La Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa aprobó nuevamente el dictamen al proyecto de Ley especial para la prevención, control y sanción de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La nueva normativa que sustituirá a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos pretende que se mantenga la inclusión financiera y reduce las entidades obligadas.
El proyecto fue aprobado en diciembre de 2023, pero este viernes la comisión reconsideró el dictamen y escuchó la exposición del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, y de la superintendente del Sistema Financiero, Evelyn Marisol Gracias.
Delgado asegura que existe una «sobre regulación» de sujetos obligados.
«Lo que provoca es obstáculos para ser eficientes, crea una gran cantidad de información sin ningún tipo de metodología, sin ningún tipo de parámetros objetivos para generar información de calidad que pueda ser analizada por la Unidad de Investigación Financiera», dijo.
Actualmente, la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos cuenta con un listado de 20 sujetos obligados que deben reportar las diligencias u operaciones financieras «sospechosas» o que superen el umbral de la ley, así como nombrar y capacitar a un oficial de cumplimiento.
Delgado dijo que se reducen a diez. En primer lugar estarán todas aquellas instituciones cuyo supervisor natural es la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), también estarán obligadas las personas jurídicas que se dediquen a actividades de naturaleza financiera o de préstamos.
Otras son los casinos y empresas de juegos de azar; quienes se dedican a la intermediación inmobiliaria o de bienes raíces; los comerciantes de metales y piedras preciosas.
Estarán obligados los abogados, notarios, contadores y auditores que realicen estas actividades: Compra y venta de bienes inmobiliarios; administración de dinero, valores u otros activos del cliente; administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas; la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.
Además, quienes se dedican al transporte de dinero o valores; los proveedores de servicios de activos digitales y proveedores de servicios de bitcoin y los partidos políticos.
No se incluyen a los importadores o exportadores de insumos agrícolas y vehículos, las agencias de viajes, empresas constructoras, empresas privadas de seguridad, empresas hoteleras, organizaciones no gubernamentales, inversionistas nacionales y extranjeros; droguerías, laboratorios farmacéuticos y farmacias; asociaciones y gremios empresariales y sociedades mercantiles.
El fiscal fijo que el país se sometió a evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) con algunas consecuencias, una de esas se refiere a la actualización de la normativa. La ley crea el Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CIPLAFT), como un organismo consultivo y de coordinación.
El fiscal Rodolfo Delgado asegura que la norma debe actualizarse a los estándares internacionales y esta ley va orientada a la inclusión financiera.
El proyecto establece que «no constituirá causal de exclusión» para el acceso a productos o servicios financieros a una persona por el hecho de que, «durante la aplicación de medidas de debida diligencia, se identifiquen noticias periodísticas, referencias, inclusión en listas internas del sujeto obligado, señalamientos o antecedentes relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o sus delitos generadores».
«Hablando de estas listas que se hacen para excluir a algunos salvadoreños, como todo El Salvador ya lo sabe al diputado Christian Guevara, jefe de fracción, le llegaron a quitar todos, en su momento, todos los servicios financieros por cuestiones de noticias, por cuestiones incluso de informaciones o listas de otros países y cuestiones que internamente que no estaban absolutamente comprobadas», dijo Caleb Navarro.
Esta referencia sería cuando el diputado Guevara fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que llevó a la cancelación de su visa. Pero Navarro mencionó que recientemente viajaron a Washington.
“Se los cuento ahora como anécdota porque estuvimos ya de visita con el diputado Christian Guevara, hace dos semanas, en el congreso de los Estados Unidos, con la presidenta del Caucus”, dijo.
El fiscal reiteró que la nueva ley busca evitar arbitrariedades y que la Fiscalía no puede cerrar cuentas bancarias.
