La analista y defensora de derechos, Celia Medrano, recordó que el Estado salvadoreño debe cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos de Ruth López y Enrique Anaya, además advirtió que el régimen de excepción está siendo usado para la persecución política.
La CIDH insta al Estado salvadoreño a que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de ambos profesiones del derecho que están detenidos y que implemente las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención sean conforme a los estándares internacionales. «En particular, que inmediatamente cese la situación de incomunicación prolongada», entre otras.
“La medida cautelar busca prevenir que haya un daño irreparable, que sufran las personas que ya la CIDH ha detectado que están viviendo una violación a sus derechos humanos”, expresó Medrano en la entrevista de este miércoles de Encuentro TV.
“La detención de López como la de Anaya están violentando el debido proceso legal”, añadió.
La CIDH solicitó medidas cautelares a favor de los dos abogados tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud “enfrentan un riesgo de daño irreparable en El Salvador”.
Además de pedir que las condiciones de detención sean conforme a los estándares internacionales y que cese la incomunicación prolongada con su familia y abogados, resalta la “protección reforzada que debe otorgarse como persona adulta mayor” en el caso de Anaya.
Ante esto, Medrano resaltó que hay un estrecho vínculo entre la práctica y el deber ser. Recordó que toda medida por la CIDH es de obligatorio cumplimiento por el país, pues eso es parte de tratados que son leyes para el país.
Vale recordar que las resoluciones de la CIDH son de obligatorio cumplimiento para los Estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y reconocido la competencia de la Corte. Este carácter vinculante se fundamenta en principios del derecho internacional y en la propia convención y El Salvador es uno de ellos.
Medrano cuestionó que no es posible verificar lo que dijo el gobierno a la CIDH de que sí se garantizan todas las garantías necesarias como la salud, tampoco si es real si reciben visitas de sus abogados o sus familiares, porque el mismo Estado no lo permite.
#EncuentroTV| “En la resolución de la @CIDH que otorga medidas cautelares en el caso del abogado constitucionalista Enrique Anaya hay una particularidad y es sobre su salud… pero no podemos verificar que lo que dice el gobierno a la Comisión es real si no reciben visitas de sus… pic.twitter.com/x53NxOUTQX
“Agentes estatales habrían afirmado que en el caso de Enrique Anaya están aplicando el régimen de excepción, como lo han hecho también con el caso de cinco ambientalistas procesados de Santa Marta”, expuso.
Medrano lamentó que el régimen de excepción en El Salvador no es para aplicarlo a criminales como afirma el oficialismo, sino que es una herramienta de control social y advirtió que será aplicado contra cualquiera que eleve su voz crítica ante hechos violatorios de derechos humanos.
“Eso lo estamos comprobando con el caso del pastor Ángel, Alejandro Henríquez, Ruth López, Enrique Anaya, entre otros”, mencionó.
“Cada vez es más descarada la aplicación del régimen de excepción contra personas defensoras de derechos humanos, contra periodistas y eso hace de manera preventiva que tomen la decisión de irse”, señaló también.
“Se criminaliza la migración”
En otro tema, Medrano también hizo referencia sobre la situación de migración irregular y la criminalización que le impone el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos junto con el Estado salvadoreño.
De hecho, en su discurso en Naciones Unidas, Trump agradeció al gobierno salvadoreño por ayudarle a «encarcelar a tantos criminales», sobre las deportaciones de venezolanos al CECOT, pese a que la mayoría no tenía antecedentes criminales.
Sobre eso, la analista recordó la publicación de The Guardian que reveló que el 85 % de ellos no tenían ningún tipo de antecedentes delincuenciales.
“Ya no digamos de criminal, no pertenecían al famoso Tren de Aragua y no había llevado ningún tipo de investigación… Se criminaliza la migración”, destacó.
“Lo que se nos trató de demostrar es que cualquier persona migrante es equivalente a un criminal y si es criminal no valen sus derechos humanos, una narrativa fascista tremendamente peligrosa en la que El Salvador y el gobierno actual de Estados Unidos actúan como cómplices”, advirtió.
Medrano hizo hincapié en que algunas personas pueden estar de acuerdo con la privación de derechos de otras personas, pero hasta que no les ocurra “a los suyos”.
En marzo, los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador anunciaron que 238 miembros de la banda de origen venezolano Tren de Aragua llegaron al país centroamericanos enviados por la administración Trump para ser recluidos en la cárcel de máxima seguridad.
El presidente Nayib Bukele dijo que Estados Unidos también envió a 23 miembros de la MS-13 buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas. Uno de ellos es miembro de la estructura más alta de la organización criminal, aunque no lo identificó. Luego llegó otro grupo de deportados a la cárcel, pese a bloqueos judiciales en el país norteamericano.
Por otra parte, hizo mención en que no todos los migrantes que llegan a Estados Unidos son latinos, y en especial salvadoreños, sino que también hay personas de otras naciones (Australia, China, entre otros) entrando por la vía legal y que concluido el periodo de su visado se quedan de forma irregular.
En julio, luego de un acuerdo entre EE.UU. y Venezuela, los 252 venezolanos detenidos fueron deportados hacia el país sudamericano.
