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La justicia es “instrumentalizada” con fines políticos, señala abogado

En el país habría una persecución política ideológica contra defensores de derechos humanos, según abogado

Benito Lara ex ministro Seguridad

El abogado Henry Fino consideró que la justicia en el país es instrumentalizada con fines políticos y un ejemplo es la condena a exfuncionarios por supuestas negociaciones con pandillas para obtener beneficios electorales y que funcionarios actuales habrían cometido las mismas acciones, pero no son procesados judicialmente.

El martes el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó al exalcalde Ernesto Muyshondt, de ARENA, los exministros Benito Antonio Lara y Ramón Arístides Valencia, del FMLN, a penas de 18 y 28 años de cárcel, luego de que los jueces creyeron en la memoria del testigo criteriado “Noé”, quien narró las reuniones en las que participaron los políticos con miembros de pandillas.

“Me da un sinsabor de la instrumentalización de la justicia en El Salvador. Con fines eminentemente políticos”, dijo Fino en la entrevista Encuentro con Julio Villagrán este miércoles.

Señaló la “doble moral” en los casos. “Si realmente la justicia y la Fiscalía actuara dentro del marco de su función, pues así como ha juzgado a estos exfuncionarios, pues tendría que estar juzgando a actuales funcionarios que hay en la misma medida de estos; insisto en los EE.UU. hay líderes pandilleros que dicen que funcionarios han participado en esos mismos delitos por los que estos han sido condenados”, afirmó.

Pero como no se procesan judicialmente, por eso señala que hay una instrumentalización de la justicia.

“La justicia en El Salvador siempre ha sido, lamentablemente, instrumentalizada, tristemente. En el pasado a favor de los ricos y poderosos en este país y sigue siendo así”, opinó.

Agregó que hay una “manipulación política” de la justicia. También cuestiona la base legal para la imposición de años de cárcel por evento electoral en las supuestas negociaciones.

“En El Salvador hay una persecución política ideológica, porque si no, no tuviéramos defensores de derechos humanos perseguidos, encarcelados, exiliados; una persecución política ideológica, si no, no tuviéramos periodistas exiliados o si no tuviéramos una persecución política ideológica no tuviéramos organizaciones de sociedad civil con el uso perverso de la ley, como la Ley de Agentes Extranjeros”, expuso.

Añadió que esa ley sirve “para tener reprimida” a la población.

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Recordó que de los 15 magistrados de la corte plena de la Corte Suprema de Justicia, 11 han sido electos por el partido de gobierno y cuatro fueron impuestos en mayo de 2021.

“¿Qué sucede con estas elecciones? Ha habido poca participación de los abogados. Las organizaciones, que tampoco tienen una gran presencia en este momento de crisis, tuvieron dificultad para inscribir”, mencionó.

Esta baja participación de abogados sería porque consideran que “ya había una decisión tomada” en favor de las personas que tomarían una postura “genuflexa” frente al actual régimen.

“Los que pudieran haber tenido algún criterio legal, de justicia, esos nunca iban a ser tomados en cuenta”, dijo.

Considera que sería la misma situación instrumentalización política en los procesos contra Ruth López y Enrique Anaya y los ambientalistas de Santa Marta, quienes fueron declarados absueltos dos veces.

Fino mencionó que hay un retroceso en el respeto a los derechos humanos en El Salvador.

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