Instituciones sin revelar salarios ni rendir cuentas
Estudio revela que las entidades públicas tienen una alta deuda de información con la ciudadanía, que se agudiza en áreas clave como la rendición de cuentas
Las instituciones de gobierno incumplen en su mayoría con la divulgación de información oficiosa, principalmente con la lista de ofertantes y contratistas, la rendición de cuentas y la referente a la participación ciudadana, así lo reflejó el «Scorecard: Transparencia activa 2025» presentado por Acción Ciudadana.
Incluso, solo el 14% de instituciones cumple con divulgar el directorio y currículo de los funcionarios que las dirigen.
El estudio evaluó el nivel de cumplimiento del mandato legal establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en 38 entidades públicas.
Nivel de cumplimiento de información oficiosa.
Según la LAIP, los entes obligados (principalmente organismos de gobierno) deben publicar y actualizar la información oficiosa sobre su gestión. Los lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) regulan con detalle la obligación prevista de publicar la información y cómo debe actualizarse continuamente en los portales de transparencia —ya sea que la instancia tenga el propio o que se recurra al del «www.transparencia.gob.sv»—.
Ante esto, Acción Ciudadana explica que como se trata de un mandato legal no es necesario que exista un requerimiento previo de la ciudadanía (solicitud de acceso a la información), pues se trata de transparencia activa o proactiva, «cuyo fin es que la ciudadanía pueda conocer constantemente la gestión realizada por las entidades estatales de forma oficiosa».
Se contempló a los tres Órganos de Estado, los 16 ministerios y un viceministerio del Ejecutivo, así como las autónomas.
«Únicamente la Presidencia de la República presenta un aumento de ocho puntos porcentuales en 2025. Cabe recordar que en la evaluación realizada en 2024 fue la Presidencia la que se ubicó en la posición más baja y en esta ocasión es la Asamblea Legislativa la peor evaluada», se esclarece en el estudio.
Obligaciones especiales
La LAIP establece que los tres Órganos de Gobierno, así como otras instancias en particular, tienen disposiciones específicas que deben divulgar a partir de sus funciones al servicio de la población.
En el caso de la Presidencia de la República son: El Plan General del Gobierno para el quinquenio, los decretos y acuerdos ejecutivos, el proyecto de agenda de las sesiones del Consejo de Ministros y sus actas; los vetos y observaciones enviados a la Asamblea Legislativa. De esta, cuenta con un lista desactualizado de vetos y observaciones.
Información específica por órganos
La Asamblea Legislativa está obligada a divulgar el protocolo de entendimiento de los grupos parlamentarios; los miembros de las comisiones y de los distintos grupos parlamentarios; convocatorias a comisiones; agenda de las sesiones plenarias y comisiones; listas de asistencia de los diputados; piezas de correspondencia recibidas; proyectos de ley; dictámenes emitidos; decretos y acuerdos del pleno y el registro de votos. El protocolo no está actualizado a la legislatura actual.
La Corte Suprema de Justicia debe difundir las agenda, las actas y resoluciones de las sesiones del Pleno; las sentencias, sistematización de la jurisprudencia, legislación actualizada; nombramientos o designaciones de funcionarios; extradiciones y la calificación del carácter de orden público; nómina de abogados, notarios, jueces y jueces ejecutores; estadísticas y los casos que por su interés público debieran conocer los ciudadanos.
De las anteriores el Órgano Judicial cumple solamente tres, revela el estudio. Además, indicó que las otras instituciones con estas disposiciones tienen una baja divulgación.
El CNJ y el TSE divulgan dos de seis; el Ministerio de Hacienda, divulga uno de dos y del único de la Corte de Cuentas (informes finales de las auditorías) no aparecen registros recientes.
Asimismo, se contempló el cumplimiento de las entidades contraloras: Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Corte de Cuentas (CCR), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Tribunal Supremo Electoral (TSE), Procuraduría General de la República (PGR) Fiscalía General de la República (FGR).
De las anteriores, algunas siendo fiscalizadoras y contraloras incumplen con lo previsto en la LAIP.
Las que menos información tienen divulgada, con un 1 % hasta 25 % de cumplimiento son la UES, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Trabajo, el de Justicia, la Dirección de Obras Municipales, El Tribunal Supremo Electoral, la Presidencia, el CNR, el Instituto de Veteranos, el Tribunal de Ética Gubernamental y el Ministerio de Defensa Nacional.
Basta con verificar el Ministerio de Agricultura, que carece de rendición de cuentas desde 2018; en su apartado de concesiones y autorizaciones, remuneraciones, gestión de participación ciudadana no actualiza desde 2022; los inventarios, desde 2021.
El estudio de Acción Ciudadana dejó ver que este es, de entre todos los ministerios, el que más información pública adeuda de transparentar a la ciudadanía.
En el caso de la Fiscalía General de la República carece de la divulgación de sus dietas y gastos de representación, los permisos, autorizaciones y concesiones; los viajes realizados desde 2019; de las remuneraciones, desde 2021; los contratistas y ofertantes, contrataciones y adquisiciones y los mecanismos de participación de la ciudadanía desde 2020.
La Corte de Cuentas, ente fiscalizador de las finanzas y recursos públicos, desde el 2023 no actualiza la información sobre sus concesiones, estados financieros, salarios y viajes; sobre los ofertantes y contratistas; órdenes de compra no hay actualización desde agosto de 2020 y de contratos de bienes desde 2021.
Otras instancias
Las instituciones que cumplen entre un 29 % hasta un 48 % con el Ministerio de Vivienda, Instituto de Pensiones, el Viceministerio de Transporte, el Instituto del Seguro Social, CEPA, el Órgano Judicial, Ministerio de Obras Públicas, la PGR, Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Local, CEL, Ministerio de Gobernación y Instituto de Acceso a la Información.
Las instituciones con mayor índice de cumplimiento con un rango entre 69 y 60% son el CNJ, el Ministerio de Cultura, Relaciones Exteriores, Ministerio de Turismo, la PDDH y el Ministerio de Medio Ambiente. Le siguen con porcentajes de entre el 58 % y el 51 % el Ministerio de Salud, la ANDA, Bienestar Magisterial y Hacienda.
Por otra parte, tanto lo relativo a información financiera, gestión estratégica y transparencia y participación obtuvieron un 36% de cumplimiento, lo relativo al marco normativo tuvo un 30%.
Comparado al estudio 2024, en 2025 solamente 11 entidades presentan un aumento en el porcentaje obtenido, destacándose que el mayor aumento fue obtenido por el VMT con un 20%.
Al contrario, se observa que 25 entidades retrocedieron en su nivel de cumplimiento en 2025. Las instituciones que presentaron las caídas más drásticas fueron el TEG con un -56% y CEPA con un -37%.
En general, todas las que disminuyeron en su índice de transparencia fueron, de entre los Órganos de Gobierno, el Judicial (-16 %) y el Legislativo (-22%); los ministerios, salvo Hacienda, Vivienda, Educación y Desarrollo Local; de autónomas la CEL, el ISSS, el Instituto de Veteranos y el CNR.
