El medio español El País confirmó las condiciones del acuerdo entre Estados Unidos (EE.UU.) y El Salvador para el envío de hasta 300 migrantes, mayoritariamente venezolanos, al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT). Estados Unidos acordó pagar $4.7 millones a El Salvador como parte del convenio, según la documentación, pero puso restricciones sobre el uso del dinero.
En marzo pasado, Estados Unidos deportó a 252 venezolanos a la megacárcel salvadoreña. La administración de Donald Trump pretendía que los migrantes permanecieran al menos un año en el CECOT, según el acuerdo difundido este martes en el marco de un litigio promovido por Democracy Forward y RFK Human Rights. Sin embargo, eso no ocurrió. Los venezolanos fueron repatriados a su país en julio pasado.
El acuerdo con EE.UU. le prohíbe a El Salvador usar los fondos para dar asesoría legal a solicitantes de asilo en Estados Unidos, para la planificación familiar, incluido el aborto, o para financiar programas de diversidad, igualdad e inclusión, o de la agencia de la ONU de ayuda a los refugiados de Gaza (UNRWA).
Diecisiete miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y miembros de la pandilla MS-13, quienes fueron deportados a El Salvador por Estados Unidos, en San Salvador, El Salvador, el 31 de marzo de 2025. (Foto: Oficina de Prensa de El Salvador / ANADOLU / Anadolu vía AFP)
El Gobierno de Trump esperaba, de acuerdo con el texto, que los migrantes permanecieran indefinidamente en el CECOT donde, según denuncias de los venezolanos que salieron, se cometen actos de tortura y brutalidad.
«La administración Trump-Vance no hizo nada para garantizar que las personas desaparecidas hacia la infame prisión CECOT estuvieran protegidas contra la tortura, el confinamiento indefinido u otros abusos. Sin embargo, el acuerdo entre ambos gobiernos sí estableció condiciones estrictas para que los fondos entregados por Estados Unidos a El Salvador», dijo a El País Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, una de las organizaciones civiles que presentó la demanda contra el acuerdo de los dos gobiernos.
En el grupo de deportados en marzo, junto a los más de 200 venezolanos, también estaba Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que fue enviado a El Salvador por un «error administrativo». Él fue enviado de regreso a Estados Unidos, donde enfrenta un nuevo proceso legal, ya que fue acusado de tráfico de personas al volver. EE.UU. busca enviarlo a África, pero una corte mantiene en suspenso ese plan, al menos hasta octubre próximo.
Para deportarlo de forma exprés, junto a los venezolanos, el Gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798, usada solo en situaciones de guerra.
El pago de los $4.7 millones es solo parte del acuerdo total. Según han revelado otros medios, El Salvador negoció un pago total de $15 millones, aunque hasta abril EE.UU. solo había entregado un tercio del total prometido.
En abril pasado, la cadena internacional de noticias CNN publicó otros detalles de las negociaciones previo a la deportación de los más de 200 migrantes venezolanos. Según este medios, dos de los negociadores del acuerdo fueron Ibrajim Bukele, hermano del presidente salvadoreño Nayib Bukele; y Michael Needham, consejero y jefe de personal del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio,
Los correos entre ambos revelaron que Ibrajim Bukele pidió a Estados Unidos que enviara a cabecillas de la MS-13 de El Salvador, a cambio de un descuento en el segundo año del convenio. «Al ser devueltos los nueve, (El Salvador) proporcionará (al Gobierno de EE.UU.) un 50 % de descuento para el Año 2, si es necesario, de los TdAs (miembros del Tren de Aragua) originales», se lee en uno de los correos electrónicos, según publicó CNN.
Esos cabecillas de la MS-13 conocen los detalles del pacto entre las pandillas y el Gobierno de Bukele, según evidencia en una corte estadounidense, proporcionada por investigadores federales de ese país. La administración Trump ya devolvió a uno de ellos: César Antonio López Larios, alias Greñas, quien en marzo pasado fue deportado, pese a que en Estados Unidos enfrentaba cargos por terrorismo.
