La situación legal de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño cuya deportación fue errónea desde Estados Unidos, podría cambiar en los próximos días.
Una jueza federal de Maryland está por decidir si ordena su liberación ante la creciente evidencia de que el gobierno de Estados Unidos no tiene un destino inmediato al caul expulsarlo.
Desde hace varias semanas, la jueza del distrito Paula Xinis analiza la petición de Ábrego, quien argumenta que su reclusión continúa siendo ilegal, según reportó CNN.
Durante las audiencias recientes, incluyendo una celebrada el jueves en la corte federal de Greenblet, Xinis expresó inquietudes claras sobre la postura del gobierno, mostrando apertura hacia los planteamientos de la defensa.
El argumento central de los abogados de Ábrego ha cobrado fuerza a medida que la administración de Donald Trump enfrenta dificultades para concretar una deportación.
En el sistema migratorio estadounidense, las cortes pueden ordenar la liberación de un detenido cuando su expulsión no parece posible en el corto plazo.
Destino incierto
La trayectora del caso ha sido errática. En un inicio, las autoridades identificaron tres países africanos como posibles receptores, pero finalmente ninguno aceptó. Más recientemente, el ICE afirmó que planea enviarlo a Liberia, una idea que generó sorpresa y preocupación en Xinis, quien consideró que enviarlo a una nación con la que no tiene ningún vínculo «lo dejaría completamente aislado de todo y de todos lo que conoce».
La jueza también cuestión el jueves la negativa del gobierno a reactivar gestiones con Costa Rica, país que anteriormente manifestó disposición a recibir al salvadoreño y otorgarle un estatus legal.
«¿Por qué el gobierno se interpone a eso?», cuestionó Xinis a una abogada del Departamento de Justicia.
Un funcionario de ICE testificó que Costa Rica no estaría ya de acuerdo a recibirlo sin nuevas negociaciones, pero la jueza señaló que no existe evidencia concreta que respalde esa afirmación.
Errores y traslados
Ábrego García se encuentra recluido en una instalación en Phillipsburg, Pensilvania, desde finales de septiembre, tras ser trasladado desde un centro de detención en Virginia. ICE lo detuvo en agosto, poco después de que fuera liberado de custodia penal en Tennessee, donde enfrenta cargos por tráfico de personas.
La historia del salvadoreño incluye un episodio que ha marcado el rumbo del proceso: su deportación accidental en marzo pasado. Aunque una orden judicial impedía enviarlo a El Salvador, las autoridades lo trasladaron allí erróneamente y fue encarcelado durante meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Posteriormente fue regresado a Estados Unidos para continuar con su caso penal y migratorio.
Ahora, mientras su defensa insiste en que el gobierno no tiene la capacidad legal de mantenerlo detenido indefinidamente, la jueza Xinis deberá determinar si la falta de un país dispuesto a recibirlo convierte su reclusión en una violación constitucional.
La decisión, que podría sentar un precedente en casos similares, se espera en los próximos días.
