Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Red Nacional de Hospitales, sindicatos y asociaciones del sector salud han expresado su preocupación ante la libertad que la normativa ofrece para la adquisición de medicamentos, equipo y suministro; incrementando el riesgo de corrupción hasta un 25% del presupuesto, según explicó Alfonso Rosales, médico salubrista y especialista en enfermedades tropicales.
A través de una entrevista radial, Rosales señaló que la ley puede tener aspectos positivos para la población, pero que su aplicación debe ser rigurosamente vigilada debido a la flexibilidad que ofrece.
“Específicamente uno de los objetivos de este sistema es darle flexibilidad y agilidad a la red de hospitales, pero al darle flexibilidad y agilidad también se corre el riesgo de que los niveles de corrupción aumenten”, señaló Rosales durante su intervención.
Tras la reciente aprobación de la ley a finales de agosto, se establece que la Red Nacional de Hospitales no estará sujeta a la Ley de Compras Públicas, (misma aprobada por el gobierno en turno en 2023), ya que la normativa establece que la nueva red dispondrá de un régimen especial de compras, que regulará lo concerniente a los métodos para adquirir y contratar obras, bienes, servicios, consultorías y concesiones.
A juicio de Rosales “le está quitando esas instituciones que están monitoreando cómo se utilizan esos recursos públicos”.
El médico citó los estudios sobre corrupción realizados por el dr. Robert Klitgaard, en un lapso de 40 años, los cuales identifican que existen variables que influyen en el desarrollo de corrupción relacionados a los sistemas de salud, entre ellas: un monopolio del suministro y la discrecionalidad de los proveedores.
“Aumentando la discrecionalidad de que gozan estos proveedores en la red de hospitales disminuye la responsabilidad que tienen estos proveedores”, señaló el especialista.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, se estima que a nivel global hay niveles de corrupción entre el 10 y 25%.
Rosales explicó que “si aplicamos esta figura al Ministerio de Salud, en el 2024 el presupuesto del Ministerio de Salud sería de $1,262 millones. Si tomamos el 25% de corrupción, o sea dinero que fue a bolsillos privados, estaríamos hablando de un monto de $315 millones que potencialmente podrían haber sido vulnerables a corrupción”, explicó.
Diferentes sectores han expresado preocupación ante las libertades que tendrá la nueva ley, siendo el Hospital Nacional Rosales el primero que entraría bajo esta administración.
“Indudablemente es una cifra bastante, bastante fuerte, la cuarta parte del presupuesto y las implicaciones que tiene esta corrupción en el sistema de salud son incluso más profundas, más peligrosas que la corrupción que vemos en un Ministerio de Obras Públicas o en una municipalidad”, recalcó el especialista.
Así avanzas los trabajos en el hospitales Nacional José Rosales, el cual esta ubicado en el 25 Avenida Norte entre 1a. Calle Poniente y, Alameda Franklin Delano Roosevelt, San Salvador.
Foto EDH/ Lissette Monterrosa
Una crisis planificada
El Colegio Médico de El Salvador expuso que los artículos de la nueva normativa han sido expresados de forma ambigua.
“Es necesario ponerle mucha atención, por ejemplo es una probable privatización del sistema de salud, nosotros lo hemos venido diciendo que las crisis de salud parece que están siendo orquestadas o preparando el camino para salir diciendo que el sistema de salud no funciona, que es mejor concesionario y que sean otros los que lo brinden”, señaló el presidente del Colegio Médico, en entrevista con YSKL, este lunes.
Bajo este argumento la gremial sostiene que el artículo 3, literal G, señala la oportunidad de gestionar concesiones, pero no delimita cuando es necesario o bajo qué motivos puede permitirse este tipo de acciones.
“Conociendo los antecedentes previos en el país (…) pueden decir saben que el servicio del Hospital Nacional Rosales no está funcionando bien así que lo vamos a concesionar a una empresa extranjera, que ellos traigan sus propios médicos y de esa manera irnos metiendo en esa rueda de caballito de concesiones con el objeto de beneficiar, pero se vuelve el inicio de una privatización” porque estas empresas no son caridad, dijo Solano Leiva poniendo como ejemplo el sistema de salud en Colombia, dependiendo del seguro que las personas puedan pagar así son los servicios que los que pueden acceder.
Temor a exigir sus derechos
El presidente del Colegio Médico señala que en la actualidad existen marcadas limitaciones del personal de salud y la sociedad para expresar su opinión lo que dificulta una reacción unificada.
“El temor que vemos en la población salvadoreña para expresar su opinión está presente entre los profesionales, ese pavor si yo exijo mis derechos me pueden quitar mi trabajo o puedo tener otro tipo de represalias, eso está afectando tener un tipo de respuesta organizada como gremio de salud y en el resto de la sociedad”, recalcó Solano Leiva.
