Gobierno pidió autorización de préstamo, una garantía soberana y emisión de Títulos Valores de Crédito.

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles varias operaciones financieras para el gobierno que implican la suscripción de nuevo préstamo, la emisión y colocación de Títulos Valores de Crédito y la ratificación de contrato de crédito ya firmado por el gobierno con organismos multilaterales, que suman $531.1 millones.
En el caso de la titularización, el gobierno pidió la autorización para la emisión y colocación en el mercado nacional o internacional de $344 millones, que serían para cubrir obligaciones generales del Estado o para manejo de pasivo, es decir, para el pago de deuda.
La búsqueda de los recursos de endeudamiento tiene el fin de “atender diferentes y emergentes obligaciones generales del Estado; así como también, la posibilidad de llevar a cabo operaciones de manejo de pasivos, orientadas a mejorar el perfil de la deuda y administrar los riesgos asociados al portafolio de la misma”, según uno de los considerandos del decreto.
La cobertura de las prioridades estratégicas del Gobierno y apoyos a necesidades en sectores sociales, ambientales y/o económicos, podrá realizase en lo que resta del presente año o el próximo ejercicio fiscal, según la exposición de los representantes del Ministerio de Hacienda a los diputados de la Comisión de Hacienda este lunes.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, criticó la aprobación de este endeudamiento y recordó que el gobierno afirmó el año pasado que el presupuesto de 2025 estaría completamente financiado en el gasto corriente y que lo mismo se dijo del proyecto de presupuesto 2026; pero que con estas autorizaciones para cubrir obligaciones implica gastos de funcionamiento del Estado.
«Al momento de hoy, el presupuesto general ha aumentado casi en un 25%. Se han han adquirido préstamos para el funcionamiento del Estado por casi más de 900 millones», dijo Ortiz.
Añadió que el nivel de endeudamiento «es descontrolado», además de que carece de transparencia; lo cual es preocupante.
Por su parte, la diputada Suecy Callejas, argumentó que la autorización es un techo máximo a negociar. «No implica que estos fondos necesariamente se deban colocar en el año 2025, sino hasta alcanzar el monto máximo que se está autorizando», dijo.
Agregó que esta nueva deuda permitirá al Estado cumplir con sus obligaciones de deuda que ya fue adquirida y que podría usarse en canjes o refinanciamientos.
Se aprobó la autorización con 57 votos de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Votaron en contra Vamos y ARENA.
Con 57 votos se autoriza al gobierno a gestionar la colocación y emisión de Títulos Valores de Crédito (endeudamiento) por hasta $344 millones. pic.twitter.com/qbc2EeBA0Y
— Susana Peñate (@SusanaPenate) November 11, 2025
Otro decreto que implica endeudamiento nuevo es la autorización de firmar un contrato de préstamo por $170 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que se pretende “mejorar el acceso a servicios públicos de calidad, así como la infraestructura urbana local, en las áreas centrales de los Distritos de Santa Tecla y La Libertad, incluidos los mercados de los municipios de La Libertad Sur y La Libertad Costa”.
Se denomina «Programa Integral de Regeneración Urbana y Revitalización Sostenible de los Mercados Municipales en Santa Tecla y La Libertad». El Organismo ejecutor será la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), entidad que ha intervenido otros mercados, como el San Miguelito.
El primer componente es el desarrollo de infraestructura urbana y servicios básicos, que comprende la construcción y renovación de dos mercados municipales bajo criterios de accesibilidad universal y resiliencia, incluyendo servicios complementarios, como centros de atención infantil y salas de lactancia para fomentar la participación laboral de las mujeres; áreas de enfermería.
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El segundo componente será para apoyo Integral a Micro y Pequeños Comerciantes y el tercero para fortalecimiento de las capacidades institucionales y financieras municipales.
Sobre esta nueva deuda, el diputado Francisco Lira, de ARENA, expuso que el gobierno está quitando a las alcaldías la administración de los mercados.
«Miren el ejemplo del Mercado San Miguelito, un edificio moderno, bonito, agradable; pero ya fueron a ver los testimonios de los comerciantes que no les alcanza para pagar los costos que tiene y se los está cargando la administración de mercados públicos», expresó.
Mencionó testimonios de comerciantes que tendrían que asumir costos más elevados en el arrendamiento de los puestos, ya que se tendría que pagar por los nuevos elevadores y el aire acondicionado. «La gente está arrepentida de agarrar un local en el nuevo edificio», afirmó.
También comentó que en el distrito de Santa Tecla se ha desalojado a comerciantes de mercado central.
En respuesta, el diputado Christian Guevara, mencionó que el gobierno está cambiando la imagen de los mercados, como el San Miguelito y el de Chalchuapa y criticó que en administraciones de gobiernos anteriores los mercados eran sucios y en malas condiciones.
También se ratificó el Contrato de Garantía soberana que fue suscrito el 31 de octubre de 2025, el cual avala el Convenio de Crédito entre el Instituto de Crédito Oficial, Entidad Público Empresarial (ICO) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), por un monto de $17,188,106.
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Este contrato será para financiar el «Proyecto de suministro e instalación de la cúpula envolvente de la Terminal Beta de pasajeros, del Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador».
La estructura de la terminal consiste en un casquete esférico de aproximadamente 21 metros de altura máxima. “La cubierta, con una superficie de 4,550 m², presentará dos grandes aperturas acristaladas en sus lados que funcionan como accesos y como fuente principal de iluminación natural en su interior”, según la presentación a mediados de octubre.
El plazo total y amortización del préstamo será de 17 años y tres meses.
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