Con la procesión de los farolitos, una misa y un acto cultural, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) conmemora el martirio de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, una masacre perpetrada por un comando élite de la Fuerza Armada en noviembre de 1989.
Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la empleada Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos, ambas salvadoreñas.
Después de 36 años, el proceso penal contra los 11 acusados sigue estancado. Al menos desde hace un año no da muestras de avance, según expusieron abogados del caso.
«El Tribunal Cuarto de Sentencia no ha emitido ninguna resolución desde que recibió el proceso, porque tendrían que establecer fecha de vista pública y no lo han hecho», explicó uno de los abogados a El Diario de Hoy.
Este periódico consultó a la unidad de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez para gestionar una respuesta por parte del tribunal sobre el proceso, pero la secretaria de esta sede judicial no pudo atender la consulta porque se encontraba realizando otras diligencias.
Hace un año, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador resolvió enviar a juicio a los 11 acusados en el proceso penal.
El expresidente Alfredo Cristiani y los militares de alto rango Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores e Inocente Orlando Montano Morales son acusados de asesinato y actos de terrorismo.
El teniente coronel Carlos Camilo Hernández fue acusado de destruir pruebas del caso, pero durante la audiencia preliminar (previa a juicio) fue sobreseído (exonerado de cargos).
Mientras que el exasesor jurídico de la Fuerza Armada, Rodolfo Parker, y los coroneles Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía son procesados por presunto fraude procesal y encubrimiento personal.
En la resolución de noviembre del año pasado, el juez señaló que existe probabilidad de que se trate de un crimen de lesa humanidad debido a que se cumple con lo establecido en los artículo 7 y 8 del Estado de Roma porque fue un hecho perpetrado contra población civil.
