antimafia de San Salvador por el delito de extorsión agravada.
La investigación determinó que el 26 de abril de 2024, Molina Meléndez se comunicó con la primera víctima para exigirle la entrega de tres mil dólares para no atentar contra la vida de la segunda víctima de extorsión.
La víctima recibió la llamada en el distrito de Jutiapa, Cabañas, y provenía de un número extranjero. Con temor, le hizo un depósito por $992 pues no contaba con el monto exigido, lo que Molina le recriminó minutos después en otra llamada.
La segunda víctima, contra la que supuestamente atentarían, también recibió una llamada desde un número extranjero exigiéndole bajo amenaza de muerte la entrega de mil dólares. A este segundo afectado le dijeron que se encontraba “en territorio del Cártel de Jalisco Nueva Generación».
Les depositó $78 y luego $300 desde una agencia financiera, esto después de que «lo amenazaran con francotiradores”, expone el reporte judicial sobre el fallo condenatorio.
La primera de las víctimas denunció las amenazas y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron a la segunda víctima sana y salva.
La investigación determinó que el dinero fue recibido en una cuenta bancaria que pertenecía Ramírez Rosales y que el teléfono desde el que se hicieron las llamadas estaba a nombre de Molina Meléndez.
A Óscar Elías García Rivera y José Otoniel Meléndez les fue decretada la prisión preventiva mientras que a Óscar Alejandro Tario Blanco, prófugo entonces, le fue girada una orden de captura.
Presuntamente, los acusados contrataban a empresas que brindaban servicios como instalación de aires acondicionados, conexiones eléctricas, medición de terrenos, construcción, entre otros. Pactaban el precio y daban una dirección para que los trabajadores llegaran.
Al llegar, los trabajadores se comunicaban con los contratantes (los imputados) puesto que la dirección en la que fueron citados no existía.
Luego, privaban de libertad a las víctimas (los trabajadores) les decían que se encontraban en un terreno «dominado por el Cártel de Jalisco y vigilados por francotiradores»y les exigían $5,000 a familiares o conocidos de los trabajadores, que debían depositar en cuentas bancarias para liberarlos.
