El sistema político del país cambió drásticamente el pasado 31 de julio. Los diputados de Nuevas Ideas reformaron la Constitución para permitir la reelección indefinida, ampliar el mandato a seis años y eliminar la segunda vuelta electoral. Les tomó cinco horas y lo hicieron a las puertas de las vacaciones agostinas.

El sábado 2 de agosto, Bukele recurrió a su cuenta de X para rechazar que la aprobación en El Salvador de la reelección presidencial indefinida sea el «fin de la democracia». En un mensaje en inglés, afirmó que las críticas se deben a que se trata de un país «pequeño y pobre». Intentó justificar diciendo que «el 90 % de los países desarrollados permiten» la reelección indefinida. Dijo que «si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria con las mismas reglas que el Reino Unido, España o Dinamarca, seguirían sin apoyarla».

Dichas palabras resonaron en el profesor estadounidense Orlando J. Pérez, académico y autor de una serie de investigaciones sobre democracia en la región. El profesional refutó a Bukele también a través de X. Afirma que hay una diferencia entre los sistemas parlamentarios y los presidenciales, y desmonta la «artimaña», como él le llama.

1/ @nayibbukele says, “90 % of developed countries allow indefinite re-election of their head of government.” Sounds convincing—until you recall that Europe’s PMs operate in parliamentary systems, not presidential ones. Let’s unpack the sleight-of-hand 🧵#ElSalvador #Democracy https://t.co/xeAYQnqVQM

— Orlando J. Pérez (@Perez1oj) August 3, 2025

«En Europa, un gobierno puede caer mañana con una sola moción de censura. The Pew Research Center concluye que la mayoría de los estados de la UE cambian de gobierno al menos cada dos años; Bélgica, Finlandia e Italia suelen cambiar en menos de un año», señala Pérez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte de Texas en Dallas.

Concluye que «los primeros ministros europeos pueden volver a presentarse, pero también pueden ser destituidos, a menudo rápidamente. Bukele ha eliminado esa incertidumbre desmantelando todos los controles a su poder». En esencia, en los sistemas parlamentarios europeos la separación de poderes funciona. «Los controles importan», remarca Pérez.

El Diario de Hoy contactó al profesor estadounidense para que amplíe su análisis. En esta entrevista, no duda en afirmar que, tras las reformas constitucionales, El Salvador avanza hacia un régimen autoritario que comparte rasgos esenciales con Nicaragua y Venezuela. Esta es su visión sobre el rumbo que lleva el país en diferentes ámbitos:

¿Cree que El Salvador se encamina a un modelo como el nicaragüense o venezolano?

Los últimos cambios constitucionales —que habilitan reelección indefinida y alargan el mandato presidencial— colocan a El Salvador en la misma senda de concentración de poder que siguieron Nicaragua en 2014 y Venezuela desde 2009. El patrón es similar: captura del poder judicial, control absoluto del legislativo, leyes que restringen sociedad civil y prensa, y un aparato de seguridad cada vez más autónomo del escrutinio democrático. Ahora bien, Bukele todavía opera en contexto dolarizado, sin rentas petroleras y con una oposición social menos aniquilada que en Caracas o Managua. 

Esa diferencia de capacidad fiscal y de control social sugiere que El Salvador podría evolucionar hacia un régimen «autoritario competitivo» —parecido al de Nicaragua entre 2012-2017— más que a la hegemonía total del chavismo. Sin embargo, la dirección de viaje es inequívoca: cada reforma reduce los espacios de pluralismo y adelanta la convergencia con esos referentes autoritarios.

La relación de Bukele con Trump ha fortalecido el autoritarismo en El Salvador, ¿no preocupa a los republicanos esta deriva?

La afinidad personal entre ambos mandatarios se ha traducido en respaldo político y material. Trump ha elogiado públicamente a Bukele como «un gran presidente» y ha utilizado su estrategia de «mano dura» como vitrina de eficacia contra el crimen y la migración. Altos funcionarios de la Casa Blanca han celebrado en redes la eliminación de límites presidenciales salvadoreños, alimentando una narrativa que normaliza el autoritarismo. Dentro del Partido Republicano ha habido escasas voces críticas; los sectores más cercanos a seguridad y control migratorio ven los resultados de Bukele como modelo exportable. Iniciativas como el «El Salvador Accountability Act » (S.2058) provienen sobre todo de senadores demócratas, mientras que figuras republicanas de peso (incluido el secretario de Estado Marco Rubio) minimizan las denuncias de abusos. Esta asimetría sugiere que, por ahora, la deriva autoritaria salvadoreña no constituye costo político relevante para la coalición republicana dominante.

¿Cree que el TPS para salvadoreños que vence en septiembre de 2026 será renovado o Trump aplicará con rigor sus políticas antimigrantes?

El Estatus de Protección Temporal para salvadoreños está fijado hasta el 9 de septiembre de 2026. En su primer mandato, Trump intentó cancelarlo pero fue frenado por litigios y por el cálculo electoral en estados con votantes centroamericanos. Hoy el entorno es distinto:

Incentivos políticos: aunque la base trumpista exige mano dura, las comunidades salvadoreñas influyen en distritos competitivos de Nevada, Texas y la costa este. Un corte abrupto al TPS podría movilizar voto latino en contra.

Escenarios jurídicos: cualquier cancelación enfrentará de nuevo demandas que pueden demorar la medida más allá de 2026.

Negociación bilateral: Bukele podría ofrecer más cooperación migratoria y de seguridad a cambio de una prórroga limitada, replicando la lógica transaccional vista en deportaciones a CECOT y acuerdos carcelarios.

En síntesis, es probable que la Casa Blanca de Trump amenace con no renovar el TPS para reforzar su mensaje antimigratorio, pero que termine concediendo una extensión condicionada —quizá de 12-18 meses— si los costos electorales o legales se tornan demasiado altos.

En conclusión, El Salvador avanza hacia un régimen autoritario que comparte rasgos esenciales con Nicaragua y Venezuela, aunque su estructura económica podría amortiguar la velocidad de ese deterioro. La cercanía con la administración Trump refuerza la legitimidad interna y externa de Bukele, mientras que la oposición republicana a esa deriva sigue siendo marginal. El futuro del TPS será un barómetro de esa relación: una decisión más pragmática que ideológica, pendiente de cálculos electorales y de la capacidad negociadora de ambas partes.