La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 48 votos, una reforma al Código de Salud con el objeto de agilizar los procedimientos y trámites relacionados con las autorizaciones de funcionamiento de los servicios y establecimientos de salud del sector privado, que elimina el requisito de que se cuente con un informe favorable de la Junta de Vigilancia respectiva.

Actualmente, el artículo 14 establece entre las atribuciones del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) autorizar los establecimientos, previo informe favorable de la Junta de Vigilancia respectiva.

Con la modificación enviada por el gobierno, esta atribución queda así: «Autorizar la apertura y funcionamiento de servicios y establecimientos de salud del sector privado, para lo cual establecerá los requerimientos técnico administrativos que dictarán los requisitos sanitarios a cumplir para su autorización y durante la vigencia de la misma. Asimismo, estará facultado para efectuar la vigilancia periódica de su cumplimiento. El Consejo Superior de Salud Pública procederá a su cierre, temporal o definitivo, por infracciones a este código o sus reglamentos».

En esta misma vía se reformó la Ley del Consejo Superior de Salud y de las Juntas de Vigilancia de las
Profesiones de Salud.

De acuerdo al presidente del CSSP, lo que se busca es reducir la tramitología y que el tiempo de aprobación baje de 30 a cinco días hábiles para que los centros privados obtengan su resolución y aseguró que los inspectores técnicos trabajarán directamente con el Consejo.

Para el diputado Francisco Lira, de ARENA, esta reforma centraliza las decisiones en el Consejo y no descarta que sea para «preparar el terreno» para la contratación directa de servicios privados por parte de la nueva Red Nacional de Hospitales, la cual administra el Hospital Rosales y está bajo la conducción de la Presidencia de la República.

«El problema no es que se reduzca la burocracias para el tema de las autorizaciones de servicios de salud privados, eso es bueno. El problema es que, al acelerar estos procesos sin controles ni vigilancia, podrían generar autorizar servicios, sin transparencia, sin competencia justa y sin supervisión adecuada», afirmó Lira previamente.

Añadió que más que exigir rapidez en los procesos, se debe pedir que los servicios privados cumplan con estándares de calidad y con todas las garantías sanitarias necesarias. «Criterios que no pueden sacrificarse por el simple hecho de otorgar autorizaciones en cinco días, como aseguran las autoridades del Consejo Superior de Salud Pública». comentó.

Otra parte de la reforma es la incorporación como actividad bajo vigilancia la profesión de Trabajo Social, siempre y cuando esta sea ejercida en el Sistema Nacional Integrado de Salud.

La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, pidió que se incorporara su voto en contra; pero el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dijo que procesalmente no era posible porque fue incorporada a la sesión hasta después que se votó por el dictamen, pese a que la legisladora ingresó al pleno durante la lectura del mismo.