La Asamblea Legislativa aprobó en la sesión plenaria de este miércoles dos contratos de endeudamiento externo para el gobierno, un contrato de garantía soberana y la autorización de un nuevo préstamo que estaría destinado al servicio de transporte, específicamente para el cobro electrónico y mejoras en la seguridad vial.
El endeudamiento fue aprobado con votos de Nuevas Ideas, PCN y PDC y ningún legislador hizo comentario alguno sobre el destino de los fondos.
El pasado lunes la Comisión de Hacienda aprobó los dictámenes a las peticiones de endeudamiento del gobierno, luego de escuchar la exposición de representantes del Ministerio de Hacienda.
Uno es para que se autorice al gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, la suscripción de un Contrato de Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta $60 millones para financiar el “Programa de Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)”, el cual incluye la implementación del cobro electrónico.
Entre los objetivos específicos están: Incrementar la eficiencia del sistema de pago del transporte público del AMSS; mejorar la planificación del transporte público y fortalecer la seguridad vial en diferentes corredores viales.
El primer componente es de Fortalecimiento institucional y sistemas tecnológicos, que ocupará $22 millones de esos $60 millones para servicios de consultoría para un plan de movilidad sostenible, desarrollo de un centro de inteligencia de datos; la estructuración, diseño e implementación de un sistema de pago electrónico, que incluye equipamiento y software.
Ni en la comisión ni en el pleno se especificó la forma en que se implementará el sistema de cobro con las rutas del transporte público, las cuales son operadas por transportistas privados. Cabe recordar que el sistema de cobro electrónico prepago comenzó a tratar de desarrollarse en 2013 por medio de SIPAGO en rutas de La Libertad; pero este no dio el resultado esperado y al final solo se utilizó en el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) que funcionó desde 2015 hasta 2020, cuando suspendió operaciones en el contexto de la pandemia de covid-19 y no se reanudó.
El segundo componente del préstamo será de infraestructura segura, para la reducción del riesgo de accidentalidad vial de diferentes corredores.
«El VMT ha identificado rutas con alta siniestralidad», dijo Marlon Herrera, director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda el lunes en la Comisión.
Entre esas la autopista Comalapa y la carretera Troncal del Norte, donde se aglutina el 30 % de la siniestralidad vial del país.
Otras obras tendrían que ver con mejoras en señalización vertical y horizontal, cruces peatonales, instalación de barreras protectoras, entre otras actividades. Además de servicios de consultoría para un sistema de formación y evaluadores de motociclistas. El tercer componente sería para gastos de administración y auditorías.
La diputada Dania González mencionó en la pasada Comisión de Hacienda que el Observatorio de Seguridad Vial reportó el año pasado 12,974 siniestros viales y hasta el 30 de agosto de 2025 van 14,125.
“Gracias a este programa, a este contrato de $60 millones, vamos a poder modernizar de manera tecnológica los mecanismos de pago del transporte, también mejorar la planificación de rutas y sistemas de transporte y también una serie de intervenciones para la seguridad vial en corredores estratégicos”, aseguró.
Ratificación de más deuda
Los diputados oficialistas también aprobaron dos contratos de préstamos ya suscritos por el gobierno, que suman $350 millones, ambos denominados “Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador”.
Uno es por $100 millones y fue suscrito el 19 de agosto del 2025 con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el cual permitiría acceder a recursos para la atención por la ocurrencia de desastres por fenómenos naturales.
Cuando se autorizó la suscripción, el pasado 13 de agosto, el gobierno expuso en la petición que los fondos «podrán ser movilizados para financiar los procesos de respuesta y recuperación ante emergencias o desastres, ya sea por eventos naturales adversos o de salud pública, minimizando con ello el impacto fiscal ocasionado por dichos fenómenos y contribuyendo a la atención o mitigación de los efectos adversos para el país».
El segundo préstamo ratificado es por $250 millones, también suscrito el 19 de agosto de 2025 con el BIRF.
Sin comentarios del destino de los fondos se ratificó el Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador, por $250 millones con el BIRF pic.twitter.com/k8nLoNvHZf
Según Herrera, el acceso a los fondos es en «reconocimiento a las diferentes acciones que el gobierno ha realizado» en el tema de sostenibilidad fiscal y atención de emergencias, es decir, gastos ya realizados.
En la petición de autorización se expuso que los recursos pueden destinarse «igualmente para atender prioridades estratégicas del gobierno, Obligaciones Generales del Estado, Transferencias varias o eventuales apoyos a la caja fiscal», lo que dejaría abierta la posibilidad de usarlos para gasto corriente.
También se ratificó la modificación al Contrato de Garantía suscrita el 22 de agosto de 2025 que avala la segunda modificación al Contrato de Línea de Crédito Revolvente No. 2310, suscrita por el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), hasta por $400 millones.
La modificación se hizo en incremento al contrato de crédito pasando de $250 millones a $400 millones, por lo que se requiere adecuar la garantía soberana, es decir, el respaldo que se da el gobierno a la deuda de una institución autónoma.
La gestión de los fondos fue para apoyar FOVIAL en la continuidad en el desarrollo de infraestructura, conservación vial y mitigación de riesgos.
