Tras declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2016 la aprobación de una ley de justicia transicional, para dar paso a la justicia a las víctimas del conflicto armado. Organizaciones han llevado propuestas de ley a la Asamblea Legislativa en los últimos tres años, pero ninguna ha prosperado. Casi diez años después, la sentencia de la sala no se ha cumplido.

Aún sin una ley, algunas asociaciones han trabajado en acompañamiento a las víctimas, tal es el caso de Pro Búsqueda, que desde la guerra civil (1980-1992) a la fecha se ha enfocado en reencontrar a familias con niñas y niños desaparecidos en el conflicto. En la actualidad acompañan a 600 familias.

La directora de esta organización, Ana Julia Escalante, recuerda en una entrevista la necesidad de tener esta ley y explica cuál es beneficio que traería a las víctimas directas de masacres y de otros crímenes de la guerra. También destaca el valor que debería dársele a la memoria histórica a nivel educativo.

«Desde hace años, las asociaciones han promovido que la memoria histórica sea parte de los procesos educativos, no solamente como una historia que se puede leer en una clases sociales, por ejemplo; sino que la memoria histórica sea parte de un proceso real de educación en el que los niños y los jóvenes aprendan del pasado para no volver a vivirlo, que aprendan a resolver los conflictos sin llegar a actitudes violentas», menciona.

¿Cuál sería el fruto de educar en memoria histórica y justicia transicional?

Principalmente, conocer nuestras raíces, identificar los errores que se han cometido en el pasado, considerando también el desarrollo de una cultura de paz. El resultado va a ser personas más conscientes, que se identifiquen con su pasado, pero también más conscientes de su futuro.

Si se aprobara alguna de las propuesta de ley, ¿Las víctimas directas del conflicto alcanzarían a verlo?

Hay aún víctimas directas, personas que sufrieron directamente los abusos durante la guerra y ellos, lógicamente, al existir una ley de justicia transicional, van a poder ver alcanzado uno de esos objetivos. Solo nosotros el número de casos que llevamos son unas 600 familias, ya con otras organizaciones, habrá más.

¿Cuáles retos enfrentan al acompañar a las familias?

Si estamos hablando de los últimos años es la edad. Ya muchos padres, madres, hermanos de niños desaparecidos durante la guerra están falleciendo, están adoleciendo enfermedades, otros han emigrado.

Uno de los retos principales es el tiempo. El tiempo está pasando y lastimosamente muchos están muriendo sin saber la verdad.

¿Han tenido conocimiento de víctimas que fallecieron durante los procesos de búsqueda?

Muchos casos que se pusieron desde el 94, que lastimosamente ya esa familia, esas madres fallecieron. Podemos hablar dar un ejemplo: el caso de las hermanas Serrano: la madre falleció sin saber la verdad de dónde están sus hijas, y así muchos.

Pro-Búsqueda ha generado una metodología de acompañamiento, tratando de ser lo más integral posible porque sabemos que la desaparición afecta a todas las esferas del ser humano, pero lastimosamente hay muchas madres, padres que ya fallecieron.

¿Cómo podría esta ley fortalecer los esfuerzos de las organizaciones?

Desde hace años se viene promoviendo una ley de justicia transnacional, han sido tres años en los cuales se han presentado propuestas. ¿Por qué las asociaciones de víctimas, los sobrevivientes han querido presentarla? Porque se necesita un marco legal.

Se han promovido por las organizaciones, a través de procesos de memoria histórica, de las investigaciones, ya sea vivas o a través de exhumaciones. Es decir, la verdad está ahí.

Necesitamos contar con fuentes para esclarecer los casos, desarrollar estos procesos de memoria, tener un compromiso con las víctimas y contar con ese marco legal, que establezca toda la estructura, las instituciones que van a ser garantes de esos derechos, para que las víctimas puedan tener un instituciones, una base jurídica, algo que sí realmente les permita avanzar en esos temas.

Las personas tienen derecho también a conocer a los perpetradores de estas violaciones a los derechos humanos. La violencia es un ciclo. Las víctimas, luego de procesos de violencia como la guerra, tienen a bien el proceso de restaurar, trascender, a la paz.

Si se aprobara la ley, ¿Cuáles serían las primeras acciones que impulsarían?

Lo primero sería poder contar con un sistema integral de atención a las víctimas. Al existir una ley de justicia transicional se abriría la puerta para que las familias que no han logrado localizar a sus hijos sepan que tengan esa posibilidad de conocer qué pasó.

¿Seríamos una sociedad diferente si se esclarecieran estos casos?

En alguna medida sí, porque eso superaría muchos errores del pasado y principalmente se identificaría la necesidad que tienen las familias que han sufrido una vulneración a derechos humanos.

¿Se ha perdido la memoria histórica en El Salvador?

No se ha perdido, principalmente por los mismos sobrevivientes en sus comunidades. La memoria no se ha perdido, está ahí y debemos de reconocer ese trabajo que se realiza a nivel comunitario, para no olvidar. Año con año las comunidades se reúnen no solamente a recordar, sino a conmemorar la dignidad de las víctimas a quienes les fue arrebatada la vida.