El salvadoreño Kilmar Ábrego García, convertido en el rostro más visible de la lucha para garantizar el debido proceso a los inmigrantes en EE.UU., solicitó a un juez de inmigración la reapertura de su caso en busca de asilo político como parte de su batalla para evitar ser deportado a Uganda.
Sus abogados solicitaron a un tribunal de inmigración que reabra el caso cerrado en 2019, cuando un juez le negó una primera solicitud de asilo por presentarla después del tiempo permitido, pero evitó su deportación al considerar que su vida corría peligro en El Salvador.
La nueva solicitud de asilo marca un nuevo giro en la pelea que ha dado el salvadoreño, casado con una ciudadana estadounidense y padre de una niña de cinco años, en la batalla jurídica contra el Gobierno del presidente Donald Trump, que lo expulsó tras un error administrativo en marzo pasado y tuvo que regresarlo a EE.UU. tres meses después acatando una orden judicial.
La Casa Blanca ha dicho en repetidas ocasiones que su meta es expulsar a Abrego García del país al considerarlo una persona «peligrosa» con lazos con pandillas de origen salvadoreño.
Con ese objetivo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo al inmigrante el lunes pasado, tras presentarse en una cita en las oficinas de Baltimore (Maryland).
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó ese mismo día que Ábrego García se encontraba en proceso de deportación a Uganda.
Pero este miércoles la jueza federal del Distrito de Maryland, Paula Xinis, detuvo la expulsión del salvadoreño hasta el próximo 6 de octubre, cuando considerará una solicitud de ‘habeas corpus’, el principio jurídico que protege a las personas contra las detenciones arbitrarias, presentada por los abogados del inmigrante.
Xinis, la misma que en abril ordenó al Gobierno estadounidense que facilitara el regreso de Ábrego desde El Salvador, ha cuestionado a la Casa Blanca por su afán de expulsar al inmigrante y desconocer sus decisiones.
La orden de la magistrada impide que ICE expulse a Ábrego García fuera del territorio continental de Estados Unidos y garantiza que permanezca en un centro de detención del ICE cercano a su domicilio en Maryland, para tener acceso a su defensa, según informó Simón Sandoval-Moshenberg, uno de sus abogados.
Se espera que Xinis proteja a Abrego García de ser deportado hasta que entregue su fallo. La jueza dijo que después de la audiencia programada para el 6 de octubre planeaba emitir una decisión en un plazo de 30 días, según información citada por CBS.
El caso de asilo
En ese tiempo, el equipo legal del salvadoreño tendrá que esperar que una corte de inmigración acceda a reabrir el caso.
Sin embargo, el panorama no se ve muy favorable, puesto que esos tribunales están bajo la dirección del Departamento de Justicia de EE.UU., el mismo que lo acusó de forma sorpresiva en una corte federal en Tennessee por tráfico de inmigrantes, tras el error del Gobierno Trump de expulsarlo a El Salvador.
Ábrego García se declaró inocente de los dos cargos que le imputan, y un juez de Tennessee, donde fue acusado, ordenó su libertad bajo fianza a la espera del juicio, que comenzará en enero.
El salvadoreño salió el viernes pasado de su prisión preventiva en Tennessee, tras una orden judicial y regresó a Maryland, donde ha vivido durante más de una década.
Un día después de su liberación el Departamento de Seguridad Interna (DHS) le ofreció aceptar un acuerdo de culpabilidad en el caso de tráfico humano que le permitiese ser deportado a Costa Rica o sería enviado a Uganda en su lugar.
«Que lo deporten a Costa Rica no es justicia. Es una opción aceptablemente menos mala. Pero que insistan en llevar a cabo una deportación a Uganda demuestra que el verdadero motivo en este caso no es simplemente sacarlo del país, sino castigarlo y mantenerlo detenido», declaró Simon Sandoval-Moshenberg en una rueda de prensa.
Ábrego ha recibido garantías de que será un ciudadano libre en Costa Rica, y tendría protección como refugiado para no ser deportado a El Salvador, donde, según sus abogados, enfrenta riesgo de persecución y violencia por parte de las pandillas del país, razón por la que un juez prohibió su deportación en 2019, ahondó el abogado defensor.
En ese sentido, Xinis considera que existen «varios motivos» por los cuales podría tener jurisdicción para solicitar la exención deportación, incluyendo que Uganda no ha accedido a ofrecerle a Ábrego protecciones como la libertad de tránsito, la obtención del estatus de refugiado y la prohibición de ser enviado a El Salvador.
Por el momento, el presidente Trump se ha limitado a indicar que tienen la situación «bajo control» pese a que los abogados del migrante «están haciendo cosas a través de un sistema de tribunales liberales».
