Acción Ciudadana presentó este jueves los hallazgos del «Informe Estado de la integridad electoral en El Salvador, periodo junio a septiembre de 2025», que analiza 11 indicadores relacionados a la integridad del proceso electoral.
El primero de estos se refiere al Diseño legal del sistema electoral y las elecciones, que analiza la normativa vigente y las reformas relacionadas a las elecciones.
«El hallazgo más relevantes es que con la reformas electorales impulsadas por el oficialismo las elecciones han perdido su capacidad de balancear el poder y permitir la alternancia», dice la organización.
Además, esas reformas generan distorsión en la representación y condiciones inequitativas en las elecciones.
En 2023 se reformó el Código Electoral para reducir el número de diputaciones en la Asamblea Legislativa a 60 y se cambió la fórmula de asignación a una de promedios mayores. Además, se emitió la Ley Especial para la Reestructuración Municipal que redujo a 44 la cantidad de municipios en el país.
Cabe mencionar que el voto desde el extranjero, en el caso del voto remoto por Internet, los votos se atribuyen a la circunscripción de San Salvador en el caso de las diputaciones, lo que significa que se infla de manera artificial.
Estas circunscripciones se mantendrían vigentes para las elecciones de 2027, lo que a criterio de Acción Ciudadana «seguirán generando distorsiones, lo que beneficia al partido oficial, incluso si obtuviera menor votación a nivel legislativo y municipal en 2027».
Pero este año también se añade la reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y adelanta las elecciones presidenciales dos años, para que se realicen elecciones generales en 2027.
«La reforma constitucional que redujo el periodo presidencial para realizar elecciones generales en 2027 está a tono con patrones ya conocidos en contexto autoritarios. Hay que decirlo claramente, esto podría consolidar el sistema de partido único», advierte Acción Ciudadana.
Adelantar las elecciones presidenciales también impacta en la planificación de la autoridad electoral, es decir, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el financiamiento de los comicios, cuya proyección presupuestaria aún no se ha dado a conocer.
Acción Ciudadana también considera importante que se adecuen las circunscripciones electorales a los datos del Censo de Población de 2024. «No tomar en cuenta los cambios que el Censo de 2024 conlleva para el establecimiento del tamaño de las circunscripciones legislativas, podría dejar sobrerrepresentadas algunas de ellas, produciendo una distorsión del sistema electoral», expuso.
Otra reforma constitucional fue la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, lo que los deja a merced de financiamiento privado y sus intereses. Aunado a eso, la mayoría de partidos, principalmente Nuevas Ideas, no transparente la información de sus financistas.
«El que los partidos no informen de sus donantes y los montos de dinero recibido, afecta la equidad de la competencia, pues posibilita el ingreso de dinero prohibido y el ilegal para financiar campañas, y en algunos casos el uso de dinero público o los bienes del Estado», destaca el informe.
La situación de los partidos políticos y candidaturas es otro de los indicadores analizados.
«El acoso y persecución a representantes de partidos políticos conlleva afectación al derecho a organizar y ser parte de un partido, además de constituirse en un problema de seguridad electoral, en tanto implica presión policial a uno de los contendientes más relevantes del proceso. El caso puntual, se dejó al partido VAMOS no solo sin su encargada de organización, sino sin un representante con experiencia ante la JVE, lo que también le afecta la hora de fiscalizar al TSE», dice otro de los hallazgos.
