En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), Massiel Merino, directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador (UES) analiza el panorama actual de la violencia contra las mujeres en el país, los avances, los desafíos y las redes de apoyo disponibles para quienes enfrentan situaciones de riesgo.

Merino se ha desempeñado como docente universitaria de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la UES desde 2016 y es máster en Estudios de Género, graduada en 2020 de El Colegio de México, año desde el que se ha desempeñado en áreas de desarrollo social internacional, derechos humanos y género y desarrollo. 

P. ¿Cuál es la situación actual de la violencia contra las mujeres en El Salvador?

R. Cuando se aborda el tema de violencia contra las mujeres es importante volver hacia los datos que revelan información sobre la prevalencia a nivel nacional. 

En el caso de El Salvador, las últimas encuestas de este tipo son la Encuesta Nacional de Violencia Sexual Contra las Mujeres de 2019 y la Encuesta sobre Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes El Salvador ( 2017 del Ministerio de Seguridad), así como la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer, 2017.  

Los datos más relevantes, de esta última, revelan que 67.4% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia por su condición de mujer a lo largo de la vida.

Lee también: Dos hombres a prisión acusados del asesinato de enfermera en Santiago de María

Esto coincide mucho con una estadística que se tiene a nivel global, que es que aproximadamente siete de cada 10 mujeres han experimentado alguna violencia por ser mujeres a lo largo de su vida. 

Esto es un dato bastante alarmante en el sentido que, el hecho de ser mujer ha incidido en esa vulneración al derecho a una vida libre de violencia.

La Encuesta Nacional de Violencia Sexual contra las Mujeres (2019) reporta que 64.3% de mujeres de 15 años o más han enfrentado violencia sexual, es decir dos de cada tres mujeres. El grupo más afectado es el de 20 a 29 años, con una prevalencia del 72%.

Sí quisiera resaltar la importancia que tiene actualizar estos datos y estar monitoreando cuál es el comportamiento de estas situaciones a nivel nacional. En este tema de los datos, tenemos deficiencias muy importantes pues no hay datos más recientes sobre la prevalencia a nivel nacional. Sin embargo, hay que reconocer el trabajo que muy bien realizan organizaciones de mujeres y la academia, mediante el monitoreo, la investigación y actualización de observatorios. 

Considero que si bien ha habido ciertas mejoras en algunos temas relacionados a la violencia de género, tenemos otras áreas en las que por el contrario observamos situaciones de amenaza. Por ejemplo, en el caso de las violencias contra las niñas y las adolescentes, hay también una publicación importante que es el mapa de embarazos adolescentes de este año.

Si bien se documenta que ha habido una reducción significativa de la tasa en la última década (2015 a 2024), de niñas de 15 a 19 años, pero en el grupo de 10 a 14 años la disminución no ha sido tan rápida. 

Me interesa destacar que en los últimos años hemos llegado a un estancamiento, es decir, que cada vez se hace más difícil llegar a cero, porque el objetivo es llegar a cero, y eso se vuelve cada vez más complejo, además de que hay un patrón de reducción bien diferente a nivel territorial.

P. ¿Cuáles son los factores que inciden en esa variación, según el territorio?

R. Factores como nivel educativo, acceso a información, condiciones económicas, contexto cultural y acceso a servicios de salud y apoyo influyen directamente en la capacidad de las mujeres para identificar la violencia y buscar ayuda.

En zonas con mayor precariedad, la normalización de relaciones desiguales y la falta de servicios incrementan la vulnerabilidad.

Los embarazos en niñas y adolescentes ilustran estas desigualdades territoriales: mientras algunas zonas muestran reducciones, otras continúan con tasas elevadas y con poco avance.

No es lo mismo la situación de San Salvador, de La Libertad a la situación de Ahuachapán, que hoy por hoy tiene la tasa más elevada de embarazos en niñas y adolescentes. Y que obviamente estos embarazos todos conllevan una situación de violencia. Y que muchas veces a nivel de sociedad se normaliza o no se nombra como una violencia, pero que es una violencia y hay que nombrarla de esa forma. 

Además: A prisión hombre acusado matar a su pareja y lanzar su cuerpo a fosa séptica en La Libertad

P. ¿Qué tipo de violencia es la más frecuente en el país?

R. En general lo que vemos como una tendencia en diferentes estudios localizados, en algunos contextos, es la violencia psicológica – emocional seguida del acoso sexual o todo lo que implica la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones. 

En el caso con la violencia psicológica emocional es de las más complejas de nombrar justamente porque en un contexto de una cultura muy machista se llega a normalizar, sobre ese trato que se tiene, pero que si hacemos un análisis mucho más profundo y especialmente desde una perspectiva de género, vemos que hay elementos que están muy vinculados a las relaciones de poder que se construyen a partir de toda esa esas nociones del género. La violencia psicológica es una de las más normalizadas culturalmente, lo que dificulta su identificación y denuncia.

P.¿Hay avances a nivel de país en la eliminación de factores culturales y sociales que perpetúan la violencia?

R. Creo que eso es relativo. Ha aumentado la presencia de mujeres en la educación y en el mercado laboral desde la década de los años 90. Sin embargo, estos avances no significan que la problemática esté resuelta.

El mayor riesgo es asumir que la violencia ya no existe o que es un tema superado. Eso dificultará la prevención.

Tenemos desafíos muy importantes en materia económica, el hecho que sigamos teniendo una brecha salarial significativa, el hecho que sea difícil incrementar la tasa de ocupación de las mujeres y que eso derive en una situación en la que se hace complejo la autonomía económica; todo eso incide en el tema de violencia, porque entonces esa persona que está enfrentando violencia de pareja, por ejemplo, muy probablemente no tenga las condiciones idóneas para salir de esa relación».

P. ¿Qué importancia tienen las políticas públicas en este problema y el trabajo coordinado de los diferentes actores?

R. Es muy importante porque para poder erradicar la violencia de género se requiere un trabajo que no va solamente en el hecho de identificar la violencia, acceder a un sistema de justicia que tenga ese enfoque de derechos humanos y poder garantizar el acceso a la justicia, erradicar la impunidad, la reparación integral, que es otra área, sino irnos a todo lo que viene antes de que se da una situación de violencia. 

Una política no solo de atención de los casos de violencia y el acceso a la justicia, sino también la parte de prevención, que eso tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de las mujeres en todas las esferas, llámese económica, educativa, participación en los espacios de toma de decisiones, etcétera, pero también fomentar el diálogo sobre estas temáticas. 

El sistema educativo también tiene una tarea muy importante abordando estas problemáticas y también incorporando contenidos que nos lleven a consolidar una cultura de paz, de respeto entre todas las personas.

Entonces, la política pública debe tener ese enfoque integral y para ello, en un escenario ideal, debería existir una articulación entre los diferentes actores.

P. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta el país en este tema?

R. Entre los desafíos se destacan las brechas salariales y dificultades para incrementar la ocupación femenina. Una limitada autonomía económica, que dificulta salir de relaciones violentas. Escaso enfoque de género en la educación, que impide comprender las raíces históricas y estructurales de la desigualdad. El estancamiento en la participación política de las mujeres, que no supera el 30% y la normalización social de la violencia, especialmente en niñas y adolescentes.

P. ¿Qué mecanismos de apoyo existen para las mujeres víctimas de violencia?

R. Existen redes institucionales y sociales dentro de estas la atención institucional, la línea 24/7 de ISDEMU, que brinda asistencia jurídica, atención psicológica y orientación en situaciones de riesgo

También organizaciones de mujeres y feministas como la Colectiva de Mujeres, Las Mélidas, Las Dignas, la aplicación AppFem de la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres (RED FEM), entre otras. Estas ofrecen acompañamiento legal, apoyo psicosocial, campañas de prevención y, en algunos casos, refugios.

P. ¿Cuál es el mensaje del Centro de Estudios de Género de la UES para este 25 de noviembre?

R. El mensaje es claro: la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema real y documentado; negarlo implica retroceder. Las instituciones educativas deben visibilizar, promover el debate y fortalecer la prevención.

P. ¿Qué acciones impulsa la UES para contribuir a la prevención de la violencia en el contexto del 25 de noviembre?

R. El Centro de Estudios de Género desarrolla diversas iniciativas. La campaña «Seguras en la UES» para difundir la normativa institucional aprobada en 2024 y sensibilizar sobre la violencia.

Asimismo se desarrollan conversatorios, ferias informativas y actividades de memoria histórica.

El martes se desarrolló un festival conmemorativo por los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing con apoyo de ONU Mujeres, un espacio que reunió a alrededor de 14 organizaciones. 

Este lunes, a las 2:30 de la tarde, se va a desarrollar la cátedra Hermanas Mirabal Prudencia Ayala donde se va a abordar el tema de la participación política de las mujeres. Pueden seguirla a través de la transmisión en vivo en la página de Facebook del CEG-UES.

También nos estaremos sumando a una campaña en la cual desde UNFPA estamos con el objetivo de poner sobre la mesa el tema de la violencia digital. Nos vamos a sumar a los 16 días de activismo desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, para posicionar el mensaje de que la violencia digital también tiene diferentes expresiones vinculadas a la violencia de género.