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El Salvador no cuenta con legislatura eficaz, señala informe de IDEA

El éxito del modelo de Bukele contra las pandillas se produjo a costa de cooptación de órganos independientes, violaciones a derechos y deterioro del Estado de derecho.

reforma constitucional

El Informe del Estado Global de la Democracia 2025 del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) señalo que El Salvador está en bajos niveles de rendimiento en indicadores de acceso a justicia, independencia judicial y de eficacia parlamentaria.

El informe que se lanzó el pasado 11 de septiembre advierte de la tendencia global de un deterioro de la democracia, de la cual El Salvador no está exenta.

El índice está orientado en torno a cuatro categorías fundamentales del desempeño democrático: Representación, Derechos, Estado de Derecho y Participación.

Cada una se divide en varios factores, por ejemplo la Representación es una medida sobre democracia representativa, basada en factores como elecciones creíbles, sufragio inclusivo, libertad de organización a través de partidos políticos, la eficacia de la legislatura y la práctica de la democracia a nivel local.

«Casi uno de cada cinco países ha experimentado un descenso en la eficacia parlamentaria, lo que indica problemas con el control legislativo sobre el poder ejecutivo», señala el informe que evalúa a 151 países.

Señala que varios de los países con peor rendimiento sufrieron un golpe de estado u otra transferencia de poder no democrática.

«Otros, como El Salvador, Kuwait, Rusia y Venezuela, no cuentan con legislaturas eficaces porque han sido cooptadas por el ejecutivo o abolidas», agrega.

Desde 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador está controlada por el partido de gobierno Nuevas Ideas con una super mayoría de diputaciones que le permite aprobar leyes y reformas constitucionales incluso en un mismo día, tal como ocurrió el 31 de julio de 2025 cuando se acordó y ratificó la reforma para habilitar la reelección presidencial indefinida y que su periodo sea de seis años.

En la clasificación de países, El Salvador obtuvo una puntuación 0.40 (de 1.0 posible) en el indicador de representación, ocupando el puesto 106, que significa una caída de 12 posiciones.

Sin justicia

Pero no es solo el único factor de retrocesos. IDEA indica que estos descensos suelen coincidir con retrocesos en otras áreas de su desempeño democrático, como en diversos factores de representación, derechos y Estado de derecho.

Precisamente en el indicador de Estado de derecho es donde se tienen los menores desempeños, con una puntuación de 0.236 ocupa el puesto 149 de 151 países, una caída de 3 posiciones respecto a la evaluación anterior.

«En los Índices de El Estado de Derecho en el Mundo, el Estado de Derecho es una medida agregada que incluye evaluaciones de la independencia del poder judicial respecto de la influencia del gobierno, el grado en que los administradores públicos utilizan sus cargos para beneficio personal, la previsibilidad de la aplicación de la ley y el grado en que las personas están libres de violencia política», explica IDEA.

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Aunque en casi todos los países se observa un deterioro de la independencia judicial, señala que «los descensos más graves se observaron en contextos con alta inestabilidad y violencia, como Afganistán, Chad, Myanmar, Palestina, así como en El Salvador y Túnez».

El Órgano Judicial también fue controlado por el oficialismo desde mayo de 2021 cuando se destituyó a los entonces magistrados de la Sala de lo Constitucional y se pusieron a magistrados afines al gobierno. Con las elecciones de magistrados que correspondía a la legislatura 2024-2027, el partido de gobierno ya eligió a la totalidad de magistrados de la corte plena.

Además, en 2021 también se emitió un decreto de retiro obligatorio de jueces de más de 60 años. La independencia judicial obtuvo menos del 0.2 en la evaluación.

Costos del régimen

El indicador de Estado de derecho incluye los factores de ausencia de corrupción, cumplimiento predecible de la ley y la integridad y seguridad personal. En todos esos, el rendimiento del país es bajo.

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IDEA resalta la vigencia del régimen de excepción desde marzo de 2022 como medida del gobierno para combatir a las pandillas. Esto habría permitido la reducción de homicidios y mantener la popularidad del presidente Nayib Bukele, lo que fue un factor que incidió para lograr su reelección en 2024 pese a la prohibición constitucional que existía.

«El modelo Bukele no ha estado exento de costos devastadores. El Salvador tiene actualmente la tasa más alta de personas encarceladas del mundo. Más del 1 % de la población y alrededor del 5 % de los hombres de entre 18 y 35 años están encarcelados», retoma el informa.

Bajo el estado de excepción y con reformas penales se autorizan audiencias masivas, comparecencias formales y juicios de hasta 900 acusados. «El país ha experimentado graves deterioros en la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. La tortura, las desapariciones forzadas, las muertes bajo custodia y el abuso e intimidación policial son, según se informa, comunes», agrega.

Los casos ha sido denunciados por organizaciones como Cristosal, MOVIR y Socorro Jurídico Humanitario, entre otras.

«El éxito del modelo de Bukele contra la violencia de pandillas se ha producido a costa de la cooptación de poderes independientes del gobierno e instituciones, violaciones de derechos humanos y el grave deterioro del Estado de derecho y del espacio cívico», dice IDEA.

Países en deterioro

Entre los países cuyo desempeño disminuyó se incluyen El Salvador (10 factores), Nicaragua (8 factores) y Haití (5 factores). A pesar de las dispares historias de deterioro democrático de estos tres países, existe una importante coincidencia entre los factores de deterioro: los tres experimentaron descensos significativos en el acceso a la justicia, elecciones creíbles, gobierno electo y partidos políticos libres.

Además, existe una preocupación «más profunda» sobre la disminución del espacio cívico en la región. IDEA señala que en una perspectiva más amplia de 10 años revela «disminuciones significativas en la capacidad de la sociedad civil para operar libremente» en Argentina, Bolivia y El Salvador, con un desempeño medio, así como en Nicaragua y Venezuela, con un desempeño bajo.

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