Los congresistas estadounidenses James P. McGovern e Ilhan Omar advirtieron que las llamadas leyes de agentes extranjeros están siendo utilizadas por gobiernos con tendencias autoritarias, «como el de Nayib Bukele», para restringir a la sociedad civil y silenciar a voces críticas bajo el pretexto de la transparencia.

La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, de la Cámara de Representantes de EE.UU., co-presidida por McGovern escuchó el martes a expertos en organizaciones no gubernamentales en una audiencia sobre las leyes dedicadas a los agentes extranjeros y sus implicaciones para los derechos humanos en varios países, en los que se mencionó a la administración salvadoreña.

«En los últimos años, un número creciente de países ha aprobado leyes que exigen transparencia o limitan la financiación extranjera a las ONG. Organizaciones de derechos humanos han caracterizado estas leyes como una herramienta de control autoritario sobre la sociedad, que estigmatizan y atacan a la sociedad civil y a los activistas y que limitan la libertad de expresión y asociación», señala el portal de la Comisión.

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También el portal afirma que las leyes de agentes extranjeros inhiben la prestación de la asistencia y los servicios humanitarios, jurídicos y técnicos necesarios, siembran desconfianza y debilitan los vínculos interpersonales.

McGovern señaló que estas normativas, que en apariencia buscan detener la injerencia extranjera, en realidad se aplican para cerrar el espacio de participación ciudadana.

«Los autócratas temen la pérdida de control, y con estas leyes se aseguran de que las ideas contrarias no sean vistas ni escuchadas. No debería sorprender a nadie que este modelo fuera diseñado primero por Vladimir Putin y luego por China», afirmó McGovern.

El congresista subrayó que legislaciones de este tipo autoritarias, «replicadas desde Rusia y China, ya se encuentran vigentes en países como Venezuela, Nicaragua, Georgia y ahora también en El Salvador».

Añadió que, aunque reconoce que las ONG no son perfectas, «demonizarlas» tampoco es lo correcto.

El funcionario destacó, además, la labor de entidades como Cristosal en El Salvador, que documentan abusos en cárceles bajo el régimen de excepción, auxiliaron a víctimas del desplazamiento forzado por pandillas y trabajan en pro de la transparencia.

Usan transparencia como pretexto

Ilhan Omar denunció que en la práctica este tipo de leyes no buscan una transparencia real.

«Con frecuencia la transparencia se usa como pretexto para que los gobiernos autoritarios vigilen a sus críticos y silencien a la oposición», sostuvo.

Omar mencionó directamente a Bukele en El Salvador y a Orbán en Hungría como ejemplos de líderes conectados a redes políticas de derecha que impulsan estas normativas.

«No es coincidencia que el auge de estas leyes ocurra en países con líderes vinculados entre sí, y tampoco es un accidente que muchos de sus discursos fueran repetidos en Estados Unidos por figuras como Elon Musk», advirtió.

Vale mencionar que en El Salvador, el gobierno central promovió la ley bajo este argumento de transparencia; sin embargo, el mismo gobierno se caracteriza por ocultar información pública, en particular sus contrataciones y hasta declarar bajo reserva información oficiosa.

Según Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), El Salvador sigue una ruta similar a Nicaragua con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, en mayo de 2025.

«Mientras el gobierno de Bukele justifica estas leyes como herramientas de transparencia, en realidad son un esfuerzo por silenciar voces críticas», dijo.

Según Méndez, al menos 8,000 ONG podrían resultar afectadas en el país, especialmente aquellas que denuncian corrupción y abusos de derechos humanos.

Alertó que el contexto actual de El Salvador ha llevado a que al menos 47 periodistas independientes y 33 defensores de derechos humanos hayan sido forzados al exilio: «Es un éxodo no visto desde la guerra civil».

Además, denunció el uso de detenciones arbitrarias contra defensores como Ruth López y advirtió que la falta de instituciones independientes permite que el registro de ONG quede bajo control de personas alineadas con Bukele, lo que facilita la persecución de voces críticas.

Méndez Dardón lamentó que en El Salvador se viva un constante ataque a todo aquel que emita una crítica contra alguna política gubernamental o de forma directa contra un funcionario; pues quien lo hace es acusado de ser defensor de pandilleros.

También, mencionó en la audiencia que ella misma ha sido acusada por el oficialismo salvadoreño de defender a pandilleros.

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El partido de gobierno, Nuevas Ideas, tampoco se familiariza con la transparencia, pues nunca ha revelado el listado de sus financistas. Incluso, una organización ciudadana intentó obtener dicha información a través de una solicitud de acceso a la información pública, pero esta ni siquiera fue recibida por el partido.

Registro como espionaje

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, sostuvo que estas leyes no representan un riesgo real para la seguridad de los países, sino que buscan controlar y vigilar a la sociedad civil.

«La idea detrás de todas estas leyes es que, cada vez que el gobierno quiere avanzar en algo, lo hace sin permitir una discusión real», resaltó.

«El llamado es a terminar con estas leyes y a ofrecer ayuda real ante las amenazas. No creo que el riesgo de la sociedad sea la sociedad civil. El registro es como un espionaje», señaló.

Romero advirtió, además, que en El Salvador estas iniciativas se aprueban mediante procedimientos de urgencia que restringen incluso el debate legislativo.

Vale recordar que la Asamblea Legislativa aprobó la ley de forma exprés y sin consulta, proceso que Romero consideró inadecuado.

Bukele mandó, a través de Gobernación, la propuesta de ley y fue aprobada para «transparentar uso de fondos provenientes del exterior», pese a que las organizaciones siempre revelaron a sus financistas.

«Hasta estos maleantes disfrazados de ONG van a poder tener la oportunidad de ayudar al pueblo con lo que paguen», aseguró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.

Romero señaló que estas leyes efectivamente buscan silenciar a las organizaciones, más que enfocarse en la transparencia, cuando en los países se les etiqueta de ser alguna clase de enemigo de la sociedad. En El Salvador, a las ONG defensoras de derechos humanos, el gobierno las tilda de defender a grupos terroristas.

Consecuencias visibles

Tras la vigencia de la ley, dos organizaciones anunciaron su cierre. La primera en anunciarlo fue la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), después de casi cuatro décadas de trabajo, debido a las condiciones de la ley.

«Nacimos con la convicción de que el derecho debía ser parte del quehacer social del pueblo salvadoreño, como herramienta de transformación frente a la injusticia, como voz y defensa de quienes históricamente han sido marginados, excluidos y silenciados», mencionó en el comunicado de su cierre.

La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en El Salvador (FUDECSO) también anunció su cierre: «La Ley de Agentes Extranjeros es una ampliación de la aplicación del régimen de excepción contra la ciudadanía, en este sentido, preferimos disolver a FUDECSO que perder nuestro derecho a ser ciudadanos libres».

Otra organización ciudadana enfocada en los derechos de las mujeres también cerrará operaciones, pero pidió a El Diario de Hoy no identificarla mientras lo anuncia a sus beneficiarias.

En el caso de Cristosal, si bien está inscrita oficialmente en el país, cerró sus operaciones desde antes de la ley, debido al acoso y persecución. Desde hace años, el gobierno de Bukele les impuso el pago de impuestos, pese a que son un organismo sin fines de lucro.

En solidaridad al cierre de los organismos ciudadanos, la Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala se manifestó en contra de la ley.

«Leyes draconianas como la de agentes extranjeros restringen el derecho de asociación o bien, generan inseguridad jurídica ante la posibilidad de aplicar un régimen de prohibiciones e incluso derivar en persecución penal», advirtió.

La Convergencia manifestó su total rechazo a toda forma de hostigamiento y persecución contra quienes defienden los derechos humanos, la justicia y la dignidad de las personas en El Salvador.

«Afirmamos que la persecución a quienes defienden derechos humanos es un ataque directo a la libertad de asociación y al compromiso ciudadano con una sociedad más justa y equitativa. Hacemos un llamado a mantener la unidad y a fortalecer el apoyo a FESPAD y a todas las organizaciones que enfrentan la represión por la ley», manifestó el colectivo de organismos defensores de derechos.

La Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador dio paso a la creación del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), una dependencia del Ministerio de Gobernación, a la que deben estar inscritas todas las ONG.

El RAEX obliga a las organizaciones a canalizar los recursos financieros o activos recibidos, a través de cualquier sujeto, entidad o institución, esté o no supervisada o regulada por la Superintendencia del Sistema Financiero, siempre que se encuentre legalmente autorizada para operar en el país o realice actividades de intermediación, gestión o traslado de fondos en el territorio nacional.

Las prohibiciones para las personas y organizaciones que actúan como agentes extranjeros son actuar como tal y llevar a cabo las actividades reguladas por esta ley sin estar registrada en el RAEX.

También está estrictamente prohibido utilizar donaciones o cualquier otro tipo de financiamiento con fines políticos, «especialmente si estas actividades buscan alterar el orden público o si representan una amenaza para la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país».

No se puede recibir ni utilizar donaciones u otros tipos de financiamiento para realizar actividades que no hayan sido declaradas previamente en el RAEX, o que no estén alineadas con los fines y objetivos establecidos en los documentos de constitución de la organización.

Además, está prohibido recibir donaciones, fondos o bienes de cualquier tipo de fuentes o personas anónimas. Otra prohibición es la de transmitir o hacer que se transmita cualquier tipo de material informativo, ya sea físico, electrónico o digital, en nombre o en interés de un mandante extranjero sin indicar claramente que dicho material es transmitido o financiado por un donante extranjero.

Finalmente, es obligatorio informar al RAEX si se utiliza cualquier otra entidad, persona natural o jurídica como intermediaria para recibir, canalizar o transferir fondos del exterior a favor de organizaciones sin fines de lucro, si esos recursos están destinados a una entidad nacional o extranjera que opera en el país.