El gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Economía, mandó a la Asamblea Legislativa dos iniciativas legales que buscan otorgar competencia al Centro Nacional de Registros (CNR) en los otros trámites relacionados con la personalidad jurídica de las Asociaciones Comunales, que actualmente es otorgada por el Concejo Municipal respectivo.
Una propuesta es la reforma al Código Municipal para que estas asociaciones se incorporen en el registro con el CNR. «Lo cual obedece a la búsqueda de la modernización integral y la reingeniería de los procedimientos registrales, mediante la utilización de los mecanismos tecnológicos y electrónicos necesarios a fin de brindar seguridad jurídica a las mismas», dice la correspondencia suscrita por la ministra de Economía, María Luisa Hayem.
Y la otra es la propuesta de Ley de Registro de Personas Jurídicas, que aglutinará los registros de personas jurídicas incluyendo las de tipo comercial.
La propuesta de reforma al Código Municipal añade que las Asociaciones Comunales serán reconocidas mediante acuerdo emitido por Concejo Municipal, pero que será necesario «para que se confiera su personalidad jurídica», la inscripción de los documentos en el «Registro de Asociaciones Comunales» (RAC), el cual funcionará como un registro específico del CNR.
«La inscripción en el RAC es la que perfecciona el otorgamiento de la personalidad jurídica y acredita, frente a terceros, la existencia legal de las Asociaciones Comunales», reza la reforma al artículo 118 del Código.
Lo mismo aplicará para las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO). La supervisión de su funcionamiento queda a cargo de las municipalidades.
Actualmente, para constituir una Asociación Comunal no pueden ser menos de 25 personas y el 30 % deben ser mujeres. La propuesta de reforma baja a diez el mínimo de personas y elimina el porcentaje de participación femenina para constituirse. Además de la documentación ante el respectivo Concejo se indican los trámites para inscribirse en el RAC.
Además, estarán en la obligación de presentar al RAC en enero de cada año la certificación de la nómina de miembros asociados, su balance inicial y final, sus estados financieros junto con la auditoría, los nombramientos de directivos, entre otros documentos.
Cada año deberán contar con un certificado de cumplimiento registral. «Las Asociaciones Comunales que no tengan vigente el certificado de cumplimiento registral anual, no podrán inscribir ni depositar ningún documento en el CNR, ni podrán recibir donaciones de fondos públicos», añade la propuesta.
Se incluye en la propuesta las tarifas del RAC por la inscripción de documentos de $35 por trámite y $15 por la certificación anual.
De aprobarse la reforma y una vez entre en vigencia, el RAC tendrá faculta de realizar el proceso de reinscripción de todas las Asociaciones Comunales que ya cuenten con personalidad jurídica.
Nulidad y disoluciones
La propuesta agrega artículos al Código relacionados a los casos en que los acuerdos de las Asociaciones Comunales sean nulos, los casos de disolución de la entidad y el procedimiento.
Por ejemplo, los acuerdos adoptados por asamblea de asociados serán nulos «cuando su objeto sea ilícito, materialmente imposible o contrario al interés general de la comunidad a la que la Asociación Comunal representa». Tampoco tendrán validez cuando «vulneren normas dictadas para la protección de los asociados, los derechos de sus miembros o el interés público», aunque no detalla el alcance de «interés público».
Mientras que la disolución podrá realizarse por las siguientes causas: cuando el número de miembros asociados que las integren sea menor al requerido para su constitución, por dedicarse a fines distintos a los establecidos en sus estatutos, por expiración del plazo señalado en los estatutos, por haber dejado de funcionar como Asociación Comunal, por inactividad y por acuerdo voluntario de los miembros asociados.
Mientras que la propuesta de Ley de Registro de Personas Jurídicas (RPJ) crea la nueva entidad dentro del CNR destina a «garantizar la sistematización, conservación y publicidad registral de los actos, contratos, derechos o documentos inscritos, depositados o generados, respecto de las personas jurídicas y comerciantes».
Este Registro contarán con un director y registradores, que sean abogados y notarios de la República y con contadores públicos.
Este nuevo registro estaría conformado por el Registro de Comercio, el Registro de Asociaciones Comunales y «otros registros que de conformidad con otras leyes».
cabe destacar que el proyecto dice que el RPJ será público e incluye las inscripciones, depósitos y registros, así como sus relaciones dentro del sistema registral. Los registros específicos del RPJ, a solicitud de cualquier interesado, podrán expedir certificaciones literales, extractos de los asientos registrales o constancias sobre su contenido, en formato físico o electrónico.
Las iniciativas fueron enviadas a la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, convocada a sesionar el próximo lunes.
