El miércoles 28 de mayo de 2025, Erik Alexander Mejía Alfaro, bajo los efectos del alcohol, impidió que su compañera de vida ingresara a su vivienda ubicada en el cantón El Socorro, del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.  Luego empezó a discutir con ella, una mujer de 32 años, frente a sus dos hijos menores de edad. Sacó un corvo para atacarla, y ella intentó defenderse cubriéndose con sus manos, pero Mejía le cortó ambas extremidades. La víctima también sufría violencia psicológica, según la información inicial que ha recabado la Fiscalía del caso.

Este caso es uno de los más graves registrados en 2025. Y aunque no hay datos oficiales disponibles sobre este tipo de delitos, agrupaciones como la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) alertan que los hechos de violencia hacia las mujeres y la violencia feminicida, no solo se concentra en la capital del país, sino que se dispersa en los departamentos del interior de El Salvador.

ORMUSA tiene un observatorio donde, a través de monitoreos de medios de comunicación, registra casos de violencia hacia las mujeres. Según sus último informe,  con datos desde el 1 de enero hasta el 11 de agosto de 2025, 14 mujeres han sido asesinadas este año. San Salvador es el departamento que concentró el 29% de feminicidios ocurridos este año. Los departamentos de La Unión, San Miguel y Santa Ana registraron dos casos cada uno.

Los departamentos de Cuscatlán, La Libertad, La Paz y Usulután reportaron 1 caso cada uno.

«Este esfuerzo de documentación independiente es necesario ya que desde 2022, las fuentes oficiales dejaron de publicar datos periódicos y desagregados por sexo. Esta falta de datos dificulta conocer la magnitud real del problema, limitando la formulación de políticas públicas basadas en evidencia para dar una mejor respuesta a la atención de la violencia contra las mujeres», señala ORMUSA.

Hasta 2022, según estadísticas que hasta ese momento proporcionaban las instituciones públicas, el área rural del país era el principal escenario de violencia feminicida. De 204 muertes violentas de mujeres (homicidios y feminicidios) registradas  entre 2021 y 2022,  80 de ellas, es decir el 39.2%, ocurrieron en la zona rural. El otro 38.2% de asesinatos de mujeres fueron cometidos en el área urbana (Ver gráfico).

En la actualidad, las instituciones que persiguen los delitos han decidido ocultar toda la información que permitiría entender el perfil de las víctimas, dónde están ocurriendo más casos, o la periodicidad de estos.

La escasez de datos

Silvia Juárez, abogada de ORMUSA, explica que «en términos de tendencia frente a la a las zonas urbanas o rurales, ciertamente no tenemos acceso a datos que nos permitan advertir esta afirmación. Sin embargo, cuando retomamos el monitoreo de medios, advertimos los lugares en los que las mujeres mayormente han sido asesinadas; vemos, por ejemplo, que el lugar de mayor ocurrencia ha sido la calle o carretera, incluso predios baldíos, miradores, fincas, incluso son de los hechos que más se tiene registro».

Las muertes violentas de mujeres han tenido una disminución en los últimos años, una tendencia que se viene observando desde 2018. Sin embargo, para Juárez es importante resaltar que cuando se segregan todas las muertes violentas de mujeres, los casos vinculados a los entornos de confianza,  donde los victimarios son las parejas o algún familiar, este tipo de casos no tienen un comportamiento a la disminución, sino, por el contrario, es una tendencia que se ha mantenido o hasta ha subido, como ocurrió 2023 y 2024.

«Por ejemplo, este tema de ataques en carretera abierta suele ocurrir sobre todo no en las zonas urbanas, sino justamente en las zonas rurales, donde son dejados los cadáveres o donde muchas veces ocurren los feminicidios. Estamos hablando de cinco casos para este año, es decir, el 36% de ellos. También mujeres que murieron en ambulancias, en el transporte posteriormente habían sido lesionadas», dice Juárez.

La abogada explica que la ruralidad añade un componente de dificultad para que las mujeres puedan denunciar el inicio de ciclos de violencia. No es lo mismo denunciar para una mujer que vive en la zona urbana del país, donde hay acceso a una delegación policial, o el transporte no es un problema, que para una mujer que vive en la zona rural, donde es más complicado.

«Las posibilidades de poner límites tempranos, de poner una denuncia ante una violencia, ante una amenaza, pueden ser mucho menores para mujeres, por ejemplo, en Meanguera del Golfo, o en Pasaquina, Chirilagua, que son municipios en los que ha ocurrido hechos de violencia feminicida», advierte.