El gobierno salvadoreño, por medio del Ministerio de Hacienda, envió a la Asamblea Legislativa una solicitud de autorización de un nuevo endeudamiento por $344 millones, que serían para cubrir obligaciones generales del Estado o para manejo de pasivo, es decir, para el pago de deuda.
La solicitud ingresó en la correspondencia de la plenaria de este miércoles y fue enviada a estudio de la Comisión de Hacienda, convocada a sesionar el viernes.
La gestión de recursos se haría a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito, a ser colocados indistintamente en el mercado nacional o internacional.
«Para que sean destinados a atender prioridades estratégicas del Gobierno, así como para apoyar necesidades en sectores sociales, ambientales y/o económicos, entre otros, siendo ello el objeto a perseguir con la presentación del susodicho proyecto de decreto», dice la nota firmada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada.
En el considerando tercero del proyecto de decreto se añade que la búsqueda de los recursos de endeudamiento tiene el fin de «poder atender diferentes y emergentes obligaciones generales del Estado; así como también, la posibilidad de llevar a cabo operaciones de manejo de pasivos, orientadas a mejorar el perfil de la deuda y administrar los riesgos asociados al portafolio de la misma».
Y el gobierno considera que por eso se vuelve «necesario otorgar las facultades correspondientes», para ejecutar dichas operaciones, de acuerdo a las prácticas del mercado y que sean favorables al país.
De obtener los recursos podrán destinarse en lo que resta del presente año o en los siguientes ejercicios fiscales, para atender «prioridades estratégicas del Gobierno, Obligaciones Generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez, transferencias varias», aunque no se especifica cuáles son las prioridades ni las obligaciones a cubrir.
El Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) podrá actuar como Agente Financiero del Estado, previo contrato con el Ministerio de Hacienda.
Ratificación de préstamos
Además, el gobierno también envió las solicitudes de aprobación de dos contratos de préstamo para financiar el programa Surf City Fase II.
Uno es por $70 millones con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, el cual fue suscrito el 9 de octubre de 2025. El plazo del contrato es hasta 20 años, incluyendo cinco años de período de gracia.
Los recursos forman parte de la inversión en infraestructura pública en algunas zonas focalizadas con potencial económico y turístico; así como para garantizar la conectividad vial en la red de carreteras «de forma eficiente y segura»; disponer de una infraestructura de saneamiento adecuada y suficiente para el tratamiento de aguas residuales, como parte de la estrategia de desarrollo económico, estimulando la inversión privada.
Se pretende ejecutar la ampliación de la carretera CA-2 (Litoral) de dos a cuatro carriles en un tramo de 8.2 kilómetros, desde la zona de la residencial Xanadú hasta El Zonte, la construcción de aceras, zonas de estacionamiento, retornos y ciclovías.
