“A mi abuelo y mi hermano se los llevaron las tropas, ahora a mi nieto se lo llevaron también y no sabemos si está vivo o muerto”, relató Emelina Valle, de 66 años, quien participó junto a su hija, Blanca, en la conmemoración anual del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

La desaparición forzada fue una de las prácticas más dolorosas del conflicto armado salvadoreño (1980-1992), una guerra civil que dejó más de 75 mil personas asesinadas y alrededor de 10 mil desaparecidas, según organismos de derechos humanos y el Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas.

Este delito fue perpetrado principalmente por cuerpos de seguridad y miembros del Ejército, quienes operaban vestidos de civil o en acciones clandestinas, con el objetivo de silenciar la disidencia política y sembrar el miedo en comunidades enteras.

Organizaciones como Asociación Tutela Legal, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, CODEFAM, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, la Asociación Febe Elizabeth Velásquez y la Asociación para el Desarrollo de El Salvador se reunieron en el Parque Cuscatlán para recordar a quienes han sido víctimas de este crimen de lesa humanidad.

El lugar donde se llevó a cabo la conmemoración tiene un valor simbólico: el Monumento a la Memoria y la Verdad, inaugurado en 2003 en el Parque Cuscatlán, que recoge en un muro de más de 85 metros de longitud los nombres de aproximadamente 30 mil víctimas de asesinatos y desapariciones ocurridos durante la guerra. Este espacio se ha convertido en un sitio de encuentro para las familias que no han dejado de buscar justicia ni de exigir verdad.

Durante el evento, múltiples personas se acercaron al micrófono para decir el nombre de su familiar desaparecido o asesinado durante la guerra civil, además al lugar llegó Eneida Abarca, quien desde el año 2022 está en búsqueda de su hijo desaparecido, Carlos Santos, por quien ha pedido se haga justicia ante las distintas autoridades que hasta el momento no le han dado respuesta. 

Durante el acto, familiares y organizaciones también hicieron un paralelismo con el presente. Bajo el régimen de excepción, vigente desde 2022, cientos de personas han sido detenidas por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada sin información sobre su estado de salud, paradero o situación legal.

Para muchas familias, la incertidumbre de no saber si sus seres queridos están vivos o muertos revive las cicatrices del pasado: la espera interminable, la ausencia y la esperanza de volver a reencontrarse.