Entre las personas detenidas, afirma el organismo, se identifica a quienes han participado en manifestaciones y han criticado abiertamente al Gobierno. «Estas acciones han sido ampliamente consideradas como indicios de persecución política y criminalización de la disidencia», dice el informe.
La organización señala que la prisión política se ha convertido en una herramienta refinada de control autoritario moderno.
El informe de WOLA destaca que, tras la llegada del presidente Nayib Bukele en 2019, El Salvador se encuentra en una encrucijada democrática, con un deterioro que incluye la falta de independencia de poderes y un espacio cívico constantemente atacado.
“Aunque ahora no hay escuadrones de la muerte, ni masacres, ni cadáveres abandonados en las carreteras por fuerzas nacionales, la democracia atraviesa una encrucijada y deterioro, desde la falta de independencia de poderes hasta un espacio cívico constantemente atacado”, señala el organismo.
Durante su primer mandato (2019-2024), Bukele buscó desarticular a la oposición política, enfocándose en exfuncionarios acusados de corrupción. WOLA indica que, en ese período, la mayoría de los delitos imputados estaban relacionados con la corrupción, sin incluir criminalidad organizada o asociaciones ilícitas.
Con la consolidación del régimen de excepción en 2022, WOLA advierte que el sistema de justicia y las fuerzas de seguridad adaptaron una estrategia para perseguir a las voces críticas, acusándolas de asociaciones ilícitas “y por ende, limitar las garantías del debido proceso”.
WOLA documenta patrones de acoso y persecución que incluyen campañas de desinformación, ataques coordinados en redes sociales, seguimientos e intimidaciones, hostigamiento legal y persecución penal mediante acusaciones infundadas.
En muchos casos, esto ha resultado en el exilio o desplazamiento forzado de defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales.
WOLA retoma la información del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), que señala al menos 35 personas perseguidas por motivos políticos que ya han sido sentenciadas o absueltas y actualmente se encuentran en libertad, entre ellas los cinco líderes comunitarios y defensores ambientales del caso Santa Marta.
También ejemplifica con las capturas de los presos de conciencia Ruth López, abogada y defensora de derechos humanos; Alejandro Henríquez, abogado y defensor ambiental; y José Ángel Pérez, pastor evangélico y líder comunitario de la cooperativa El Bosque.
Asimismo, condena las más de 430 muertes bajo custodia desde el 2022 cuando inició el régimen de excepción, documentadas por organizaciones de derechos humanos. En este punto, WOLA señala que las familias de los fallecidos no tienen acceso a información básica sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su pariente.
El costo humano y social
El análisis de la Oficina señala que más allá de las cifras y los titulares, cada detención política en El Salvador desgarra el tejido familiar, sumiendo a parejas en la incertidumbre, negando a padres información sobre sus hijos y marcando a niños que crecen sin la figura paterna o materna.
Ejemplifican esta condición con la angustia de familias como la de Ruth López, defensora de derechos humanos, al no saber de su paradero durante días, se ha convertido en la cruda realidad de muchos salvadoreños, enfrentados a un sistema penitenciario “hermético».
Aundiencia inicial del caso de Ruth Eleonor López. Foto EDH / Miguel Lemus
La persecución de defensores, periodistas y líderes comunitarios envía un mensaje inequívoco a la sociedad, según WOLA: que la disidencia tiene un alto costo.
Ante lo anterior, el organismo internacional advierte que el silenciamiento de estas voces no solo debilita el tejido social, sino que erosiona la rendición de cuentas y transparencia democrática.
Recomendaciones
WOLA recomienda a la Organización de Estados Americanos (OEA) que evalúe acciones para evitar que continúe el deterioro democrático de El Salvador y que condene el uso de la prisión política como una herramienta de consolidación del poder.
“Los órganos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano deben redoblar esfuerzos para el respeto de las garantías del debido proceso consagradas y otorgar medidas cautelares a personas cuya vida e integridad física se encuentren en peligro, como lo han hecho recientemente en los casos de Ruth López y Enrique Anaya”, llama.
Abogado constitucionalista, Enrique Anaya.
Foto EDH / Francisco Rubio
“La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debe evaluar periódicamente el respeto al debido proceso y la situación de presos políticos”, añade.
También recomienda a la Cruz Roja que refuerce su presencia y monitoreo en los centros de detención locales para verificar las condiciones y el respeto a los derechos fundamentales de las personas detenidas, incluyendo a los prisioneros políticos.
A los demás países recomienda condicionar la cooperación a El Salvador aplicando cláusulas sobre derechos humanos y de manera especial, que el gobierno de Estados Unidos considere imponer sanciones individuales a funcionarios responsables de violaciones graves a derechos humanos.
